Cuando se anunció el problema de los montos millonarios que estaba pagando CFE por unos ductos de gas que no estaban terminados, se planteó el tema desde una sola de sus caras, pero no se analizó toda la problemática que implica el desarrollo de los grandes proyectos de inversión que necesita México, es decir, se habló de que se estaba cobrando a CFE por obras inconclusas, que se revisarían con las empresas estos temas, pero hay algo más de fondo que debemos analizar si queremos tener todo el panorama.

Al parecer se están pagando cantidades millonarias de penalización porque la obra contratada a las empresas no ha podido terminar por causas ajenas a ellas, por temas que debió arreglar CFE o el Estado para que las empresas continuaran; estos asuntos que impiden terminar las obras fueron documentados por meses en la prensa mexicana, pues al momento de anunciar el trazo de los ductos surgieron cientos de intereses políticos y económicos que demandaron sus derechos por dejar pasar los tubos por su territorio, entre estos intereses se encuentran el de los Gobernadores, los Presidentes Municipales, ejidatarios, comuneros, asociaciones campesinas, ONG´s, etc., algunos con intereses legítimos, pero la mayoría sólo por ver el momento exacto de conseguir montos de dinero del proyecto. En las notas de periódico se hablaba de peticiones que iban desde los 10 millones de dólares hasta 100 millones porque la obra pasaba por algunos kilómetros dentro de su territorio.

Y es que todos sabemos cómo opera esto, en cuanto se anuncia una obra de inversión, un presidente municipal está apuntado en recibir su mochada por soltar los permisos y cuanto requisito se necesite; lo mismo pasa con todas las autoridades que tengan relación con el tema, llámese ecología, protección civil, pero además, a este conglomerado “legal de intereses”, se le suman de inmediato los sindicatos charros, de construcción, de obra, así como los líderes oficiales que ven la oportunidad de sacar provecho, pues generalmente los recursos obtenidos no terminan en beneficio de la comunidad o ejido, sino en el bolsillo de unos vivales. No dejamos de mencionar que la gama de extorsión supera la esfera del ámbito de lo legal, porque también se da el cobro de piso, el secuestro y la extorsión del crimen organizado.

De esta manera identificamos el primer nivel de corrupción de los ductos, el que implica a los intereses legales, formales y no legales, por lo que ahora pasemos a revisar el segundo nivel de corrupción, el que tiene que ver con los contratos firmados, para lo cual debemos preguntarnos: ¿Por qué se firmaron contratos con cláusulas de penalización a CFE sobre situaciones que eran lógico preverse y se tenía certeza pasaría, como fue el caso de los conflictos sociales y políticos que se generaron?

Con certeza podemos afirmar que todas las empresas que invirtieron y contrataron con CFE utilizan despachos internacionales especializados en la planeación y análisis de riesgos, hacen planeación estratégica en donde estudian los pormenores legales, sociales, económicos y políticos que implican sus proyectos, pues está en juego cientos de miles de millones de dólares. Además, este tipo de conflictos político, sociales y medio ambientales se dan en todo el mundo, han sucedido en EU, Alaska, Europa y América Latina.

En conclusión, firmaron los funcionarios corruptos de CFE y las empresas contratos con cláusulas sobre situaciones que se podían prever y se tenía certeza pasaría, con penas millonarias que configuran el segundo momento de corrupción de estos contratos. Es como si hubieran firmado que CFE se haría responsable si al día siguiente saldría el sol por el horizonte y por ello pagara multas. Lo sabían, era lógico que existirían estos conflictos, tanto empresas contratistas como la CFE, en esto radica el momento clave de la corrupción.

Relacionado con el tema escribimos aquí un artículo titulado: El Waterloo del Tren Maya, cuya lectura recomiendo https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/16/el-waterloo-del-tren-maya-i

(A la memoria de Samir Flores Soberanes, líder social asesinado, que se suma a la lista de los cientos de campesinos y ambientalistas que defienden su tierra y que han sido muertos en las últimas décadas).

** Maestro en derecho UNAM