El 29 de septiembre de este año el gobernador de Michoacán, el perredista, Silvano Aureoles, anunciaba que en ese Estado y específicamente en el asunto en donde se encontraban involucrados  estudiantes normalistas que fueron señalados por haber cometido actos vandálicos en la conmemoración de los hechos más que trágicos de Ayotzinapa, LA LEY NO SE NEGOCIARÍA. Acompañado, respaldado de connotados perredistas y agregados culturales, se notaba harto firme y enérgico. El gobernador cometió tremendo error que lo exhibe brutalmente. Acá entre nos a mí me dio harto miedo. Si ajá.

El jueves 11 de abril de este 2016, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aparece en un sin número de periódicos nacionales y locales anunciando que en relación a los conflictos que se presentan con la implementación de la Reforma Educativa, NO SE NEGOCIARÁ LA LEY, que dicha reforma seguiría siendo aplicada. El 21 de junio, Aurelio Nuño, secretario de educación, también anuncia sobre el mismo tema que LA LEY NO SE NEGOCIARÍA. Cometieron ambos secretarios el mismo error que recientemente el gobernador de Michoacán. El presidente de México, secunda a sus amigos y el 28 de junio dice lo mismo, que LA LEY NO SE NEGOCIARÁ.

El 14 de junio y el 11 de agosto el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, recordó al secretario de educación (sobre el mismo tema, la reforma educativa) que la LEY NO SE NEGOCÍA. Es de llamar la atención que tanto el presidente de la república y el líder panista son abogados. Un error que cometen todos, políticos de todos los sabores y los colores, de consumo y consumistas. Obvio también los ciudadanos, no creo que todos pero si la gran mayoría.

Cualquier cantidad de académicos, abogados y columnistas (creo que hasta yo también he incurrido en el error) a nivel nacional también cometen la misma pifia una tras otra ocasión, con singular alegría envestida de inteligencia. Hasta donde tengo entendido, los negocios se negocian y la ley es un negocio.

Parece poca cosa, un error insignificante, pero como acertadamente lo han escrito y descrito muchos filósofos y científicos en el transcurso de la historia de la humanidad, el error pequeño se hace inmenso y destruye cualquier pensamiento o acción. En el caso de nuestros políticos de consumo o consumistas no hacen más que evidenciar su grandísima ignorancia y en el caso de los que son abogados pues es mayor el exhibicionismo.

La ley es un negocio, público, pero al fin negocio. La política también es un negocio, y tanto la política como la ley, uno de sus objetos fundamentales, se encuentran en proceso negociación constante, permanente.

Perdón, choca, pero es inevitable. Dice la Real Academia de la Lengua Española que un negocio es: 1. Ocupación, quehacer o trabajo; 2. Dependencia, pretensión, tratado o agencia; 3. Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa; 4. Acción o efecto de negociar; 5. Utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende; 6. Local en que se negocia o comercia.

Y le podría seguir con las definiciones jurídicas, mercantiles y demás para llegar a lo mismo, la ley es un negocio, la política es un negocio y se encuentran en constante y permanente negociación o renegociación.

Considero más productivo el abordar los estudios etimológicos de la palabra negocio que nos muestran el uso histórico que se le da al concepto y que no tiene una gran diferencia con el significado y sentido que actualmente le endosamos, pero que nos ilustran en su origen ontológico, que tiene que ver directamente con la oscuridad y con lo ilegal.

Efectivamente, a la palabra negocio se le asigna su origen en cuestiones oscuras, acuerdos en lo oscurito y que necesariamente no estaban consideradas dentro de la ley. Al hacer notar esto encontramos que existen con la evolución del hombre distintos tipos de negocios, obvio los legales, los ilegales, los comerciales, los PÚBLICOS.

Tanto la política como la ley pretenden ser negocios públicos, entendiendo el calificativo público o asociándolo con una de las condiciones democráticas que es la TRANSPARENCIA, o sea, que no se hagan ni leyes ni acuerdos en lo oscurito. Esta es la diferencia sustancial que encuentran los negocios jurídicos y políticos con todos los demás tipos de negociaciones.

