La pobreza en México ha sido durante décadas la justificación para crear y utilizar los programas sociales como instrumentos del “clientelismo electoral”, que no es otra cosa que es el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de votos y/o apoyo político[1]. Esta práctica ilegal alienta la corrupción, la impunidad, el influyentísimo y desigualdad social, y por ende no resuelve el lamentable problema de pobreza que aqueja a México, por el contrario, lo agrava.
Datos del CONEVAL indican que el 53.4 millones de mexicanos y mexicanas (43.6%) se encuentran en situación de pobreza, mientras el 9.4 millones de personas (7.6%) están en pobreza extrema. Es decir, de los 123.5 millones de habitantes en México el 62.8 millones de niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres (50.85% de la población) tienen algún rasgo de pobreza que les impide acceder a los derechos sociales elementales, como lo son: la alimentación, la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda y el empleo.
Históricamente estas carencias sociales que padece la población mexicana causadas por corrupción, omisión y opacidad en la política social implementada en los gobiernos federales y estatales en turno, han condicionado el acceso a los programas sociales y han disminuido su alcance real.
Al respecto, la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual, tenía como objetivos abatir integralmente la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México, tuvo resultados negativos en la Cuenta Pública 2017 realizada por la Auditoría Superior de la Federación, señalando que los programas federales participantes en esta política social e integral, sólo atendieron las carencias de 8 mil 696 personas en pobreza alimentaria extrema, es decir, el 0.1% de los más de 7 millones 466 mil reportadas por la entonces SEDESOL.[2]
Otro ejemplo, son los resultados mostrados en el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2018 realizado por la Agencia para el Desarrollo, A.C. (Gesoc), el cual, destacó que durante el 2018, el 85.7% de los programas sociales que representó el 72.51% del total del presupuesto[3] aprobado para ese ejercicio fiscal, operó con opacidad o tuvo bajo desempeño para desarrollo social. También, en las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2019, el CONEVAL señaló, que de 150 programas sociales federales, alrededor de 58 son similares o muy parecidos, es decir, que están duplicados o triplicados[4].
Por estas razones, el gran reto para el Gobierno de México y su 4T (Cuarta Transformación) encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de bienestar, desarrollo e igualdad social es desarticular las redes clientelares, y asistencialistas con fines electorales que operan en cada proceso electoral con recursos públicos, para que realmente se garantice la disminución de la pobreza en todos sus niveles, dejando de lado el modelo asistencialista, y así, apostar por la inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que dan competitividad, innovación, empleo y crecimiento económico a México.
Al respecto, datos indican que las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Donde más de 4.1 millones de microempresas aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas suman 174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo.[5]
Consideraciones
Es necesario reconocer los esfuerzos del Gobierno de México y la 4T ha realizado en el inicio del sexenio, ya que, impulsaron como medida legislativa prioritaria la reforma constitucional al artículo 19[6] donde se tipificó entre otros delitos graves con prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales, esto, es un avance para combatir el clientelismo electoral, pero, se convierte en un riesgo si se utiliza como instrumento de Estado para contrarrestar a la oposición política aprovechado las fallas del sistema de justicia penal acusatorio, siendo, una de las más recurrentes la que se presenta en el proceso de investigación.
Por otra parte, el Gobierno de México ha establecido nuevamente como pilar de la política social diversos programas que serán operados de manera central debido a la estructura gubernamental que ha diseñado la 4T con el argumento de evitar corrupción y uso discrecional de los recursos públicos en tiempos electorales.
En este sentido, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiará a mujeres y hombres de 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, el cual, beneficiaría a 2.3 millones de jóvenes, quienes recibirán un apoyo de 3 mil 600 pesos al mes durante un año[7].
Las Estancias infantiles, les redujeron el 50% de financiamiento para el ejercicio fiscal 2019, en cambio, de acuerdo a las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras la Secretaría del Bienestar dará el apoyo directamente a los padres de familia o tutores de los menores cada bimestre, siendo el monto de 1,600 pesos por niño o 3 mil 600 pesos para menores con discapacidad[8].
