En pocas ocasiones la ignorancia hace gala con bastante denuedo en políticos y medios. La polémica de la “Alianza federalista” con el presidente Andrés Manuel López Obrador se inscribe en ese terreno. “Amagan con ruptura”, “Dan ultimátum a AMLO” y titulares similares en los medios de comunicación dan vida a una posverdad (es decir a la mezcla de mentira con verdad para manipular el derecho a la información del público) que evoluciona en los medios para crear una noticia que no se sostiene en datos que la sustenten. Si entrar en la complejidad económica y política que supondría esa separación, jurídicamente no hay que ir muy lejos para poner las cosas en su justa dimensión. Veamos.
Primero. ¿Los gobiernos de los estados de la “Alianza federalista” pueden lograr la reforma del pacto federal? No. En su actual composición con nueve estados es literalmente imposible que semejante iniciativa tenga la menor posibilidad de éxito. En efecto, para lograr ese cometido de lograr la separación de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional se requiere al menos reformar lo dispuesto por el artículo 43 constitucional que enumera las entidades federativas que forman parte del Pacto Federal. Lo anterior necesita que se ponga en acción el denominado Poder Reformador de la Constitución; es decir, la concurrencia de voluntades para que ese propósito pueda traducirse en acto.
Segundo. El Poder reformador de la Constitución está plasmado en el artículo 135 de la Constitución que establece los requisitos para reformar, derogar, o adicionar capítulos, apartados o artículos de la Constitución Federal. El citado artículo 135 dispone que para afectar las hipótesis normativas constitucionales es necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Si la oposición íntegra más el PT aliado en otras épocas de la 4T no pudieron lograr la mayoría simple (la mitad más uno) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para evitar la desaparición de los 109 fideicomisos, sería inconcebible que los legisladores de 9 estados de la República (aceptando que todos y cada uno votaran exactamente en el mismo sentido) que no representan siquiera a la oposición en su conjunto, ni al PRI ni al PAN, especialmente el PRI se ha mantenido al margen de ese desencuentro pudieran tener alguna posibilidad de éxito en sus afanes.
Tercero. Los 9 estados de la “Alianza federalista” no tienen, con mucho, los votos necesarios para separar al país. Incluso, Nuevo León, un estado rico, no tiene ni por asomo la pujanza económica, política y de seguridad que Cataluña, en España. Incluso el gobernador de Chihuahua, @Javier_Corral, reclama su inclusión en las reuniones de seguridad con la Federación, que sería ilógico que lo hiciera si las fuerzas de seguridad de Chihuahua tuvieran mayor equipamiento, expertos y pericia que sus similares federales. Ese reclamo expresa claramente una asimetría entre la capacidad de la Federación y la de Chihuahua en materia de seguridad en perjuicio del estado reclamante. ¿Y así se quiere separar? Por las razones anteriores, la ruta que han optado los gobernadores de la “Alianza federalista” no ha sido la que establece el marco normativo previsto en la Constitución, sino la denuncia en los medios que, debieran ya saberlo, fue eficaz en el pasado, pero en el régimen actual tiene un efecto bumerang en el titular del Poder Ejecutivo Federal que es alérgico a las presiones especialmente mediáticas.
Cuarto. La separación de la coordinación fiscal de los estados de la Federación se encuentra prevista en el artículo 10, párrafo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal en cuyo caso quedarían sujetos a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5 de la Constitución que no tendría un efecto positivo, sino incertidumbre para los 9 estados separatistas porque carecen, de nueva cuenta, de los votos para lograr mayoría simple en el Congreso de la Unión para mejorar el monto de sus participaciones federales y es probable que estas se reduzcan. No es un tema del presidente López Obrador, sino del Poder Legislativo. De esta suerte, no hay una salida que no pase por el Congreso de la Unión en cuyo espacio los estados de la “Alianza federalista” no tienen alternativas para mejorar su circunstancia jurídicamente hablando y menos, por supuesto, lo harán por la vía de un manejo mediático.
Así pues, el tema es que no hay tema. A otra cosa.
Así pues, el tema es que no hay tema. A otra cosa.
ernestovillanueva@hushmail.com