Al final del día los ministro de la Suprema Corte de Justicia consintieron y aprobaron la petición del presidente Andrés López Obrador de someter a consulta la eventual investigación y castigo a cinco ex presidentes.

Es de suponer que lo segundo estará en función de que, en efecto, los imputados (en caso de serlo, en este caso tan singular; se ignora el alcance y aplicación del principio de la presunción de inocencia) resulten responsables. Porque hasta ahora todo indica que no hay “materia” que perseguir.

Hasta aquí todo parece ser relativamente entendible para los profanos, no obstante el reproche de los juristas. Partidarios ortodoxos de que la justicia no se consulta, se aplica. No es popular. Queda claro también que los ex presidentes motivo de consulta son de Carlos Salinas a Enrique Peña, incluyendo el periodo de los panistas.

Todo el periodo neoliberal sometido a un referendo cuyo objeto punible bien a bien no queda del todo claro. Se enrarece todavía más con los cambios que los ministros introdujeron en la pregunta. El presidente ha respondido que se irá aclarando las dudas en el camino. Lo que no se sabe es si el Ejecutivo puede corregir al máximo órgano judicial.

Lo que queda claro es que ahora sí, los poderosísimos ex mandatarios, como cualquier mortal, pueden ser vistos tras las rejas. Ese solo hecho, esa imagen, es motivo de fervor popular, y admiración creciente.

Finalmente, la justicia, como la muerte, nos estaría igualando a todos. La mayor aspiración desde que este México es país libre e independiente. Por primera vez, la línea de impunidad que protege a los ex mandatarios amenaza romperse. Aunque no sea a través de la observancia del debido proceso. Sino a través del clamor popular.

Los panistas en capilla son Felipe Calderón y Vicente Fox. Al parecer, el primero es la joya de la corona. En él se concentra el mayor encono, según se colige del tono de las redes sociales. Priva la sospecha de que se robó la elección en el 2006, con la complicidad del entonces presidente panista, Vicente Fox, y de los consejeros electorales del IFE y ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La otra cuestión que pesa en su contra es su determinación de declararle la guerra al narco y valerse para ello de las fuerzas armadas y sacarlas a la calle. Se colige, y es otro motivo de reproche, que aquella decisión se tomó sin un análisis previo sobre cuáles serían las consecuencias. Se rompieron los equilibrios (“¿tolerados?”)que mantenían en santa calma el trasiego.

Esta segunda cuestión también es entendible en términos generales, pues desde entonces la cadena de la muerte se mantiene en ascenso imparable, con sus secuelas y derivas en otras actividades tan peligrosas como la primera (trata de personas). Regiones del país se encuentran tomadas por los criminales. Con sus estructuras y jerarquías de mando.

No se entienden las razones que pueda haber en contra de Ernesto Zedillo. Con toda seguridad el mejor presidente de los incriminados. Sorteó como ninguno la crisis heredada de Carlos Salinas en 1994. La superó y metió el país en una etapa de crecimiento económico (PIB) que no se ha visto repetida. Además fue el artífice de la transición democrática.

Es posible que obre sobre él el malestar por haber permitido primero y aprobado después en leyes el Fobaproa-Ipab. El mecanismo ideado para salvar la quiebra de la banca. Cierto. En ese proceso muchos vivales se volvieron escandalosamente ricos. Algunos de ellos como deudores, otros como diputados y funcionarios de aquel gobierno.

El caso más emblemático es el de Jorge Estefan Chidiac. Entonces diputado priista, gracias a los empeños de su padre putativo Manuel Bartlett. Fue presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso.

¿De qué se le puede acusar a Fox? ¿De no haber desmontado el viejo sistema corporativo y corrupto del PRI, como lo demandó Castañeda? ¿De haberse mantenido inamovible en los postulados neoliberales en política económica? ¿De haber institucionalizado la política social, en leyes e instituciones? ¿De haber creado el CONEVAL, para evaluar las acciones de gobierno y determinar el grado y tamaño de la pobreza? ¿De haber hecho obligatorios los principios de transparencia y rendición de cuentas en leyes?

¿Y Peña? Peña tiene indulgencia de origen, punto.