El tema de la contaminación ambiental es algo serio.

Su costo es muy elevado en términos de salud, porque representa un lento, lentísimo proceso de deterioro que hace prácticamente imperceptibles sus efectos nocivos en términos cardiovascular y respiratorios, por lo que quizá por eso no se atiende debidamente.

Aunque sus efectos económicos también son extraordinarios y un poco más fáciles de cuantificar.

Aunque se diga que no existen protocolos para atender la calidad del aire y que, ante la crisis ambiental que en días pasados llevó a suspender actividades educativas y restringir la movilidad ciudadana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), hace algunos años se creó la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) a la que la austeridad republicana no tocó con el filo de sus tijeras, aunque prácticamente la dejó sin voz ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), su cara visible, permaneció sin dirigencia ni rumbo frene a la emergencia.

Pues bien, con datos del INEGI y de estudiosos del ambiente como el Centro Mario Molina, la ENCA estima que el costo de la contaminación ambiental es del orden de 600 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, aunque otras estadísticas advierten que el impacto ambiental en nuestro país es cercano a 5 por ciento del valor total de la economía.

Sin duda, es un dato abrumador porque no contempla sus consecuencias directas en la salud de los ciudadanos, ya que no solo se refiere a las enfermedades, medicamentos, gastos por hospitalización e incapacidad para laborar, sino por muertes prematuras.

El Centro Mario Molina indica que entre los 10 principales factores de riesgo para la salud en México está la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes ambientales.

Pero el indicador es todavía más impactante cuando se observa que el gasto público que se destina a combatir la contaminación en general (basura, agua, residuos tóxicos, ambiental, etc.) representa apenas un punto porcentual del PIB.

El deterioro ambiental, junto con la negligencia de usuarios vehículos particulares que responde a la desidia de las autoridades municipales, estatales y federales para mejorar y modernizar el transporte público, además de insistir en el consumo de combustibles fósiles, seguramente propiciará que el costo de la contaminación que, si ahora se puede estimar en 600 mil millones de pesos, se elevará geométricamente con lo que nuestro país y las ciudades que integran la ZMVM (Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Puebla), sean las más contaminadas del mundo.

Hace falta voluntad política para transformar el panorama ambiental que combinen movilidad eficaz y segura con educación ciudadana integral en materia de contaminación, la sustitución de combustibles fósiles, así como el control y vigilancia de los factores contaminantes.

Dadas las condiciones actuales, es casi imposible cumplir los compromisos internacionales para que en 2020 se reduzcan a las mitad las concentraciones en el aire de PM10 y PM2.5 permitidos y que en 2030 dispongamos de instituciones, información e infraestructura para controlar, mitigar y prevenir la emisión de contaminantes atmosféricos.

La transformación del país requiere acciones y no solamente frases de campaña política.

@lusacevedop