El pasado miércoles 2 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó, con 420 votos a favor y cero en contra, la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, por la cual se amplía el abanico de crímenes por los que puede ser encausado el presidente de la República. Mientras López Obrador calificó el hecho como un evento histórico, legisladores de la oposición han revirado con el argumento de que la reforma constitucional no constituye en sí misma la eliminación del fuero presidencial, pues —según arguyen— involucra previamente un procedimiento de destitución culminado en el Senado de la República.
A reserva de conocer las modificaciones que plantee el Senado, y las implicaciones jurídicas que conlleven las reformas constitucionales, el presidente López Obrador ha alcanzado un triunfo político que enriquecerá su narrativa pública, y le permitirá fortalecer su popularidad; al menos vis a vis el electorado que cree en la convicción del presidente de combatir la corrupción, y de no permitir más la impunidad en las altas esferas del gobierno. La reforma —cortesía de la Cámara de Diputados— complementa espléndidamente la iniciativa de imputar a los expresidentes; ambas acciones como parte de la misma narrativa, y como elemento toral del discurso lopezobradorista.
Vale señalar que la inviolabilidad del jefe del Estado no es una ocurrencia mexicana ni una exclusividad de nuestro derecho, sino un instrumento jurídico por el cual se protege al presidente ante cualquier demanda que pudiese tener motivaciones políticas, es decir, una protección constitucional en medio de la polarización de la arena pública. Echemos un vistazo al caso más cercano. El presidente Donald Trump ha sido sospechoso de crímenes federales, desde evidentes casos de conflicto de interés hasta permitir la injerencia de potencias extranjeras en asuntos internos. Sin embargo, el presidente es inviolable, y no puede ser sometido un juicio ordinario.
La profunda polarización política, la guerra mediática, la narrativa descalificadora y la politización del poder judicial amenazan la integridad del jefe del Ejecutivo. La eliminación de la protección constitucional implicaría la inestabilidad del régimen, lo que podría significar una serie de consecuencias que trascienden lo político.
En suma, el presidente López Obrador busca elementos narrativos que le permitan sortear los enormes desafíos económicos y sociales que enfrenta su gobierno. Hace unos días los obtuvo nuevamente de parte de la mayoría morenista, y sorprendentemente, de la oposición. Con independencia del resultado y las implicaciones reales de este debate legislativo, el presidente López Obrador puede estar seguro de contar con un nuevo éxito político-mediático, mismo que le dará mucho para desmenuzar en las conferencias matutinas.