Es verdad que no se han planteado con claridad los objetivos estratégicos de la Cuarta Transformación. Pocos podrían exponer de forma categórica cuáles son las metas históricas de la transformación que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es paradójico que, siendo AMLO un potente comunicador, la comunicación política de su gobierno sea inefectiva a la hora de generar ideas sencillas, precisas y fuertes para comunicar la esencia de su programa.
Algunos seguidores e ideólogos del Presidente López Obrador han caracterizado a la Cuarta Transformación más o menos así: se propone cambiar radicalmente las prioridades de la Nación, de tal forma que los que menos tienen, las mayorías, en especial grupos como los pueblos indígenas, sean colocados en el centro de la Agenda Nacional; por lo tanto, se tienen que combatir a fondo las causas económicas, políticas, sociales y culturales de la desigualdad y la pobreza.
La 4T también buscaría que la redistribución del ingreso y la riqueza se realice en un marco de verdadera justicia social. Estas transformaciones no estarían completas si no se acompañan de un impulso decidido de la democracia directa, para que el pueblo cuente con canales de participación efectiva, directa, resolutiva y verdaderamente política en la toma de las decisiones públicas fundamentales. Política sin privilegios y sin intermediarios, ha dicho AMLO.
Empero, lo anterior es una interpretación libre, porque hasta ahora la conversación pública sobre la Cuarta Transformación se ha concentrado más en sus medios y estrategias, que en sus objetivos fundamentales. En efecto, lo que el propio AMLO, sus medios y voceros han privilegiado en su comunicación, son los temas de la austeridad y el combate a la corrupción. Los medios más que los fines.
Como sea, las acciones del gobierno de AMLO en materia de combate a la corrupción, austeridad, disciplina fiscal y contacto directo con el pueblo, han generado múltiples e intensas reacciones que van más allá de las tomas de postura normales ante cada cambio de gobierno. Es evidente que una serie de actores están desarrollando una oposición que va más allá de la defensa de intereses particulares, podría decirse que ciertos actores asumen un papel parecido al del enemigo que actúa movido por la animadversión ideológica, el desdén de clase y la descalificación del origen.
La cancelación del Aeropuerto de Texcoco fue uno de los principales detonantes de la confrontación que hoy tiene lugar. El mensaje de AMLO fue contundente: se cancela el Aeropuerto porque simbolizaba el sometimiento del poder político al poder económico, en un negocio que condensaba sin ambages los usos y costumbres de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas.
Es verdad que el tema del Aeropuerto pudo haberse abordado de otra forma por parte de AMLO, pudo ordenar una auditoría a fondo, con participación social, para identificar a los corruptos, desmantelar las transas, frenar el saqueo y poner condiciones para la continuación de las obras. De ese modo hubiera evitado también los desatinos del proyecto alterno del Aeropuerto en Santa Lucía, pero AMLO decidió lo que decidió y a partir de esa decisión se avivaron las reacciones que, a siete meses de gobierno, intensifican el asedio sobre su gobierno.
Los empresarios, no todos, pero sí los más influyentes, amagan con aplazar y reducir al mínimo las inversiones necesarias para reactivar la economía. En su discurso público, los empresarios no se han confrontado mayormente con el gobierno de López Obrador, pero en los hechos, tratan de condicionar al máximo las inversiones millonarias y convertirlas en un instrumento de asedio que puede descarrilar muchos de los proyectos estratégicos del Presidente.
El reciente acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el gobierno de AMLO para que los empresarios inviertan 32 mil millones de dólares, ocurrió cuando los empresarios quisieron y contiene múltiples condiciones que implican concesiones por parte del gobierno federal, como, por ejemplo, incrementar sustancialmente la inversión pública, lo cual distraerá recursos de sus programas sociales estelares. Además, los empresarios tendrán en todo momento el control del flujo de las inversiones y tratarán de imponer al gobierno decisiones en materia fiscal, aduanera, regulatoria, porque saben que sin las grandes inversiones privadas escalaría el desempleo y disminuirían los ingresos públicos, lo cual descuadraría el escenario de la 4T.
