El vocablo democracia no solo se debe entender como una estructura jurídica o un régimen político, sino que significa alcanzar un sistema de vida bajo el cual se busquen nuevos mecanismos de mejora en el ámbito económico, social y cultural del pueblo, como se señala en el  Artículo 3°, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este modelo se le conoce como: democracia social.

Los ciudadanos mexicanos tenemos derecho: a la alimentación suficiente y de calidad, a disfrutar de vivienda digna y decorosa; al libre acceso a información plural y oportuna, a recibir educación; a vivir sin violencia en todas sus formas y manifestaciones, el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, el acceso a recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, y el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, entre otros más.

Además de todos estos derechos referidos en nuestra Constitución, dicha norma también establece la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo a través de las elecciones libres, auténticas y periódicas, que se realizan en nuestro país y en nuestra Ciudad, a través de nuestra participación como ciudadanos.

La participación ciudadana es el corazón que le da vida a la democracia; sus arterias son las exigencias y demandas ciudadanas, para que funcione adecuadamente. Por ello, resulta necesario que todos los ciudadanos y ciudadanas nos involucremos individual o colectivamente en las diferentes actividades públicas del Estado, para que ese corazón siga latiendo y no muera.

Esta vinculación entre ciudadanos y gobierno, es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar el desarrollo económico, social y cultural de México.

La participación ciudadana, permite dar legitimidad a quienes nos representan en las diferentes instancias gubernamentales,  y que nosotros mismos como ciudadanos decidimos elegir a través de nuestro voto libre, secreto y directo.

La pluralidad de actores y acciones que tenemos en los diferentes tipos de elecciones que se realizan en la Ciudad de México para elegir candidatos a ocupar los cargos de Jefe Delegacional; Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefe de Gobierno, así como cualquier proceso de participación ciudadana, (referéndum, plebiscito, consulta popular),  conllevan a la insatisfacción de la sociedad sobre los resultados electorales, y es aquí cuando se presentan las impugnaciones (inconformidades) en materia electoral.

El órgano encargado de resolver las impugnaciones sobre los procesos democráticos en la Ciudad de México, es el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuya tarea fundamental consiste en proteger y garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos, actuando bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, probidad, máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública.

Flor de loto: Si decides que alguien más decida por ti, tu libertad ha claudicado.

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