El día de ayer una de mis colaboradoras académicas, Doña María de Lourdes Ríos Cortés me hizo llegar como todos los días un correo con toda la información que ella considera relevante.

Dentro de la misma me llamó la atención la opinión de Sanjuana Martínez en el diario Sin Embargo, bajo el título "Urge renuncia de Murillo Karam", procediendo a publicarlo en mi cuenta de Twitter en conjunto con demás noticias y columnas que también me hacen llegar.

Y la columna de Sanjuana Martínez en el diario Sin Embargo no es para menos, el carpetazo tan fuera de lugar que el Procurador General de la República dio al caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas atenta contra la inteligencia de la sociedad, de los abogados, y sobre todo, contra los sentimientos de los padres que lo mínimo que esperan es justicia. 

La versión que dio Murillo, la cual básicamente se fundó en meras suposiciones, declaraciones y montajes (destacándose los peritajes mostrados a la opinión pública), sin dejar de observar a la vista de todos que las personas presuntamente implicadas además de encontrarse inducidas e incluso hasta posiblemente torturadas únicamente siguieron un guión "institucional" novelesco.

Por lo que debido a lo anterior y por encontrarse flagrantemente violados el artículo 133 (Supremacía Constitucional que contiene la observancia a los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales) y Primero (el goce de los Derechos Humanos de todo individuo) de nuestra Constitución, en lo concerniente a la violación de derechos humanos, siendo el principal el derecho a la vida, así como el hecho de quebrantarse la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, mismo que debe ser observado por el Estado Mexicano, por lo que en consecuencia, padres de los normalistas al no encontrar justicia en su propio país debido a lo anterior, ahora recurrirán a instancias internacionales, en este caso la ONU.

Veremos ahora a nivel internacional, más que nada por haberse politizado gravemente los lamentables hechos de Ayotzinapa, lo que pudiera resolver la ONU en contra del Gobierno Mexicano, aunque sin ser pesimista mi querido lector, me parece que sea lo que resuelva dicho organismo internacional operará lo que ha prevalecido en nuestro país durante siglos, y en efecto, me refiero a la fórmula "Obedézcase pero no se cumpla", aunque espero equivocarme con mi apreciación lógico jurídica, y sobre todo de sentido común ante nuestra realidad política y judicial.

Ahora bien, tocante al caso de la ya tan famosa "línea dorada", que como alguna vez lo dije en columna diversa, línea que sigue y seguirá sin brillar, es obvio que hay responsables y deben deslindarse responsabilidades conforme a derecho.

Por lo que el día de ayer publiqué a través de mi cuenta de twitter una opinión de Ricardo Alemán que también me hizo llegar uno de mis queridos seguidores que somete a mi consideración noticias y opiniones diversas, Don Manolo Arriola, tal y como lo hace mi colaboradora académica que mencioné al principio de esta columna; así como también manifesté algunas apreciaciones que tengo sobre el ex Jefe de Gobierno capitalino, Don Marcelo Ebrard Casaubón.

Me llamaron la atención dos cuestiones que someto a consideración de usted mi querido lector. La primera que Ebrard ha dicho que recurrirá ante la CNDH porque considera que se le está violando el debido proceso, siendo que ello no es así, ya que lo único que está haciendo la Comisión de la "Línea 12" creada y salida de San Lázaro, es hacer funciones que jurídicamente no les compete, en un momento dado, y sin jugar con la inteligencia de la opinión pública, quien tiene que investigar y consignar ante un Juez Penal en caso de encontrar elementos, es precisamente la PGR, y la misma hasta la fecha no ha actuado ni de oficio, aun cuando ya tiene conocimiento de los hechos.

La segunda cuestión que me llama la atención es que Don Marcelo Ebrard pretende una curul federal, y ello ya lo hizo del conocimiento público, donde lo que me salta a la duda es que muy posiblemente pretenda gozar del fuero constitucional para evadir alguna cuestión de índole penal derivada de las investigaciones y fiscalización de la línea dorada que sigue sin brillar, pero sin dejar de observar que tanto él, como Mario Delgado y demás implicados tienen el derecho de ser oídos y vencidos en juicio, es un derecho humano con rango constitucional, por lo que veremos en qué termina todo esto.