Existen muchas justificaciones sociales para esto pudiera aterrizarse con mayor seriedad: la alta corrupción de la clase política, los poderes fácticos descontrolados e impunes, una violencia que no amaina y la justicia distributiva que no llega a las mayorías.
Nadie puede afirmar que vaya por ese camino, sin embargo, se advierten mensajes detrás de la llamada “Cuarta Transformación”, que anticipan un debate intenso sobre lo que podría ser el gran legado histórico del próximo Presidente de la República y su grupo político. De hecho, el camino ya está trazado con la Constitución de la Ciudad de México, pues representó un gran ensayo de lo que podría estarse preparando.
¿Son las condiciones políticas actuales propicias para una Constitución que supere la de 1917? Esa la fue pregunta que rondó el año pasado y que previo a la alternancia presidencial se está tímidamente manejando.
La incertidumbre y la falta de respuestas institucionales a los ambientes sociopolíticos del fin e inicio de cada sexenio hace impostergåable una discusión real sobre el pacto social del Estado mexicano.
La ausencia de mecanismos para armonizar la convivencia de las fuerzas políticas, y más si son opuestas, en su visión de lo que el país debe ser y cómo llegar a serlo, pone sobre la mesa la discusión de la transformación de las instituciones a través de un nuevo congreso constituyente.
Como se ha dicho, la discusión no es nueva:
*Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se buscó adecuar las instituciones al esquema de modernización económica y política, pero encontró resistencias en aquellos sectores que defendían el legado del constituyente de 1917 (y que fue hasta con Peña Nieto cuando se vencieron algunas de éstas).
*Desde 1994, Porfirio Muñoz Ledo ha sido persistente y con poco éxito con su reforma del Estado y la nueva constitución, algo que tentó muy cerca cuando Vicente Fox lo comisionó para este fin, aunque luego lo retiró (salvo la de la CDMX, que por cierto, enfrenta el último fallo de la SCJN).
*En el 2001, Vicente Fox aventuró la posibilidad de reformar a fondo la Constitución, pero tuvo el rechazo tajante de los legisladores priístas y un equipo soberbio en la Secretaría de Gobernación que no supo articular el bono democrático con que contó este presidente.
*En otro momento, el 2006, el entonces diputado de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Jesús Martínez Álvarez, promovió también una iniciativa con un proyecto de nueva Constitución; no fue secundado.
*Finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas, como comisionado para la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, planteó que en el 2010 México debía contar con una nueva Constitución; su voz fue acallada incluso por sus entonces correligionarios.
Sin embargo, la actual coyuntura con una fuerza política predominante, los partidos derrotados en vías de pulverización y reacomodo, con las aguas turbias en el escenario social y econóimico y con el crimen organizado local y transnacional al acecho, no parece ser el momento adecuado para revisar la Carta Magna. El problema es de forma y el fondo. ¿Qué propuestas hay al respecto? ¿Cuáles son ahora las rutas por las que quisieran conducir esta discusión? ¿Qué tan viable son las propuestas que están sobre la mesa?
Por el lado serio de MORENA, por ejemplo, el pasado 20 de julio, Porfirio Muñoz Ledo, quien se preve sea coordinador de los diputados del grupo dominante, el proyecto de país tendría “dos tiempos: un tiempo de hacer las correcciones, fundamentalmente de las deformaciones en las que se ha incurrido durante los últimos 30 años, porque de las 900 reformas a la Constitución que ha habido, la tercera parte son de la época actual. Y luego habrá que entrar en un segundo momento a una revisión integral de la Constitución, cuando el gobierno se haya asentado y aumentado su consenso, probado su eficacia y su prestigio. Esto puede llevar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es lo que llama Andrés Manuel la cuarta transformación”.
Quizá a este entendido, es que el primer tiempo es el que está preparándose con la insistencia de una Constitución Moral, como la que elaborara Alfonso Reyes en 1944, la cual se construiría en el marco de un diálogo ecuménico, interreligioso, de religiosos y no creyentes, con el fin de moralizar a México. “Podamos elaborar conjuntamente una Constitución Moral, en la idea de que no solo debemos buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Fortalecer valores, culturales, morales, espirituales”, apuntó el próximo presidente.
Es decir, estamos pasando de la disputa electoral a la disputa por la conducción de la revolución o la reforma de las instituciones, lo cual en el fondo es también la disputa por la Nación con todo lo que ello signifique. Para el segundo momento, ya no sólo se peleará el voto ciudadano, sino la ruta política de todo un país. No es lo mismo reformar para ajustar el marco institucional privilegiando el entorno económico del país y el modelo de democracia liberal, que reformar para garantizar la justicia social y la democracia participativa, si es lo que el nuevo grupo de poder en ascenso desea.
Por ahora, al interior de los mismos morenistas y sus aliados, estamos viendo ya los primeros debates como son la laicidad del Estado, los derechos sociales y la legalización de las drogas. Juan Ramón de la Fuente,[1] próximo embajador de México ante la ONU y Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, caminan en la ruta liberal y seguramente serán quienes impulsen un cambio radical en la política de las drogas al empujar la legalización como ruta para la pacificación del país. ¿Pero están todos de acuerdo?
El presidente electo ha llamado a la conciliación nacional y a la pacificación urgente, por lo cual estarían por lanzar la convocatoria para que los sectores interesados puedan hacerse escuchar en distintos foros que iniciarían el 7 de agosto y terminarían el 23 de septiembre. La duda es si esta convocatoria sólo será deliberativa o resolutiva; si las dirigencias de los partidos, sus próximos legisladores, así como sus gobernadores, darán su anuencia y si participarán. Ahora bien, considerando que el eje central es la inseguridad y cómo enfrentarla, impulsar la legalización de las drogas sería una forma de avanzar escalonada y segmentadamente a los cambios que podrían darse en un nuevo constituyente.
Todavía se desconoce la capacidad de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador ante los sectores de la sociedad civil organizada, los académicos e intelectuales y, en general, la población que no se siente representada por él, su partido y sus aliados. Más aún, los mensajes que están enviando no terminan por convencerlos.
Una voz autorizada, la de José Woldenberg, por ejemplo, condiciona a que el próximo Ejecutivo federal no caiga en la tentación autocrática: “Si nuestro próximo Presidente desea ser un estadista republicano y demócrata tiene que asimilar que detenta un gran poder, pero no todo el poder, y que durante su gestión tendrá que convivir (en ocasiones en colaboración y otras en tensión) con otras instituciones y poderes constitucionales”.
La transición democrática de México del 2000, a diferencia de lo que ha pasado en otras naciones, no contó con una reforma del Estado y una nueva Constitución. Por esta razón, la transición sólo quedó en eso y no una real alternancia democrática como muchos esperaban. Ahora es el momento de Andrés Manuel López Obrador y se espera tenga la estatura para conducirla y para que sea quien garantice la diversidad de opiniones y el respeto al disenso y a la colaboración equilibrada entre poderes.
[1] Fundamental leer al Dr. De la Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/columna/juan-ramon-de-la-fuente/nacion/drogas-y-violencia