El Programa Sembrando Vida[9] que tiene como finalidad contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, teniendo como cobertura a 19 entidades federativas donde se entregará 5 cinco mil pesos mensuales. De esta cantidad, 500 quinientos pesos se destinarán como ahorro, siendo 450 cuatrocientos cincuenta pesos destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y 50 cincuenta pesos podrá ser destinado al Fondo de Bienestar.
El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores[10] tiene como objetivo apoyar con 1,275 pesos mensuales a 8.5 millones de personas de este grupo de la población, en especial a los más pobres, destacando que las personas de entre 65 y 67 años de edad que actualmente están registradas en el Programa, mantendrán su derecho, al igual que las que reciben pensión del IMSS y del ISSSTE.
El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas impulsará y garantizará el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, el cual, operará con 133 centros coordinadores de los pueblos indígenas. Con este programa los jóvenes indígenas podrán acceder a la beca 3 mil 600 pesos al mes durante un año, los adultos mayores tendrán los beneficios de la pensión correspondiente, entre otros apoyos.
Conclusiones
El Gobierno de México y su 4T tienen que dar resultados en materia de eficiencia, certeza, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción estableciendo reglas programáticas, y lineamientos claros de los programas de política social para evitar duplicidades, opacidad, uso discrecionalidad y prácticas clientelares con la finalidad de acabar con el clientelismo electoral.
Los programas sociales son necesarios, aunque no deben ser la piedra angular de la política social, ya que, el asistencialismo por décadas no ha bajado los índices de pobreza en México, por el contrario, los ha incrementado con el cobijo del influyentísimo y la impunidad ocasionando desigualdad social y marginación en los sectores más vulnerables de la población.
Terminar con el asistencialismo y con las redes de corrupción en tiempos electorales sería un cambio de paradigma en materia social y de Estado de Derecho, pero, mientras se siga reciclando, creando, simulando y enfrentando a la pobreza sólo con programas sociales, nuestro país está lejos de la competitividad y del bienestar social.
Por ello, se debe invertir en mecanismos e instrumentos de política social que incentiven la competitividad, la innovación y el crecimiento económico que es lo que llevaría a México a dejar la brecha de pobreza y entrar al camino del desarrollo, la certeza laboral y salarial.
Será muy importante que el Gobierno de México y su 4T tome en cuenta los trabajos de los organismos autónomos como el CONEVAL, INEGI, INAI y Auditoría Superior de la Federación, además, de la sociedad civil, académicos y empresarios para que haya un real compromiso de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales de este sexenio, sino, los hubiera se podría caer en la desconfianza ciudadana, en la simulación institucional y en la falta de contrapesos.
Christian Carrillo
@ChristianCB06
[1] Andreas Schedler, “El voto es nuestro: ¿cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral?”, Revista Mexicana de Sociología, 66, núm. 1, México, 2004. Citado por Ugalde, Luis Carlos y Loret de Mola, Gustavo Rivera Loret de Mola. Clientelismo electoral y la compra del voto en México. Revista Nexos, 2013
[2] https://www.animalpolitico.com/2018/11/cruzada-hambre-resultados-carencias-asf/ Noviembre 2018.
[3]https://aristeguinoticias.com/2011/mexico/el-85-7-de-los-programas-sociales-se-operaron-con-opacidad-o-tuvieron-bajo-desempeno-en-2018-gesoc/ Noviembre 2018.
[4] https://www.jornada.com.mx/2018/07/20/sociedad/035n1soc# Julio 2018.
[5] https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
[6] La reforma constitucional al artículo 19, fue turnada a las legislaturas de las entidades federativas, debiendo ser aprobadas por la mayoría de los Congresos locales.
[7] https://www.animalpolitico.com/2019/01/amlo-becas-jovenes-programa/
[8]https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/listas-reglas-para-entrega-de-apoyo-debienestar-padres
[9] https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
[10]https://www.gob.mx/bienestar/prensa/inicio-el-programa-pension-para-el-bienestar-de-las-personas