El PRI recompensa a sus mejores hombres y mujeres. Rubén Moreira será diputado y su esposa Carolina Viggiano senadora en la próxima legislatura federal —en ambos casos plurinominales, para no exponerlos al veredicto de las urnas—, aunque José Antonio Meade pierda las elecciones. Un voto por el candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal) será un voto por uno de los peores gobernadores de Coahuila. Moreira quería ser senador para tener seis años de fuero y no tres. Sin embargo, en un país donde la justicia es disfuncional y se aplica a satisfacción del presidente de turno, la inmunidad es redundante, pero no estorba. Máxime cuando la presidencia se decidirá entre López Obrador y Ricardo Anaya, cuyas banderas de campaña coinciden en castigar la corrupción.
Moreira será diputado por segunda ocasión, pero no tendrá la misma influencia que en 2009 cuando su hermano Humberto era gobernador y lo nombró coordinador del grupo parlamentario de Coahuila en la Cámara baja para convertirlo después en su sucesor, decisión de la que, a juzgar por algunas declaraciones suyas contra Rubén, después se arrepentiría. El PRI de los Enriques (Peña y Ochoa) que premia a Moreira por haber estado a punto de hacerlo perder en las elecciones para gobernador del año pasado, es el mismo que abandonó a Alejandro Gutiérrez, quien este martes cumplió tres meses en el Cereso 1 de Chihuahua por el supuesto desvío 250 millones de pesos del estado hacia campañas del PRI, durante la administración de César Duarte, operaciones en las que se ha involucrado al expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
Contrario a la filosofía juarista, el secretario de Organización del PRI gobernó Coahuila “a impulsos de una voluntad caprichosa” y “dispuso de las rentas sin responsabilidad”. La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local, a finales de diciembre pasado, que en 2016 el gobierno de Moreira pagó 410 millones de pesos a 13 empresas fantasma, una de ellas (Riviera Álamo) propiedad de la entonces poderosa secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis. La primicia de Reforma sobre el caso (26.09.16) provocó la renuncia de Monsiváis, conocedora de los arcanos de moreirato.
El monto de las irregularidades detectadas por la ASE a Moreira es 40 por ciento superior al presunto peculado por el cual está preso Alejandro Gutiérrez, exlíder del PRI en Coahuila y exsecretario general adjunto del CEN; equivale al mismo porcentaje de los 55 millones de dólares (al tipo de cambio actual) que Napoleón Gómez Urrutia supuestamente defraudó al sindicato minero y representa el 42 por ciento de los pagos realizados por el gobierno federal a 127 empresas fantasma en los cuatro últimos años, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Reforma, 20.03.18).
Otra cosa que quizá vieron en Los Pinos y en el PRI para condecorar a Rubén Moreira y degradar a su hermano Humberto, además de las cualidades de mapache electoral cibernético, fue su eficiencia para esfumar recursos del erario y aparecerlos en campañas políticas. El exgobernador fue diputado en la LXI legislatura junto con Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, lo que puede explicar la protección del Grupo Atlacomulco. ¿Cómo hacer creíble así el discurso de Meade con respecto a los valores humanos, el Estado de derecho y el combate a la corrupción?