La suspensión del proceso electoral 2021 es una posibilidad de la que casi nadie quiere hablar y menos tomar una posición a favor o en contra. La razón es simple, el cálculo político en escenario tan polarizado y atravesado por una permanente infomedemia que no cede, y que hace que la mayoría de los actores políticos evadan el tema.

Se le ha intentado atribuir a Morena el planteamiento de la suspensión, aunque no se sabe exactamente dónde tuvo origen o si es resultado del aplazamiento del proceso electoral de Hidalgo y Coahuila. 

La respuesta al señalamiento vino de la Secretaría de Gobernación el pasado primero de febrero en conferencia de prensa, se desconoció si alguien del partido, en el poder, se había manifestado por tal situación. 

En la misma conferencia, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que el INE es la autoridad responsable del proceso electoral, de las fechas y en general de todos los lineamientos.

Quien si ha fijado su postura, es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba en un tono que resulta poco sensible y además contradictorio. Por un lado, Córdoba afirma que el destino del aplazamiento derivaría en una crisis constitucional y al mismo tiempo, reconoce que la posibilidad no está exenta derivado del nuevo marco normativo que atraviesa el país justamente por la pandemia de Covid-19 y añade que en todo caso no es “pertinente”.

Durante el informe sobre las elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila del pasado 19 de junio del 2020,  se resaltaron las medidas tomadas para garantizar la salud de “su” personal con el trabajo a distancia, el cierre de módulos, ampliación de vigencia de credenciales o la emisión de certificados digitales para garantizar los derechos políticos de quien no pudo recibir si credencial de elector. Todo lo anterior es de reconocerse, pero estamos ante una elección que pone en riesgo no sólo al personal del INE, sino a la población en general.

Quienes hemos votado o fungido como funcionarios de mesa directiva de casilla o representantes de partido sabemos que más allá del “modelo de casilla” con el que se capacita, la mayoría de los centros de votación resultarán espacios de alto riesgo. 

Imagine usted cuántas personas estarán permanentemente durante toda la jornada electoral entre funcionarias y funcionarios, más representantes de partidos para las distintas elecciones. 

Esta realidad, -que va mucho más allá del diseño- desde la burocracia electoral, obliga a la mesura en las declaraciones de la autoridad electoral que ve más importante en la democracia un bien a cuidar, que la vida misma.