La propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de eliminar los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación voluntaria que se asigna a los funcionarios públicos de mando medio y superior, que según sus datos representaría un ahorro de 10 mil 660 millones de pesos anuales en la administración pública federal, ha causado polémica y molestia en varios sectores de la población.

La medida de austeridad impulsada por el gobierno del tabasqueño no ha sido vista con buenos ojos por las compañías de seguros y empresarios prestadores de servicios médicos privados, que ven en esta decisión una pérdida de negocio y que al mismo tiempo puede ser contraproducente para el propio gobierno, ya que aumentaría las consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y demanda de medicamentos en instituciones de salud pública, como el ISSSTE y el IMSS,  que de por sí no se dan a basto para atender su actual demanda.

La cancelación de las pólizas de gastos médicos hará que aproximadamente 695,000 burócratas y sus familias se queden sin esa prestación y tengan o que pagarlo de su bolsa o asistir a los servicios de salud públicos.   

Actualmente en el gobierno existen tres clases de pólizas a las que tienen derecho los funcionarios públicos: la póliza 1, de seguros de vida y que está cubierta por Seguros Banorte, que comanda José Marcos Ramírez Miguel; la póliza 2, que se refiere a los seguros de gastos médicos mayores y es ofrecida por Metlife México que dirige Sofía Belmar Berumen; y la 3, un seguro para el retiro a ex funcionarios públicos, también de Metlife.

Se calcula que las primas por el seguro de gastos médicos que emite Metlife para los empleados del gobierno son del orden de 6 mil 500 millones de pesos en primas trianuales, por lo que la aseguradora estaría perdiendo cerca de 3,250 millones de pesos.

Aunque son siete las empresas aseguradoras contratadas por dependencias y organismos de gobierno, Metlife México, es la que tiene más contratos. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto esta empresa obtuvo 14 mil 766 millones de pesos sólo de los tres tipos de seguros. Esto es 10 veces más de lo que se destinó al programa “Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud” en 2018.

Los burócratas del Poder Judicial de la Federación (PJF) destacan no sólo por los elevados salarios sino porque tienen de las mejores prestaciones del país. Según información disponible en su portal de Transparencia, el Poder encargado de impartir justicia paga tres diferentes seguros médicos para su plantilla laboral, siendo las pólizas de los funcionarios de más alto rango como son los ministros, jueces, consejeros y magistrados, "potenciadas" es decir con derecho a que gocen de atención medica en clínicas del extranjero incluyendo el traslado.

Adicionalmente los servidores públicos del Poder Judicial cuentan con un Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario, que administra Nacional Financiera (Nafin), que al último trimestre del 2017 registró saldos por 54 millones 732 mil pesos.    

Los economistas y analistas de la ortodoxia “neo-liberal” consideran la no intervención del Estado en la economía por considerar que dichas actuaciones en el mercado son menos eficientes y que frenan la libertad de intercambio y la eficiencia del sistema económico; pero en el caso de la cancelación de las pólizas de atención médica privada para los burócratas de mandos medios y superiores propuesta por el presidente electo, no ha sido apoyado por estos fundamentalistas del libre mercado.

La adquisición por parte del gobierno de pólizas de gastos médicos mayores provoca la concentración del mercado de los seguros, ya que solo una empresa tiene la mayoría de los contratos y también se favorece la creciente monopolización de la atención médica privada.

Un estudio de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros (AMIS) y de la Universidad Anáhuac, señala que hay 2,906 hospitales privados en México, pero casi la mitad (48,9 por ciento) de los "siniestros" que pagan las aseguradoras se concentra en 26, clínicas, las cuales corresponden a sólo ocho grupos hospitalarios, que imponen sus condiciones y cobran tarifas sólo accesibles para personas de altos ingresos.

Los grupos que concentran la atención privada en el país son Operadora de Hospitales Ángeles que es encabezado por Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, Christus Muguerza, Oca, Hospital ABC, Hospital Español, Médica Sur, Star Médica de Carlos Slim y San Angel Inn.

La concentración creciente de algunos grandes hospitales privados en México pudiera ser un factor que debilite aún más la capacidad de los aseguradores privados para optimizar la compra de servicios médicos.

Los hospitales grandes pareciera que son muy eficaces, pero lo son para sus recursos, porque la demanda que tienen es alta y eso les permite tener actividades oligopólicas.

Las aseguradoras y los grupos hospitalarios, ahora que perderán a uno de sus principales clientes, que es el gobierno federal, deberán concentrarse en conseguir nuevos demandantes privados de sus productos y servicios y tendrán que presionar para que la Banca comercial, cumplan con su obligación de otorgar servicio médico privado a todos sus trabajadores y se frene la contratación de empleados vía de outsourcing.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a febrero pasado había un total de 241 mil 625 trabajadores en el sector bancario.

Las cifras del CNBV, destacan que el 54 por ciento de los empleados bancarios están contratados con las instituciones financieras bajo el esquema de outsourcing, es decir aproximadamente 130 mil 477 trabajadores no tienen derecho a recibir el servicio médico por estar contratados por terceros.

Las aseguradoras y empresarios de los servicios de salud, junto con el gobierno de López Obrador deben de buscar una alternativa para que más de 2 millones 780 personas que dejarán de contar con seguro de gastos médicos mayores, sigan recibiendo atención medica privada y no saturen aún más las clínicas y hospitales del ISSSTE y el IMSS, lo que provocaría que se tenga destinar más presupuesto público a ese sector y que el ahorro no se vuelva un gasto mayor.

En mi opinión una buena alternativa para que los burócratas sigan gozando de atención médica privada, sería que la administración del presidente Andrés López Obrador, siga haciendo negociaciones en nombre de los trabajadores de mandos medios y superiores con las aseguradoras, para conseguir una mejor cotización y que el gobierno otorgue un 5 por ciento del valor de la póliza y que lo demás sea pagado de la bolsa de los empleados.