El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el caso de un periodista que se quejó de que fue bloqueado en la red social de Twitter, por el fiscal veracruzano. A raíz de esa resolución, no pocos medios han desinformado planteando una supuesta prohibición de los servidores públicos a bloquear a un periodista o a un ciudadano. No es así. Es una resolución aislada, donde la Corte estableció que ese servidor público, al bloquear al periodista, le negaba el acceso a información que como servidor público está obligado a dar; de igual manera, plantea el derecho del periodista o del ciudadano, a la crítica.

La resolución es importante, pero está muy lejos de ser una prohibición para que un servidor público bloquee a un periodista o a un ciudadano. Para que esta aseveración fuera cierta, requeriría de una jurisprudencia.

Es decir, se necesitarían cuatro sentencias consecutivas más, en el mismo sentido y con la misma materia.

Por otra parte, aun con jurisprudencia, la propia sentencia aquí comentada, plantea implícitamente el problema de la falta de sanción al funcionario que decida bloquear en sus redes sociales a un periodista o a un ciudadano. No hay manera de obligar al servidor público a retirar el bloqueo. Por ello, la propia Corte estableció en la sentencia aquí citada, que podría verse obligada a intervenir, solicitando a la red social Twitter que levantara el bloqueo del quejoso en cuestión.

Como podemos observar, el escenario está muy lejos de lo que algunos encabezados y notas en los medios han difundido, sobre la supuesta prohibición de un servidor público para ejercer su derecho al bloqueo. La propia Corte establece que habría casos justificados, se entiende que por injurias o por franca insolencia en contra del servidor público, las más de las veces, desde el anonimato. 

La propia red social en cuestión, Twitter, te da la opción de silenciar a quien se dirige a ti con injurias o con amenazas, o simplemente porque no compartas sus puntos de vista. En mi caso, no utilizo esta opción. Hago uso de mi derecho a bloquear a quien se dirige a mí de manera insolente; quien así lo hace, no tiene ninguna intención de criticar sino simplemente de sacar su rabia, no pocas veces su actitud racista, y la más de las ocasiones, sin justificación alguna. Las agresiones cobardes y gratuitas que las redes sociales permiten es parte del costo a pagar, frente a la enorme eficacia de comunicación que estas herramientas significan. 

Es pública mi capacidad y mi solidez para el debate. En términos generales, no lo rehúyo y únicamente he decidido no participar cuando considero que pretenden imponerme como adversario a personas que sólo con sentarse a debatir frente a mí, ganan, sea cual sea el resultado final del intercambio. 

Sí en cambio, es conocida la mecánica de crear cuentas falsas para injuriar, provocar y descalificar a quienes desde la actividad pública realizamos tareas de compromiso con nuestro pueblo.

Finalmente, en el caso que a mí respecta, muchos de los que hoy están bloqueados por mi cuenta en las redes sociales, tuvieron este resultado cuando yo no era servidor público. Es decir, yo era un ciudadano más con absoluto derecho de bloquear a quien se me pegara la regalada gana. En resumen, que no desbloquearé a nadie que no me lo solicite de manera comedida.

He desbloqueado a más de uno que me lo ha solicitado y he vuelto a bloquear a más de otro que me ha amenazado con demandarme si no lo hago.

Sigo esperando esas demandas. De darse alguna demanda, no tengo dudas, de  que en más de uno de esos casos, la Corte, a pesar de su venalidad, acabará dándome la razón. 

"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz".

Gerardo Fernández Noroña.

México D.F. a 21 de marzo de 2019. 

P.D. Hoy se cumplen 213 años del nacimiento de ese gigante llamado Benito Juárez García. A más de dos siglos, todavía la reacción responde con rabia infinita, con infamias, con denuestos y con intrigas, frente a tan grande personaje de la historia patria.