En abril pasado, tras el multihomicidio de 13 personas en el municipio de Minatitlán en Veracruz, el Presidente de la República hizo el compromiso de que en un periodo de seis meses se verían resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno.
Este martes 22 de octubre se cumple el plazo y lo que hoy tenemos es mucho peor que lo que sucedía entonces.
El número de asesinatos en los primeros nueve meses del año suma ya más de 23 mil; tan sólo en septiembre se registraron 2 mil 386 casos de homicidio doloso, lo que representa un promedio de 80 personas victimadas cada día. Eso sin contar las muertes de 14 policías estatales que fueron emboscados en Aguililla, Michoacán, los 14 civiles y un militar caídos durante un enfrentamiento en Iguala Guerrero y los 8 muertos durante la refriega de Culiacán.
Son cifras que el gobierno no se atreve a reconocer y que las oculta tras el maquillaje de los porcentajes y las comparaciones a modo. Sustraerse de la realidad no evitará más muertes ni otorgará justicia a las víctimas; la inseguridad no es una herencia política sino un flagelo social que se extiende como una hiedra.
El plazo autoimpuesto por López Obrador llega en medio del ruido ensordecedor de las ráfagas de metralla en Culiacán, durante un fallido operativo en el que detuvo –y más tarde se liberó- a Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo” Guzmán.
Es posible que muchas vidas se hayan salvado, como ha dicho el gobierno, pero la capitulación del Presidente y sus fuerzas federales ha sido a un costo altísimo.
El mandatario reconoció que la detención tenía fines de extradición, por tanto fue a petición de Estados Unidos. Se infiere que quien conocía cuándo y dónde estaba “el Chapito” es la inteligencia de EU. Aquí jamás hubieran sabido que estaba ahí en ese momento; México carece de inteligencia porque desmantelaron el CISEN, debilitaron a la Marina y el Ejército, y decretaron la desaparición la Policía Federal.
La información era precisa. El objetivo fue detenido, sin embargo, lo liberaron. Han dicho que pese al fracaso de la operación, el Presidente Trump ha expresado su apoyo. Pero ¿en verdad volverán a tener confianza en el Presidente y su gabinete de seguridad? La respuesta la podríamos conocer esta misma semana durante la reunión interparlamentaria que realizaremos en San Diego California y en la que discutiremos nuestra asociación en materia de seguridad.
López Obrador salió a dar su versión de lo que sucedió en Culiacán. Dijo que no vale más la captura de un delincuente que la vida de las personas, ante lo que fue –reconocieron- una actuación precipitada del Ejército.
La gravedad del episodio ha dejado atrás la frivolidad de frases poco afortunadas como el de pretender “acusarlos” con sus madres y abuelas, con pedir que se porten bien o expresar “fuchis” y “guácalas” a una delincuencia organizada que el jueves pasado demostró que no está para juegos. El Presidente enfrenta la peor crisis de seguridad de su gobierno.
En México la gente vive con miedo, lo mismo en Sinaloa que en Veracruz. Según la encuesta del Inegi, el 94.5% de las personas que viven en Coatzacoalcos se sienten inseguras; curiosamente, en la región donde la Guardia Nacional inició operaciones desde el pasado 26 de abril es donde la gente vive con más temor en todo el país.
El gobierno ha dicho que tiene registro de que en cinco estados se reporta el 41.5 por ciento de los homicidios en el país: Guanajuato (9.2%); Baja California (9.1%), el estado de México (8.9%), mientras que Jalisco y Chihuahua cuentan con un 7.2 %. ¿Qué tienen en común estas entidades? Ninguna de ellas es gobernada por Morena, lo que infiere la politización de la inseguridad.
Excluir a Veracruz entre los estados generadores de violencia pone en duda estas cifras. En nuestro estado se comete el mayor número de secuestros y feminicidios en el país y ha sido testigo de al menos dos masacres: la de Minatitlán –que motivó precisamente la promesa del Presidente de reducir la inseguridad-, y la de un bar de Coatzacoalcos, eventos que dejaron al menos 40 muertos.
En el transcurso del año, Veracruz suma 398 secuestros; hasta el mes de septiembre se habían cometido al menos 131 feminicidios, es decir, uno de cada cinco delitos de este tipo en el país sucede en el estado. Veracruz también se mantiene dentro de las 10 entidades con el 65% de homicidios dolosos
Seis meses después de la promesa presidencial, sólo podemos parafrasear a una niña de Culiacán, protagonista de un video subido a redes sociales durante las balaceras: “¿Por qué estamos en el suelo, señor Presidente?”.