API BCS se convirtió en la privatizadora favorita del gobierno del estado.
Para entender qué pasa con la terminal de los cruceros, hay que regresar al momento en que el gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis logró 15 votos de panista y del PRS en el Congreso del Estado, logrando una de sus movidas más importantes.
A nueve meses al frente del Poder Ejecutivo consiguió la creación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California Sur. Sin esto, no podemos entender las privatizaciones promovidas por el Gobierno del estado como lo que ocurrió con la Administración Portuaria Integral (API).
En el caso de Pichilingue se convirtió en una de las zonas importante para posibilitar el ejercicio de las asociaciones público privados (APP). Según Romero y Vervynckt (2017) las APP se promueven desde instancias internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). La supuesta ventaja de utilizar estos contratos a medio o largo plazo entre el Estado y empresas o corporativos nacionales o trasnacionales, para construir infraestructura y servicios que garantizaba tradicionalmente el gobierno ofertaba a la ciudadanía como carreteras, energía, servicios de agua, saneamiento, estadios, prisiones, hospitales, entre otros.
El interés del gobernador por esta área lo hizo cabildear por reconstruir la carretera La Paz-Pichilingue. Se lo pidió primero a Enrique Peña Nieto, pero fue con Andrés Manuel López Obrador que dio luz verde a la renovación que representaron algunos daños a cerros y manglares de la zona. Esto ya lo había escrito en una columna anterior Carretera Pichilingue: despojo, manglares y gas natural, tiempo después se dio a conocer la llegada de la empresa estadounidense interesada en vender y exportar gas natural: New Fortress Energy.
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Yo pensaba que New Fortress Energy vendría a surtir los futuro megaproyectos turísticos e inmobiliarios como Inmobiliaria Turística Santa Cruz o Tranquilo Bay. El primero se trata de Marina Santa Cruz de 115 hectáreas ubicado en un terreno usado de API de BCS para depositar el sedimento marino producto del dragado del canal de navegación de la bahía de Pichilingue.
Se localiza a un costado de la Unidad Académica de Pichilingue de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y de Puerto Pichilingue. El segundo se construiría en las inmediaciones de playa El Tesoro, frente al manglar Puerto Gato, ecosistema incluido dentro del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra.
Hubo mucha niebla en las reglas de juego en torno el macroproyecto de New Fortres Energy. Hasta ahora se sabe que fue presentado en tres partes: una microterminal de gas con un buque contenedor con capacidad de 138 millones de litros de gas; una central para producir gas y una terminal de licuefacción de gas. La primera etapa posible gracias a la convocatoria del expediente LI-024-2017, para la cesión parcial de derechos y obligaciones “para explotar un área terrestre y una marítima dentro del Recinto Portuario del Puerto de Pichilingue, Baja California Sur, con vigencia de veinticinco (25) años, prorrogables hasta por 20 años”. El segundo para producir 115V con tendido con kilométrico para conectarse con CFE.
En su tercera fase, Terminal de Gas Natural Punta Prieta como parte de los planes de negocio que no fueron presentados en una sola manifestación de impacto ambiental, sino que se fraccionó para evitar, suponemos, una negativa porque se evaluaría de distinta manera los impactos teniendo en cuenta que está unos kilómetros del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra.
En la interfaz entre la planta de regasificación y la planta de energía necesitará 769.24 gigajoules por hora y temperaturas que van de los 1.7 centígrados a los 176.7 centígrados. Dentro de los vaporizadores su estado líquido cambia a gaseoso de nuevo. Generará residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera supuestamente menores impactantes a las termoeléctricas que utilizan combustóleo.
API BCS se convirtió en la privatizadora favorita del gobierno del estado. La última acción fue el megapuerto de cruceros Under the Sea que ganó la licitación ITM Group y Carnival quienes invertirán 60 millones de dólares que le permitirá operarla por 15 años. En completo silencio y sin nada de transparencia, la paraestatal entregó la concesión que permitirá usar 16 hectáreas de Puerto Pichilingue actualmente manejada por la empresa portuaria estatal. Contemplan construir dos muelles con capacidad de 6 mil pasajeros, un acuario, un museo, dos restaurantes, locales comerciales, cascadas, esculturas y, eventualmente, una playa artificial con una isla para niños y un centro nocturno con alberca.
La empresa del gobierno estatal se transformó en la recta final del sexenio de Carlos Mendoza Davis en oportunidades de negocio. Sin duda, la agenda política de privatización y endeudamiento público mediante la modalidad de las APP se legalizó en el gobierno de Felipe Calderón cuando se publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), Según Sandoval Ballesteros (2016) los marcos normativos son ambiguos: “La LAPP permite la creación de contratos de largo plazo (hasta por 40 o 50 años) con compañías privadas nacionales o extranjeras que reemplazarán las tradicionales concesiones con joint-ventures, lo cual implica todavía menos obligaciones y compromisos que garanticen el interés público”.
Sandoval Ballesteros (2016) escribió: “La ley incluso establece que los proyectos públicos establecidos bajo sus disposiciones no se sujetarán a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, la Ley de Obras Públicas, ni otras leyes diseñadas para garantizar un nivel mínimo de transparencia y que prevenga los conflictos de interés.
Cualquier entidad, organismo o fideicomiso del gobierno federal, tendrá amplio margen y autoridad para establecer asociaciones público-privadas. A través de esta ley las grandes corporaciones internacionales se preparan ya para entrar a sectores esenciales del desarrollo, como telecomunicaciones, energía, infraestructura aérea, puertos marítimos, autopistas y una larga lista de bienes y servicios públicos”.
Ahora entendemos porque tan poca transparencia en proyectos esenciales para el mercado y no para la ciudadanía que habita la ciudad de La Paz.