Por ahí de abril de 2018, escribimos por acá que lo mejor para México y para el candidato Andrés Manuel López Obrador sería que ganará la presidencia y perdiera el Congreso: las cámaras de diputados y de senadores. ¿Por qué lo deseábamos? Porque lo mejor que puede pasarle a un gobierno de transición es el freno de los pesos y contrapesos. Y porque el país no acaba de salir de un ciclo muy largo de autoritarismo. Las cuentas del presupuesto, le aclaró contundente José Antonio Meade en uno de los debates, no eran como las pregonaba el aspirante de Morena. También lo advirtieron con mucha anticipación los especialistas. El presidente es un hombre de ideas fijas. Una de ellas lo llevó a sostener que con los ahorros del combate a la corrupción financiaría sus grandes proyectos de transferencias en efectivo a los pobres, una idea inobjetable pero no aterrizada en política pública y presupuestal. A la vuelta de poco quedó demostrado que se trató de un cálculo errado, o un recurso con intenciones propagandísticas. Hemos visto con pena como los propios empleados tienen que financiar los programas y proyectos del gobierno del que forman parte. Se trata de una de las medidas sometidas a controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reducir salarios reduce la calidad del servicio y abre la puerta a los acuerdos chuecos.

La austeridad y el combate a la corrupción han resultado la mejor estrategia publicitaria para justificar, primero, el bajísimo desempeño del equipo del primer nivel, salvo contadísimas excepciones. Me refiero a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de tomar las grandes decisiones, las que terminan impactando en el nivel de vida de las personas, e incluso si sobreviven o mueren (como en el caso de las políticas sanitarias destinadas a menguar los efectos de la pandemia). El presidente lo justifica con el argumento de que el problema no es la eficacia de la administración pública, es la honradez de sus ejecutores. Una de las secretarías más importantes para reducir la pobreza y las desigualdades, en manos advenedizas. La “eficacia” en el nuevo gobierno ha sido puesta en fórmula de la siguiente manera: 90 por ciento honestidad y 10 por ciento eficacia. Los especialistas que han revisado, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, concluyen que se trata de una retahíla de lugares comunes de los años setenta. Frases hechas que no ayudan en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. La prosperidad y el desarrollo no ondean en el horizonte. Ni como promesa.

La idea de los otros datos ha puesto de manifiesto el maniqueísmo (ellos y nosotros) del que se sirve el gobierno para descalificar el ejercicio de la crítica y la opinión de los expertos (esos que viven encerrados en su torre de marfil, como son calificados). Conservadores que sirven a intereses ominosos y se rehúsan al “cambio verdadero”, por el miedo de perder privilegios. Se trata de una práctica perniciosa que ya esta siendo adoptado por gobiernos regionales y locales. A la hora de enfrentar a la comisión de mujeres furiosas que reclaman la conclusión de la red de agua potable, el alcalde del pueblo les espeta, oigan no me levanten falsos, mis datos indican que la que reclaman es una obra terminada al cien. Y entre su verdad y la mía, vale más la mía, porque soy la autoridad. Y dio por concluida la reunión. Como lo hacía, o la hace la Secretaría de Cultura, todo parece indicar que una de las tareas del gobierno es desactivar el ejercicio de la crítica. Para lo cual están, entre otros recursos, los otros datos.

La semana pasado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, elegido por el partido Morena, en elección extraordinaria, porque la primera la perdió en las urnas y en tribunales, ya siendo gobierno Andrés Manuel López Obrador (lo digo por aquello de la manipulación de los ministros electorales y el cuchareo: todos vimos el fallo final), en un acto que ya pasa por ordinario, regañó y reprendió (“ya lo deberías de saber, no”) en público a una reportera que, en una rueda de prensa, preguntó sobre una cuestión de interés público, como es la repentina demolición de una escuela sin dar explicaciones a los padres afectados (la infraestructura educativa es una de las grandes carencias en Puebla). El arrebato del ejecutivo, que no es el primero que tiene con la prensa, es una emulación de las invectivas de las mañaneras contra los periódicos y periodistas que hacen su chamba y ponen bajo cuestión la grandilocuencia oficial. El estilo exaltado, ya llegó a las primeras planas mundiales y las asociaciones que se dedican a defender periodistas perseguidos y la libertad de expresión, ya hicieron pronunciamientos. ¿Es el estilo de los gobernantes de Morena? Miguel Barbosa viene de las tribus insalubres del PRD, formadas en el nacionalismo caciquil de los pueblos, a diferencia del PRD de los pasillos universitarios (aunque no por eso más presentable). El historiador Héctor Aguilar Camín hizo la genealogía de la izquierda mexicana: la estatista, la nacionalista, la utópica, la intelectual, la revolucionaria, la partidista, y la indigenista (Pensando en la izquierda, FCE, 2008). “La intelectual es la más refinada”. El autor dedica un capítulo a lo que llama la izquierda mexicana realmente existe. Repito: es un libro de hace doce años, cuando Morena todavía era PRD, aclamaba el Acuerdo por México. Se encontraba muy lejos de la eclosión del 2018. ¿Cuál es esa izquierda realmente existente? Es anfibia, antiglobalifóbica, tiene alma catecúmena, repite los viejos dogma revolucionarios, descree del poder pero es poderosa, gana elecciones, tiene gobiernos, presupuesto, periódicos, sindicatos, clientelas, causas, redes universitarias, es indigenista, y tiene sus gurús intelectuales (p. 46). “La lealtad a las instituciones de esa izquierda está condicionada a que las instituciones les sean favorables”. En el fondo, me parece, teme a las formas civilizadas que obliga vivir y gobernar en democracia. Los sometidos por ley no son los ciudadanos, son los gobernantes. Eso, quiero pensar, la lleva a los exabruptos conocidos y padecidos. Como a nivel federal, la entidad poblana es de un solo Hombre. El legislativo y el judicial son una expedita oficialía de partes; y los entes autónomos son sometidos a un proceso inclemente de disminución (la CEDH cruza por su peor etapa). Todo este largo y deshilvanado alegato tiene la finalidad de advertir que estamos a un tris de perder hasta la Esperanza. Si la perdemos, perdemos la unidad, y sin unidad no hay país ni nada que valga.