El último zipizape entre Carmen Aristegui y MVS se dio en el fin de semana: ella dijo al Semanario Proceso que MVS censuró el reportaje de la Casa Blanca y la empresa respondió que la periodista mentía, mediante un comunicado de mano pesada, en el que se deslizaron algunos cuestionamientos sobre la racionalidad de la versión de Aristegui y respecto a la honestidad de la comunicadora.

La empresa de Joaquín Vargas ha subido el tono en cada nueva comunicación al público. Parece evidente que MVS busca convencer a la sociedad de que la compañía es la víctima y no el victimario.

Más allá de las posiciones polarizadas, que solo aportan estridencia, leo y oigo que múltiples personas se preguntan si no bastaba con una reunión privada entre MVS y Carmen para arreglar el diferendo causado por el compromiso con México Leaks. Esas voces aducen que la falta de Aristegui, «si es que hay falta», es tan irrelevante que no merecía el despliegue de poder y violencia verbal utilizado por MVS. Como consecuencia, asumen que hay motivos ocultos para el despido de la periodista y culpan al gobierno por esta situación.

En realidad, en este tema hay motivos distintos al uso indebido de una marca, no son tan ocultos y permiten entender este asunto sin ingenuidades o explicaciones fantásticas.

Una declaración de guerra

MVS no reconocerá públicamente que, en política real, la alianza de una empresa concesionaria con una plataforma de whistleblowing es una declaración de guerra al gobierno mexicano.

Si se acepta esa premisa, cobran sentido los desplegados y deslindes de MVS, los mismos que su ombudsman calificó de «inéditos» y «desproporcionados».

En una lectura de política real, resulta claro que ese deslinde no fue desproporcionado: el vocero presidencial era empleado de MVS y un subsecretario de Gobernación es hermano de un vicepresidente de MVS. Cierto, la reacción es inédita, pero también es inédito el compromiso que el equipo de Aristegui asumió con México Leaks.

Con esa misma perspectiva política, también resulta bastante probable que Carmen haya omitido consultar esta alianza por un motivo preciso, no por ignorancia jurídica o candidez sobre la operación de las empresas de medios: resulta posible, incluso racional, que Aristegui se hubiera callado ese compromiso para evitar que MVS lo desautorizara antes de que se hiciera público.

Y es en este contexto que la expresión «abuso de confianza», utilizada por MVS en sus comunicados, ya no parece tan dura o fuera de lugar.

No es la primera vez que MVS da un pretexto jurídico para ocultar sus cuestiones políticas. Cuando despidió a Carmen, en el marco del Caso Calderón, la empresa alegó que Aristegui había violado el Código de Ética, cuando en realidad había una exigencia presidencial de disculpa y un berrinche de Joaquín Vargas porque la periodista no aceptó una instrucción ilegal de su jefe, la de disculparse por haber hablado sobre un presunto alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa.

¿Libertad de expresión o política editorial?

Hoy, igual que entonces, la violación de derechos marcarios es solo el betún legal de una afrenta política. Eso no significa que Carmen haya actuado conforme a Derecho: opino que en el caso hay un uso indebido de la Propiedad Intelectual de MVS, pero queda claro que el tema principal no son las marcas, sino la política editorial.

Dicho en buen alemán del Norte: Carmen Aristegui quiso imponerle a MVS una política informativa que esa empresa no comparte.

Y, nuevamente, es un tema de Derecho y de derechos: ¿Prevalece la libertad de expresión del periodista, por encima de la política editorial del medio en el que labora?

La respuesta simplona es afirmativa, pero la realidad en democracias consolidadas la desmiente. Un ejemplo: cuando Woodward y Bernstein emprendieron su investigación sobre Watergate y Nixon, tuvieron el pleno respaldo de su editor y de la propietaria del Washington Post. Ni los periodistas son prometeos, ni los empresarios de medios son dioses olímpicos.

Los derechos humanos y la Constitución solucionan este dilema: los medios concesionados deben respetar el derecho a la información, más no están obligados a comprometer su existencia para ello. Explicado de otra forma: los empresarios de medios tienen el deber de respetar el derecho a la información, pero ese deber no implica el del martirio o suicidio económico.

Basta con ver a los demás socios de México Leaks: ¿Alguno de los otros aliados es un medio concesionado por el gobierno?

La yunta de Silao

Que quede claro, no defiendo la hipocresía política de MVS: creo, al igual que Sartori, que la realidad primero debe describirse, para después valorarla.

En mi valoración, Aristegui comprometió ilegalmente a MVS en una alianza que no le convenía a esa empresa. En esa conducta hay un claro caso de abuso de confianza.

Y no, los empleados no tienen derecho a establecer una política editorial contraria a la fijada por el patrón (o a fijarla sin consultarlo, si el empleador no les ha concedido poder, mandato, representación, mandato o facultad suficiente para ello).

Y Carmen tiene todo el derecho de aliarse con quien quiera, pero ese derecho implica que lo haga con su dinero y recursos. La libertad implica tomar decisiones respecto a lo propio, no sobre lo ajeno.

Pero MVS también violó la Ley: alteró unilateralmente las condiciones de trabajo que se habían pactado en un contrato. Una vez más, la empresa se quiere pasar de lista (ayer con un Código de Ética, hoy con un tema de Propiedad Industrial). ¿Por qué MVS no acudió a los medios, tanto contractuales como legales, que le permitían rescindir el pacto con Carmen, en lugar de jugar a la presión pública?

Si fue una estrategia para no pagar indemnizaciones, la idea y su ejecución fueron muy torpes.

En realidad, el punto más sabroso (y polémico) de este asunto se encuentra en el aseguramiento de la información de las computadoras de los despedidos Daniel Lizárraga e Irving Huerta: la Ley Federal de Trabajo otorga al patrón la titularidad de lo creado por los empleados, con motivo de su trabajo, pero ¿podrá ponderarse el derecho constitucional a la información en relación con este derecho de apropiación, consignado en una ley federal?

Planteado de otra forma: ¿De acuerdo a los principios de interpretación conforme constitucional y pro persona, el interés público por la revelación de ciertas informaciones, implicaría una excepción o quiebre del derecho del patrón a la propiedad exclusiva de los trabajos periodísticos?

Hoy vi una entrevista con Aristegui en El UniversalTV. Carmen lamentaba no estar en los medios, ahora que se habla de la exoneración de Cuauhtémoc Gutiérrez. De inmediato pensé: «¿Cómo que no está en medios? ¿Y su programa en CNN? ¿Y el portal Aristegui Noticias?».

Se atribuye a Carlos Salinas una expresión, respecto a la sucesión presidencial, emitida para zanjar los rumores de que Manuel Camacho iría como candidato de repuesto de Luis Donaldo Colosio. Hoy puede parafrasearse al ex presidente y decir: «No se hagan bolas, Carmen y Joaquín se equivocaron».

Obviamente, el error le afecta menos al presidente de MVS: sus relaciones con el gobierno deben verse fortalecidas por el cese de Aristegui. Sin embargo, al jugar con un discurso falso, MVS dilapidó el activo que lo distinguía de otros competidores: la credibilidad.

Si MVS se va a dedicar a vender banda ancha de Internet, en lugar de contenidos, quizá le sea intrascendente, pero en este momento sus servicios informativos perdieron su carácter crítico.

Y eso es tan inconveniente para el consumidor como que las galletas Oreo ya no sean de chocolate...