El pasado viernes, durante la conferencia mañanera que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador anunció que será procedente la extradición del exgobernador de la entidad, César Duarte, quién tiene órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. El procedimiento se tuvo que reponer, luego de que la administración anterior no fundamentara bien el planteamiento para su extradición. De este modo, se espera que con la reposición del procedimiento el exgobernador sea extraditado al país para continuar con su proceso.

El exmandatario de Chihuahua se suma a otros exfuncionarios o figuras públicas vinculadas a la política que actualmente enfrentan cargos por corrupción y desvío de recursos, entre los que se destacan Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado, el exministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, el extitular del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps; más los que se vayan sumando. Asimismo, destaca el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que a pesar de ser procesado en Estados Unidos, aquí también se realizaron las investigaciones sobre presuntos desvíos de su empresa.

Es evidente que este gobierno ha avanzado en el combate a la corrupción, aun cuando el presidente había anunciado que no estaba entre sus prioridades investigar el pasado reciente y que su interés estaba en enfocar todos sus esfuerzos en evitar cualquier acto de este tipo en su administración. Esto es importante, ya que existe una relación positiva entre la corrupción en el gobierno y el aumento de la pobreza y la violencia en un país.

Desde su inicio, el combate a la corrupción ha sido la bandera del gobierno y en gran medida, explica el nivel de aprobación con la que actualmente cuenta el presidente (dependiendo de la encuesta, se encuentra en un rango de entre el 57 y 72%). De acuerdo con la última encuesta de Alejandro Moreno, de El Financiero, el combate a la corrupción pasó de 34 a 41% de opinión positiva, reflejo de que se ha ido avanzando.

El presidente ha entendido que para realizar un cambio verdadero y trascendente se tiene que acabar con la corrupción, debido a que incluso, ésta incide en la felicidad de los mexicanos, ya que es uno de principales componentes del Índice Global de la Felicidad. Por ello, no hay que escatimar en el esfuerzo realizado, porque todavía hace falta mucho trabajo. Sin duda, la actual administración ha priorizado el combate a la corrupción de las grandes figuras, sin embargo, es difícil pensar que actuaban solas o que sólo fueron eventos aislados. El investigador del CIDE, Mauricio Merino, hace una metáfora precisa de esto, cuando menciona que de nada sirve pescar peces gordos, mientras las aguas donde crecen siguen intactas.

Para lograr un combate a la corrupción efectivo es necesario desarticular las redes que, en el pasado, permitieron que personajes como los antes mencionados aparecieran. En ese sentido, hace falta el compromiso de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General (FGR) para hacer las imputaciones correspondientes a políticos, jueces y fiscales que protegían a esa red; además de impulsar mecanismos de transparencia y facilitar la denuncia ciudadana. Finalmente, también hace falta el compromiso de la sociedad. Siempre se hace referencia a que las autoridades son las únicas responsables de combatir la corrupción, no obstante, la participación de la sociedad es esencial para poder terminar con la corrupción de manera definitiva.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

@ArturoAvila_mx