El Covid-19 además de su impacto en las pautas de comportamiento sociales ha sido razón y medida de un debate con grandes diferencias de percepción y de criterio, que merece detenerse para hacer un análisis más allá del día a día.

Primero. En un interesante texto Federico Arreola publicó ayer “Guajolotas de Palacio y deuda pública para que AMLO evite quiebras de Pymes”   del cual rescato, de entrada, una pregunta que formula: ¿Por qué el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado como lo ha hecho con la pequeña y mediana industria? ¿Por qué hace lo que hace y no ha observado otras fórmulas que parecieran más atinadas para evitar una afectación a la economía y al empleo formal? La respuesta reside a mi juicio en la propia experiencia y la retroalimentación que AMLO ha tenido en su amplio recorrido por el país en varias ocasiones donde, en suma, ha advertido cuatro problemas nodales, tres de ellos como variables y el último como elemento transversal de los tres primeros: a) Inflación; b) Elevado gasto público, c) Endeudamiento y d) Corrupción. La suma de estos cuatro ejes ha quedado grabada en su fuero interno como factores que han dado vida al sistema de asimetrías económicas y sociales de México que se ha empeñado en reducir y qué bueno que lo haga.

Segundo. La inflación ha podido contenerse razonablemente en los últimos años frente a incrementos sustantivos en los 80´s y parte de los 90´s. La inflación por sí misma no es ni mala ni buena per se, pero en la experiencia mexicana ha sido un elemento que ha detonado las marcadas diferencias entre unos pocos muy ricos y muchos otros muy pobres. En América Latina, empero, los países con menor inflación no han sido por esa sola razón naciones prósperas: El Salvador (que ha tenido deflación), Ecuador y Panamá que tienen como común denominador el dólar estadounidense como moneda ajenos, por ello mismo, a las fluctuaciones cambiarias. Paradójicamente ese hecho ha generado que el sector privado no haya encontrado los mayores incentivos de inversión en esos países. Tampoco lo contrario ha propiciado prosperidad. La alta inflación en países como Argentina y Venezuela ha jugado en contra de la franja más amplia de la población. En ese sentido, la política pública de la 4T ha podido mantener una inflación de un dígito que aparta a México de un país con gobierno populista, para colocarlo más bien como un gobierno popular, que es una connotación muy distinta.

Tercero. El gasto público intensivo de la mano de un creciente endeudamiento externo es otro de los rasgos distintivos del populismo que no ha seguido el proyecto del nuevo régimen del presidente López Obrador. Por el contrario, se ha colocado justo en la hipótesis contraria: un fuerte control del gasto y cero endeudamiento externo, medidas que van también a contrapelo de un gobierno populista desde la perspectiva económica que no ha sido suficiente, empero, para satisfacer a las calificadoras de riesgo-país, a las oposiciones y a los sectores que habían sido beneficiados en el régimen anterior, donde había habido cambios de forma, pero no de fondo, como ahora se ha podido observar

Cuarto. La corrupción horizontal y mal endémico del ejercicio de gobierno, de las prácticas del poder público y su relación con el sector privado ha sido otro rasgo distintivo en el que se ha puesto una atención especial. En este caso, Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública ha tenido la fortuna de poder aplicar lo que ha sido su objeto de estudio. No es, por supuesto, una tarea sencilla; antes bien, sinuosa y complicada por lo arraigado de esta disfunción plasmada no sólo en la práctica, sino en distintas normas que por su contenido o por la falta de éste generaron (generan) un clima propicio para la reproducción de las pautas de la corrupción como una interiorización de la conducta con y frente al poder como parte de los usos y costumbres donde desaprender lo aprendido es más complejo que si se hubiera empezado de cero. La tarea de Irma Eréndira no es grata, pero es imprescindible para dar vida a un nuevo régimen donde la ética pública no sea sólo una figura retórica divorciada de la realidad.

Quinto. Sólo en el sector público se había normalizado la cultura de la inequidad como hábito conductual. Baste decir tan sólo que hace apenas dos años la alta burocracia veía el dinero público como el dinero de nadie. Los extremos eran preocupantes. En Estados Unidos el salario mínimo promedio (antes de esta fluctuación cambiaria) era de 30 mil pesos mensuales y en el gobierno federal americano el sueldo más bajo era de 65 mil pesos mensuales y el más alto que correspondería al de un secretario de estado federal ascendía a 332 mil pesos. Se puede observar que un secretario de estado en EU percibía un sueldo mensual equivalente a aproximadamente 5 salarios mínimos en relación al salario más bajo del gobierno federal y 11 salarios del denominado mínimum wage o salario mínimo general. En México, por el contrario, hace tan sólo menos de dos años el sueldo más bajo en el gobierno federal era de 6 mil pesos y el más alto, de un secretario de estado, ascendía a 218 mil pesos. En el país la diferencia entre el salario más bajo del gobierno y el más alto, de un secretario de estado o equivalente era de 35 salarios y si se compara con el salario mínimo general la diferencia ascendía a ¡84 salarios mínimos!; es decir casi 8 veces más que en Estados Unidos.

