El inicio de la 4T no significó que la violencia en el país parara y más de 7 mil muertes violentas ocurridas durante el primer trimestre de este 2019, hablan más que el discurso que tuviera el presidente AMLO durante su campaña para disminuir los índices delictivos en el país.
La realidad está superando todas las intenciones de frenar la delincuencia, todos los días vemos la descomposición social que existe, asaltos, homicidios, secuestros, linchados, corrupción y demás, inundan las noticias en todos los medios, y siendo muy realistas la situación económica no mejorará sino se trabaja en este tema, y las cifras oficiales y de organismos internacionales siguen señalando al país como un lugar peligroso por la inseguridad e inestable para la inversión.
El último estudio realizado por el Instituto para la Economía y la Paz arroja datos mayúsculos en el Índice de Paz en México 2018, ya que reconocen el impacto económico que deja la inseguridad, superando el 24% del Producto Interno Bruto, o sea que la violencia en el país cuesta 5.16 billones de pesos y la verdad es que la atención gubernamental no es suficiente, ya que solamente se gasta 0.81% de su PIB en seguridad interna y en el sistema judicial, y esto a su vez es para pagar principalmente salarios.
En este estudio se señala que los estados más violentos son Baja California gobernado por el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid; Guerrero gobernado por el priista Héctor Astudillo; Colima, teniendo como gobernador al priista José Ignacio Peralta; Quintana Roo, el cual es gobernado por Carlos Manuel Joaquín González que proviene del PRI, PAN y PRD; Chihuahua que tiene un gobierno panista encabezado por Javier Corral y Guanajuato, estado dirigido por el PAN. La lectura que nos da es que los priistas y panistas tienen los estados más violentos, obviamente tendríamos que esperar a ver cómo les irá a los estados gobernados ahora por morenistas.
Y los más pacíficos fueron Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Curioso dato, porque Hidalgo es territorio del huachicoleo, ya que es uno de los siete estados, incluyendo en este número a Guanajuato, en donde estuvieron el 80% de las tomas clandestinas, desde el año 2016 al 2019 y en el caso de Tlaxcala, es señalado como uno de los principales lugares de trata de personas.
También se reconoce que la violencia política incrementó, ya que del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 se registraron 850 hechos de violencia, por ejemplo, en Guerrero se cometieron en este periodo 32 asesinatos políticos, en Oaxaca 29; Puebla, 18; Michoacán, 17; Ciudad de México, 10 y Veracruz con 10 crímenes políticos.
El último año del presidente Enrique Peña Nieto fue caótico, en todos los temas que pongan sobre la mesa, se encontrará un error, la economía se fue a pique y la tasa de delitos con violencia se incrementó 25% en los últimos tres años de su sexenio.
Por ahora, tendremos que esperar y ver cómo nos va con la Guardia Nacional, tema que ha sido polarizado y criticado, para bien o para mal este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al líder que coordinará este organismo, al general de brigada del Estado Mayor en trámite de retiro, Luis Rodríguez Bucio.
De igual forma Alfonso Durazo, también anunció a los demás coordinadores de la Guardia, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y una de la Policía Federal (PF).
Los coordinadores son el General de Brigada del Estado Mayo, Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez; de la Semar el Contralmirante de Infantería, Gabriel García Chávez y de la Policía Federal a la Doctora Patricia Trujillo Mariel. Cabe hace énfasis en que los dos generales están en trámite de las fuerzas armadas, porque si no, no podrían coordinar la guardia.
A final de cuentas todos los proyectos que se tengan previstos en cuestión de inversión, serán nulos ante la falta de capacidad de pacificar, tienen que actuar de manera inteligente y llegar a acuerdos, los nuevos coordinadores tendrán que practicar mucho su capacidad de negociación porque espero de verdad que no sea militarización o policialización represora, lo que nos espera.