Las grandes calificadoras financieras también juegan su papel. La presión de sus opiniones sobre PEMEX, la CFE, la deuda mexicana y la economía en general, reduce dramáticamente los márgenes de maniobra del gobierno e incrementa la sensación de asedio a una narrativa que, como la 4T, basa su visión en la denuncia de los presuntos abusos de los organismos financieros internacionales.
La creciente ola de violencia e inseguridad, también se ha constituido en estos meses en un factor que cierra la pinza de las presiones sobre el gobierno de López Obrador. No coincido con quienes señalan que los grandes cárteles de la delincuencia organizada, en contubernio con representantes del régimen priista-panista, están generando deliberadamente un escenario de violencia desestabilizadora para tumbar a AMLO. Pero la coincidencia del sensible incremento de la violencia criminal, se constituye en un factor que se suma al asedio del gobierno obradorista.
Desde centros y organizaciones de la más extrema derecha político-ideológica, se impulsa la propaganda más agresiva contra el gobierno de AMLO, que se reproduce en redes sociales y en algunos medios tradicionales. Esta propaganda busca desacreditar y ridiculizar las políticas populares del gobierno de AMLO, en un afán de eliminar no las políticas de López Obrador, sino la idea misma de un gobierno favorable a las causas populares.
Para colmo de males, aparece en escena Donald Trump. Con la amenaza, creíble, de que pude descarrilar la de por sí endeble economía mexicana, le ha impuesto al gobierno de AMLO una agenda migratoria que raya en la humillación, porque lo obliga a reprimir a los migrantes que pasan por nuestro territorio y a recibir a los que lograron llegar a la frontera norte y darles asilo, educación, salud, trabajo y seguridad. El solo hecho de verse obligado a esto, debilita al gobierno de López Obrador y, lo más grave, abre la posibilidad de una crisis humanitaria y una escalada de violaciones masivas a los derechos humanos. Trump personaliza la esquizofrénica espada de Damocles que asigna tintes kafkianos al asedio que sufre la 4T.
Por todo esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a una situación en la que debe tomar decisiones cruciales. Tiene que esclarecer las metas estratégicas de su gobierno y afinar su instinto político para sortear las dificultades y reconstruir las capacidades de la Presidencia y de su equipo. Todo ello, sin perder soberanía, ni ante el exterior ni ante los poderes fácticos al interior del país. Sin desdibujar las vertientes populares de su política y sin contemporizar con los grupos incrustados en su círculo que tratan de restaurar las correas de transmisión de la corrupción y la impunidad.
Para salir delante de esta coyuntura crítica, López Obrador debe hacer un balance autocrítico de estos siete meses de gobierno. Aceptar que el intenso asedio de que es objeto, en parte proviene de su propio entorno: austeridad ciega que deja muertos y heridos en el camino y reduce absurdamente la inversión pública; megaproyectos que tratan de realizarse sin consultas ni consensos; descalificación de esfuerzos sociales independientes; precipitaciones que generan desabastos de medicinas, combustibles, albergues, estancias infantiles, becas; entre muchos otros factores que sus adversarios tienen bien identificados y no dudan en aprovechar para desacreditar a la 4T.
López Obrador está frente al reto de evitar que, dentro de 6 años, su sucesor esté realizando acciones de gobierno con el discurso de se necesita echar atrás la “mal llamada Cuarta Transformación.”. Por eso, es indispensable que defina claramente, cómo va impulsar una educación incluyente y transformadora, una economía sustentable y redistributiva, bienestar sostenible, participación democrática libre, soberanía y dignidad nacionales irreductibles. Un buen paso es la reforma laboral que traerá la democracia sindical y con ello mejores condiciones de vida para los trabajadores. Solo así, con una ruta clara y definida podrá sumar los apoyos que necesita, porque con sus incondicionales, está visto, no le alcanza.