El pasado martes 5 de junio el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 Decretos de reserva de agua, los cuales fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

Los Decretos firmados por el ejecutivo federal, que modifican la legislación relativa al uso del agua, han sido calificados por organizaciones civiles, académicos, científicos y un número considerable de legisladores, como un intento gubernamental para privatizar el recurso, favorecer el uso del líquido a empresas mineras, y petroleras que practican la técnica del fracking para la extracción de gas shale, la probabilidad de un aumento generalizado de las tarifas del líquido para consumo humano con lo que los inversionistas privados recuperarían rápidamente su inversión o que se subsidie con recursos de los contribuyentes a las empresas particulares que inviertan en el sector y por último que se beneficie a constructoras y grandes consorcios, en detrimento de los ciudadanos. 

La modificación que hacen los 10 decretos para el uso del líquido son las de eliminar  las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Los diez decretos firmados por el presidente  abarcan diferentes  zonas y ríos seleccionados que son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El uso del agua es un tema muy delicado, y es un derecho que está consagrado en la Constitución  ya que el líquido es vital.

En México, existen 34 millones de personas que dependen para el abasto del  líquido de acuíferos en camino a la extinción, existe inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras que cubren casi la mitad del territorio nacional- dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requeriría un nuevo modelo de manejo y gestión del líquido y para muchos analistas las modificaciones que hacen los Decretos que presentó el gobierno no da ninguna solución de estos problemas y es más, pueden aumentarlos.

La reforma energética, que se aprobó en 2014, creó las nuevas leyes para la industria eléctrica y geotérmica, reformando la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se  abrió la puerta de concesiones de aguas geotérmicas a inversionistas privados para creación y distribución de electricidad. El cambio en la ley de aguas dentro de la reforma energética, se debió a que la geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica, que es usada para la creación de energía eléctrica. 

 La nueva Ley de energía Geotérmica redefinió lo que se entendía por agua geotérmica y yacimiento geotérmico hidrotermal. Al hacer esta redefinición, se permite que los concesionarios privados de un yacimiento geotérmico hidrotermal, y en ambos casos los inversionistas privados puedan hacer uso de esas  aguas para la generación de electricidad.    

Las concesiones para uso y  extracción de agua se han otorgado desde hace mucho tiempo en México y actualmente existen dos tipos de concesionarios, por un lado están los pequeños y grandes agricultores y por otro están los corporativos mineros como Grupo México, Coca-Cola Femsa, Grupo Pepsico, Nestle, entre otro tipo de empresas.

Desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones hidráulicas en 10 estados y sobre 15 ríos; 5 en Aguascalientes; 2 en Zacatecas; 5 en Jalisco; 3 en Colima; 1 en Coahuila; 5 en Durango; 1 en Zacatecas; 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión más grande se otorgó en el 2001 en el gobierno de Vicente Fox, a la Embotelladora de Cuernavaca por 1, 353,000 M3 de agua subterránea de la cuenca del Río Balsas.

El gobierno de Vicente Fox, fue especialmente generoso con la embotelladora Femsa Coca-Cola, tan solo en los dos primeros años de su mandato le otorgó a esta empresa siete concesiones sobre el uso del agua a un costo de 2,054 pesos cada concesión y con permisos que iban desde cinco a 50 años y con la posibilidad de obtener una prórroga por el mismo periodo, aunque estén en regiones con escasez de agua. 

De las 27 concesiones de agua que se habían otorgado  a las embotelladoras en  el 2005, 19 de éstas fueron para extraer agua de las cuencas y 8 para descargar desechos en ellas. La extracción total de estas concesiones es de 9,422,990 M3 de agua por año lo que equivaldría a 27 mil 713 millones de latas de Coca - Cola.

Las embotelladoras no solamente usan sus concesiones de agua para la elaboración de refrescos, también el líquido es utilizado para embotellarlo directamente o después de un leve tratamiento y hacer un gran negocio, ya que los mexicanos son los mayores consumidores per cápita de agua embotellada del mundo, seguido por Italia. Asimismo México es el segundo consumidor mundial por volumen total después de Estados Unidos.  

El mercado del agua embotellada en México,  se encuentra muy concentrado en muy pocas empresas: la francesa Danone, Coca Cola, PepsiCo y Nestlé acaparan el 86 por ciento de las ventas, un mercado valorado en poco más de 10,000 millones de dólares, según reportes de Euromonitor. El negocio del agua embotellada en el país ha crecido gracias a la mala calidad del agua potable en casi todo el territorio nacional y a que en muchos lugares no hay potabilizadoras del líquido, y también a que los sobrecostos que ponen las empresas a estos productos.

En 1999, el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales calculó que el agua embotellada es entre 240 y 10 mil veces más cara que el agua de la llave. El negocio es aún mayor si se considera que PepsiCo y Coca Cola embotellan agua proveniente del sistema de agua municipal, de modo que se vende a la población algo que ya están pagando y no siempre la calidad del agua es distinta en el caso de sistemas municipales de muchos países desarrollados e inclusive de México.

El gran consumo de agua embotellada en México no solamente obedece a la mala calidad del agua que hay en muchas regiones del país, también se asocia este alto consumo a un símbolo de estatus salud, juventud o buena figura y todo esto gracias a una mercadotecnia muy penetrante que usan las trasnacionales para vender su producto. El problema del agua embotellada es que los envases utilizados, son desechables y de materiales no biodegradables que contaminan ríos, mares y otros terrenos además de que para su fabricación se consumen miles de litros de agua.

Hace algunos años, Coca Cola lanzó en México una enorme campaña de publicidad, por no decir agresiva, sobre la responsabilidad de esta empresa para con el medio ambiente, nublando, el enorme impacto ambiental que deja la empresa, sobre todo en lo relativo a la masiva extracción de agua y la generación de millones de toneladas de basura plástica. Desde el 2008, la empresa refresquera lanzó un Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, que proponía sembrar 30 millones de árboles en 5 años. En 4 años se asegura que el programa plantó 31 millones de árboles, logrando restaurar más de 32 mil hectáreas. A esto agregó una campaña de limpieza de agua contaminada, y sus publicistas aseguran haber disminuido el 19.6 por ciento el uso de agua en los procesos desde 2002 (Anuario corresponsables 2012: 104). Si bien a primera vista la reforestación es una forma de regenerar el agua, el problema es que se suele sembrar una sola especie de árboles, lo cual no ayuda a mantener la biodiversidad. Y, aún más, muchos de los procesos de reforestación que, por ejemplo, también impulsa Nestlé en el país suelen tener beneficios directos en tanto se trata de áreas de filtración de agua de los acuíferos donde extraen el líquido para sus procesos de embotellado de bebidas.

Los decretos que firmó el Presidente que eliminan las vedas sobre el uso del agua en ciertas zonas del país  están  lejos de cambiar la forma de concesionar el vital líquido a los privados, tal vez solo se retiren las concesiones a los pequeños agricultores.

Las modificaciones que hacen los decretos podrían desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre ésta.