Ahora bien, negociar, realizar un contrato producto de esa negociación es una acción voluntarista, en la que coinciden una, dos o más voluntades, pero también existen voluntades que no coinciden con las que celebraron dicho contrato o proceso de negociación. Cuando esto sucede en negocios públicos se entra en una renegociación.

Estoy seguro que muchos están pensando que estoy cambiando “el sentido de la acción”, manipulándolo a mi antojo pero no es así, y la realidad que es cruel y nos lo demuestra, o sea, hay ejemplos.

Las MARAVILLOSAS, BONDADOSAS, INTEGRALES y FUNCIONALES reformas estructurales del actual régimen (estoy siendo sarcástico por si no se notó) son una renegociación del acuerdo anterior que se suponía daba viabilidad a nuestro país en distintos temas de interés nacional. Hay uno o dos necios (soy uno de esos dos, sí ajá) que no están de acuerdo con dichas renegociaciones y entonces pretenden imponer su voluntad, o sea, renegociar dichos acuerdos, dichos contratos, las mentadas renegociaciones y pueden utilizar la política, las marchas, los actos vandálicos o los MEDIOS de comunicación para tal efecto, o sea, para renegociar.

Otro ejemplo en el que hemos entrado producto de esas reformas y que evidencía que el proceso de renegociación es permanente, ojo al parche, es legal y en la mayoría de las veces es trasparente.

Con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio una de las pretensiones que se persiguen o que se quieren lograr es dar celeridad a los asuntos jurídicos, o sea los negocios que se presentan ante jueces. Si un acusado es recomendado por su abogado para   que se declare culpable y con ello NEGOCIAR con el ministerio público y los jueces una pena menor, pues estamos evidenciando al máximo el proceso, la acción de negociar que por cierto es una de las constantes del consumo y que obvio se manifiesta al máximo en la era de las sociedades de consumo.

De esa forma se le da celeridad al proceso, pero lo importante aquí es que se nota al máximo el porqué la ley nunca se podrá aplicar a raja tabla (principio de la jurisprudencialidad que se manifiesta hasta en la religión y principalmente en el cristianismo), puesto que es un negocio constante que depende de las voluntades de los que intervienen en dicho negocio.

El negocio es una parte fundamental de la acción de consumir, sin este elemento el consumo no se podría reproducir.

Parece cosa pequeña lo mencionado en estas líneas, pero es una de las constantes que de no entenderse, COMPRENDERSE, seguirá reproduciendo (o sea, es una de las respuestas) al tan mencionado fenómeno del no cumplimiento de la ley en nuestro país, así de importante es el pequeñísimo error que cometen nuestro políticos consumistas.

¿Qué es entonces a lo que se refieren nuestros políticos consumistas, nuestros jueces, nuestros legisladores, nuestros funcionarios públicos cuando todos mencionan que “la ley no se negocia”? Interesante pregunta, pero no creo que encuentren las palabras para poderla explicar.

Asesores de todos l@s polític@s consumistas que hacen discursos o estrategias, hay que ponerse a estudiar para no seguir reproduciendo este error FUNDAMENTAL. No se lo pido a la clase política de este país porque pues nunca estudiaron y nunca sucederá, o por lo menos eso parece, eso evidencian.

Apreciado público en general, todo absolutamente todo en la cosa pública, en la política, en la ley, es un NEGOCIO, y si no le entra al NEGOCIO, o sea, si no le entra de lleno al de la democracia (negocio), las cosas nunca cambiaran ya no totalmente, ni siquiera un ansinita, ni tantito.

¡Qué coincidencias! Cuanto de todo esto explica el incipiente e ilegitimo ejercicio de convocar y redactar la constitución de la CDMX, que de paso evidencia lo que va a suceder de intentar redactar una nueva constitución para México.