Ante la ineficacia de quienes deben proteger a la sociedad, y en un dilema extremo, no queda otra más que cuidarnos nosotros mismos.

No se trata de renunciar a la exigencia de tener a una policía comprometida con su labor, se trata de partir de una realidad dramática: Que la policía no solo ha sido rebasada por la delincuencia sino que, en no pocos casos, esta condición nos lleva a sospechar que protege y alienta a los criminales.

Algo está pasando con la policía en general, con sus mandos superiores, los gobernantes mismos, empezando por los alcaldes, los gobernadores, el mismo Presidente de la República, el poder legislativo y el propio poder judicial, a quienes en esta reflexión nos referiremos como “el gobierno”, porque justamente son eso en su acepción absoluta.

¿Qué es ese algo? Que la función operativa de la policía sigue siendo de reacción y, por lo tanto, de corrupción. En México no existe la investigación policiaca, por lo tanto no existe la persecución a los delincuentes.

Algo está pasando con la policía en generals, quiénes y en qué punto operan los halcones y quienes son los jefes, ¿menos la policía y los gobernantes en sus diversos niveles?

Eso ocurre abajo. Es pan de cada día, pero todo indica que al Estado Mexicano no le interesa la seguridad interior en términos de sus ciudadanos, sino la seguridad de su poder mismo.

En una palabra, que el “Estado Fallido” lo padezca la gente, no el gobierno mientras mantenga una buena relación y comparta el poder de las instituciones con la delincuencia.

Lo anterior le ratifica a la sociedad que su seguridad no se encuentra propiamente en la policía y sus gobiernos sino en lo que puede hacer por ella misma.

Le ratifica también que las reformas para procesar y castigar a la delincuencia han sido un soberano fracaso por dos razones fundamentales: 1-Porque la naturaleza de reacción (y no de investigación) de la policía en cualquiera de sus niveles, la corrupción misma que este procedimiento genera, los lleva, en no pocos casos, a no integrar con fundamento los informes y, por el contrario, muchos de ellos son construidos en complicidad con los delincuentes para facilitarles su liberación.

Y 2- Los Fiscales y los impartidores de justicia, jueces y magistrados, basan su trabajo en lo que denominan “el debido proceso”, sustentado en que todo mundo es inocente mientras no se le demuestre lo contrario, aun cuando a los delincuentes los agarren con “las manos en la masa”.

Cierto, el fundamento es toral para preservar en lo posible el derecho humano del imputado, pero el procedimiento, siempre mal hecho, por omisión o por comisión, es justamente el que continuamente viola el derecho humano y de justicia de las víctimas.

Por eso, los ciudadanos tienen harta razón cuando opinan que las reformas a las normas, códigos y procedimientos penales funcionan más a favor de los delincuentes que de las víctimas.

Por otro lado, las policías de todos los niveles andan locas con la multitud de denuncias y en las Fiscalías y el Poder Judicial las llamadas carpetas de investigación llenan no solo las memorias de las computadoras, sino los archivos y bodegas con los expedientes necesariamente impresos.

De mil carpetas, es exagerado decir que cincuenta son las que se cumplimentan. Es decir, si por cada una de ellas hubiese un delincuente, significaría que 950 de ellos siguen sueltos. Las policías no solo no investigan para detener a pesar de la información que tienen respecto a los delincuentes de toda laya.

No accionan. Sino que medio reaccionan ante decenas de hechos delictivos simultáneos que cometen quienes ellos generalmente ya conocen.

Si los gobernantes, los encargados de procurar justicia y los jefes policiacos invirtieran la pirámide y se dedicaran a cazar a los delincuentes y no esperar a que estos actúen, otro gallo nos cantara. No se trata de violentarle sus derechos humanos a nadie, se trata de ir por los delincuentes potencialmente fortalecidos y alentados por la impunidad, libres para su siguiente fechoría porque aún cuando tienen expedientes abiertos, hasta conviven y operan con algunos jefes policiacos.

Si se conocen quiénes son, si han sido denunciados, si hay evidencias que cometieron un delito ¿por qué no ir tras ellos? ¿Por qué no desmantelar sus bases de operación? ¿Por qué no mantenerlos a raya, capturarlos a la primera y refundirlos en la cárcel como buena señal de que se está aplicando la ley?

En este país algo está ocurriendo de parte del gobierno; de cualquier nivel de gobierno porque dejaron a la sociedad a la buena de Dios en términos de seguridad social.

Y esto es así porque, ante un gobierno débil y corrupto, cada día la delincuencia gana la batalla. Es así también porque en las Fiscalías y en el Poder Judicial sigue prevaleciendo el cómo no encerrar a los delincuentes y, su cara contraria, el cómo sí facilitarles que vuelvan a las calles y a sus cuarteles para seguir delinquiendo, vulnerando el derecho humano de los ciudadanos, despojándoles de todo patrimonio, asesinando y, al mismo tiempo, manteniendo una excelente relación con el gobierno.

Cierto, los señores del gobierno lo pueden negar, pero apelando al espíritu central de la reforma penal, la sociedad tiene razón hasta que los responsables de la seguridad pública no demuestren lo contrario. Hasta ahora lo que la sociedad observa es que el gobierno es más camarada de los que violan la ley, que de la gente mayoritariamente honesta.

Hay más: próximamente los señores del gobierno ofrecerán un beneficio más a sus amigos los delincuentes: Podrán, incluso, recurrir a la amnistía. Lo que faltaba.