La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3, párrafo VI, define al conflicto de interés como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Y precisamente en su carta de renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, denuncia la existencia de conflicto de interés por parte de colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque, lamentablemente, no precisa nombres.

No obstante, sus siguientes líneas son demoledoras: “Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento… Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.”

¡Qué grave! Porque atendiendo a la referida definición legal quiere decir entonces ¿qué en la administración federal existen funcionarios cuyo desempeño se basa en “intereses personales, familiares o de negocios”?; por lo tanto, ¿hay afectación a la función pública imparcial y objetiva?

Urzúa es una persona letrada, docto en materia económica y financiera, y con experiencia en la administración pública. Así que difícilmente emplearía la frase “conflicto de interés” sin conocimiento de causa o nada más para dar relevancia a su renuncia.

También cabe la posibilidad de que Urzúa haya empleado la frase “conflicto de interés” en una acepción política electoral, clientelar, o llevada al plano de políticas económicas, hacendarias y financieras erráticas para la buena marcha del país, confeccionadas más bien para cumplir un proyecto político por encima del interés general.

La duda cabe, sobre todo considerando el siguiente párrafo de su carta de renuncia: “Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que es esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones no encontraron eco.”

Y si las convicciones de Urzúa no encontraron eco, ¿significa que la política económica se realiza sin evidencia y con extremismo? ¡Qué grave!

Está bien el principio de austeridad. Sin embargo, llevado al extremo puede provocar afectaciones al país. ¿A eso se refiere? Ahí está el ejemplo en materia de salud; en los hospitales y clínicas del sector público empezaban a escasear los medicamentos para enfermedades terminales.

Con la renuncia de Urzúa ahora hasta cabe la duda sobre si él fue el responsable en el retraso de las licitaciones para la compra de medicamentos, o los funcionarios menores que le impusieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sin conocimientos en la materia.

Ahora bien, el presidente López Obrador tiene la facultad de nombrar tanto a los funcionarios de su gabinete legal como del ampliado. Sin embargo, en la administración pública es una necesidad operativa el que los Secretarios de Estado designen a sus colaboradores; tiene que ver con la subordinación y la confianza.

El colaborador está subordinado a quien lo nombra. Entonces, los funcionarios impuestos no obedecen al superior jerárquico inmediato, lo cual genera crisis de funcionalidad, de eficiencia y eficacia; choque entre servidores públicos y crisis en la administración pública.

Al parecer, a los protagonistas del gobierno de la Cuarta “T” les urge por lo menos un taller de Derecho Administrativo.

Por cierto, ¿por qué en la administración lopezobradorista se da la imposición de funcionarios? Situación ya denunciada en dos cartas de renuncia: En la de Germán Martínez a la Dirección del IMSS y en la de Urzúa.

Se supone que un gobernante nombra como integrantes de su gabinete legal y ampliado a personas de su confianza, sobre todo en posiciones clave como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero si les ponen cuñas, entonces desconfían de su capacidad, de su profesionalismo y de su honestidad.

¿O ahora es a la inversa? ¿Germán y Urzúa habrían resultado tan capaces, tan profesionales y tan honestos, que hubo necesidad de colaboradores cuña con la encomienda de operar políticas, programas y estrategias sin suficiente sustento?

En fin, gobernar con austeridad en beneficio primeramente de los pobres, tampoco debe llevar al extremo de regalar el dinero mediante programas sociales clientelares. Honrar la palabra empeñada en campaña, tampoco significa realizar obras injustificadas cuando existen otras necesidades urgentes en el país.  

TORMENTA Y AFECTACIÓN

En redes sociales, la ex diputada federal Mariana Benítez Tiburcio describió con bastante acierto la situación en que se encuentra el Gobierno Federal.

Dijo:  @marianabenitezt “Qué tormenta se le viene a AMLO en su gabinete. En medio de la crisis en el sector salud y en seguridad con policías manifestándose ante abusos y desinformación; confrontación con la @CNDH y en pleito con jueces federales por tema de estancias/aeropuerto y su aprobación en 46%.”

Lo grave es que la tormenta también sería para el país.

Y tras la renuncia del Secretario de Hacienda Consulta Mitofsky levantó de inmediato una encuesta, con el siguiente resultado en resumen:

“73% de los mexicanos se enteraron de la renuncia de Carlos Urzúa como titular de la Secretaría de Hacienda, el 71% opinaron que se debió a su desacuerdo con las políticas de López Obrador, la mitad de los ciudadanos consideran que esta renuncia afecta mucho al gobierno del presidente López Obrador”.

Y quizá pueda afectar hasta su imagen y el nivel en la aprobación de su gobierno.