Hoy se ha hecho público un anuncio que rompe los usos y costumbres del Estado autoritario en su relación con la radio y televisión. En efecto, el Estado tiene desde 1969 una singular relación legal con los concesionarios (y hasta hace algunos años los denominados permisionarios, al referirse a los medios sin fines de lucro, que la ley ahora los reconoce con el mismo vocablo de concesionarios) de la radio y la televisión por cuanto hace a los espacios que puede disponer en ellos en forma gratuita a través de los conocidos tiempos fiscales, que no encontraba (no encuentra) asideros en la experiencia comparada.
Después de un exhaustivo estudio nunca pude encontrar elementos en la legislación extranjera que otorgaran racionalidad a esa política pública plasmada en distintas disposiciones normativas e incluso tienen base constitucional, tal y como lo dispone el artículo 41, apartado A, inciso a) de la Constitución Federal, que a la letra dice: “) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios..”. Queda claro que se refiere a 48 minutos diarios; es decir, a los 30 minutos diarios conocidos como tiempos del Estado y a los 18 minutos derivados del Decreto que establece un impuesto especial a los concesionarios de radio y televisión. En este rubro ha habido confusión.
Hay quienes piensan que los tiempos a que se refiere la Constitución son los “oficiales”, pero no es así como lo acabo de apuntar. Debe quedar claro que la Constitución incluye ambos tiempos (los oficiales y los fiscales) y esa disposición no puede quedar en esos términos, a menos que: a) Se paguen los 18 minutos restantes a los concesionarios para ajustar la cifra de 48 minutos que taxativamente prevé la Constitución o b) Que se reforme el citado artículo 41, apartado A, inciso a) para que los 48 minutos queden sólo en 30 minutos, que sería lo más recomendable. Como Defensor de la Audiencia fundador de Radio Educación pude constatar la profunda incomodidad de la audiencia con los mensajes políticos tanto por su contenido, temática como porque afectaban la continuidad de la programación, en este caso específico conciertos que obviamente no deben ser interrumpidos pues pierden su propósito.
No veo ahora condiciones de que las audiencias salgan a las calles para pedir que haya más propaganda política como mensajes. Y no es sólo mi impresión. Esa misma convicción era compartida por los defensores de audiencia de aquellas fechas y hoy las cosas no han cambiado en las pautas comportamentales de las audiencias.
Celebro que se inicie ese proceso de cambio (que nunca debió haber sido impuesto por el Estado mexicano) que abona a la justicia, a la equidad y a las mejores prácticas internacionales en la materia. Más vale tarde que nunca.
@evillanuevamx
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