Sexto. Este fenómeno de enorme disparidad en el sector público federal trajo consigo en estos dos años, la aplicación de la disposición constitucional para que el sueldo del presidente de la República fuera el referente más alto (existente, pero no aplicada como parte del rito de la simulación tan nuestra), eliminó la costosísima casa presidencial de Los Pinos, desapareció la guardia personal del Presidente de la República, el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial con un costo superior al de cualquier equipo similar en el mundo entero y con el que, además, se duplicaban funciones. Del mismo modo, se terminó con los beneficios de los expresidentes de la República que no tenían precedente alguno en la experiencia comparada. Así también se hizo una cirugía mayor para ajustar a su justa dimensión el tamaño de la alta burocracia que sufrió un aumento vertiginoso con la creación de las ahora extintas direcciones generales adjuntas y de un amplísimo número de ujieres haciendo que la función pública sirviera al funcionario y no exactamente al contrario como sucede en las mejores prácticas internacionales.

Séptimo. Los intereses afectados de ese sector privilegiado pusieron en marcha, desde que López Obrador era presidente electo, una campaña efectista, según la cual la reducción de sueldos y el tamaño de la burocracia habría de provocar una lluvia de amparos y un tránsito sin precedente del sector público a la iniciativa privada. La realidad se impuso y se pudo atestiguar que esa predicción era sólo un deseo de que no terminaran los privilegios. No hubo la lluvia de amparos ni tampoco la absorción de los cuadros mejor pagados del gobierno en el sector privado. Y esto se explica por dos razones: primera porque los funcionarios mejor pagados no eran los mejores talentos, sino resultado de arreglos políticos al margen de cualquier baremo medible y segundo porque la iniciativa privada nunca tuvo la capacidad de absorción de esos supuestos talentos excepcionales que, se decía, serían objeto de innumerables ofertas de empleo como si de jugadores de futbol internacional de primera división se tratase. Nada.

Octavo. Hoy todavía organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, particularmente en la cúspide de su burocracia sigue existiendo ingresos superiores no sólo a los percibidos por los titulares de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, sino incluso a los que perciben sus equivalentes que formalmente- en las democracias occidentales- pueden ganar lo mismo, pero el costo de la vida fluctúa entre el 70 y el 130% más como en Australia o el Reino Unido para citar dos ejemplos concretos. Está de sobra decir que ningún consejero electoral de estos país tiene un sueldo similar a los que hay en el INE y en América Latina los sueldos del INE están a la cabeza como un resabio del autoritarismo mexicano que sigue todavía gozando de cabal salud.

Noveno. La decisión presidencial de no generar condonaciones de los impuestos está ahora prohibida por el artículo 28 constitucional ( ver mi texto ) y además tiene una clara racionalidad que puede ser matizada. El IVA es un impuesto pagado por el consumidor final que es retenido por las empresas y debe ser enterado al Sistema de Administración Tributaria. Y el Impuesto sobre la Renta se subdivide en dos, el Impuesto al Capital y el Impuesto al Salario, éste último que va dedicado a los trabajadores puede ser diferido que no condonado. En el mismo sentido, habría que señalar el Impuesto a la Nómina de los Estados donde también hay margen de maniobra para proteger no al capital sino al empleado. Otro elemento muy importante del citado texto de Federico Arreola que referí al inicio de esta entrega es el relativo a las pequeñas y medianas empresas que va en la misma línea argumental de su compartible preocupación. En este aspecto no es posible no estar de acuerdo con su análisis que es de una lógica aplastante. En efecto, en las pequeñas empresas el préstamo de 25 mil pesos no resuelve en modo alguno la situación económica derivada del distanciamiento social del Covid19. Vamos, Federico es generoso en su análisis de este aspecto y da por bueno que esos 25 mil pesos no son del todo malos, pero lo cierto es que este segmento de la población donde se ubica el decil bajo de la clase media (los dueños de una tienda de abarrotes, los negocios de uno o dos empleados) va a quedar en el desamparo si las cosas van como siguen. En este sector vulnerable no hay ahorro acumulado ni dinero para sobrellevar la crisis, como lo pudiera haber en la mediana y no se diga en las grandes empresas. No sé si el endeudamiento externo es la única salida, pero el ejercicio del gasto público debe reactivarse sin caer en los extremos del pasado.

Décimo. Es momento de dejar atrás la discusión en abstracto, de lugares comunes o genéricos como si las cosas fueran blancas o negras y no con diversas tonalidades de grises. Tanto el gobierno federal como el sector privado debe formular propuestas concretas por sector de la economía que no admite recetas unívocas, sino casuísticas. No es lo mismo la industria del turismo que la bancaria. Por poner un sólo ejemplo, ¿Qué va a pasar con los taxistas, con los pequeños negocios que se habían beneficiado de los cruceros que ya no llegan y seguramente no lo harán por una temporada mayor o menor al país? Hay que pasar del ver el bosque para ver el árbol y actuar en consecuencia con la debida responsabilidad.

@evillanuevamx

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