Los elogios públicos a dirigentes y diputados del Partido Morena en el Estado de México por parte del abogado Paulo Díez, habían levantado varias cejas, y también muchas sospechas, por tratarse de uno de los personajes que se ha alineado con los opositores al presidente López Obrador, los cuales son encabezados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Muchos de los miembros del grupo “contrapeso” han expresado en privado su inconformidad por el poco cuidado que se tuvo en la convocatoria para integrar ese frente que tiene como objetivo equilibrar con una posición inteligente, más que con una oposición beligerante, las decisiones de la Cuarta Transformación, y tienen mucha razón. La opinión pública no puede sino extrañarse porque en la lista, al lado de personajes de la talla de Fernando Belaunzarán, uno de los pocos dirigentes de la izquierda liberal, o de Macario Schettino, un analista financiero de primer orden, aparezca un sujeto tan cuestionado como el abogado de la empresa Infraiber.

Además de sus antecedentes de utilizar la presión mediática como método para litigar y tratar de ganar los expedientes que presenta ante tribunales, Díez Gargari es representante de un fenómeno en el que el presidente y sus detractores, tienen coincidencias, la corrupción. Para nadie es desconocido que lo que representa este abogado son los intereses de una empresa que busca la devolución de un contrato que le fue cancelado por las autoridades del Estado de México, debido a irregularidades graves.

La principal irregularidad, que por sí sola invalidaría a Díez Gargari de pertenecer a un grupo que requiere de autoridad moral para dar la batalla desde la oposición política al nuevo gobierno mexicano, es que Infraiber obtuvo dicho contrato en 2011 por asignación directa, a tan solo tres meses de haber sido creada, además que el precio pactado por el servicio era 100 por ciento más elevado que los costos existentes en el mercado. Se trató de un negocio que sólo es posible por la componenda y por la corrupción.

A raíz de que perdió ese contrato, Infraiber se convirtió de la noche en la mañana en una empresa dedicada exclusivamente a denunciar la corrupción de sus antiguos socios, el priismo mexiquense de Enrique Peña Nieto, tratando a toda costa de que la gente viera la paja en el ojo de aquellos corruptos y no la viga que colgaba en el de ellos. Infraiber sólo ha tenido un contrato en toda su vida jurídica, ese que le asignaron corruptamente en Edomex y que estaba valuado en 4 mil millones de pesos; no declara otros ingresos y sólo tiene un empleado: su representante legal, el mencionado Paulo Díez.

A pesar de esos hechos muy concretos, Paulo Díez, hábil en eso de la manipulación mediática, apareció de pronto como un “adalid de la honestidad” cuando lo que defiende como abogado es un esquema delincuencial bastante parecido a un cártel de esos que se dedican a los negocios ilícitos y que no dudan en extorsionar o amenazar a quien sea para seguir sacando provecho y obteniendo ingresos, como trataron de hacerlo el sexenio pasado con Peña Nieto y quieren reeditarlo ahora con López Obrador.

De hecho, este michoacano sólo se ha dedicado en los últimos 4 años a cuestionar a las autoridades que antes eran sus aliadas; las que le dieron a su jefe y socio, Pedro Topete, el contrato de Infraiber. Con el antecedente de ser un personaje bastante hábil en lo mediático, Javier Corral lo contrató como abogado y trató de impulsarlo como diputado federal plurinominal, pero parece que Dios no da alas a los alacranes y se quedó en la orilla, pese a que estaba quinto en la lista.

Siendo candidato plurinominal del PAN se acercó a la elección Mexiquense para presentar una demanda contra el candidato Alfredo del Mazo, a quien, sin mayor elemento de pruebas, acusó de recibir cientos de millones de pesos de recursos públicos para su campaña, una denuncia que, por cierto, ni siquiera fue ratificada. De ese entonces fue que comenzó a relacionarse con dirigentes y diputados de Morena, a quienes no deja de ponderar y de poner como ejemplo de servidores públicos “preocupados por los mexiquenses”.

Pero poco a poco se van esclareciendo las cosas. El periodista José Luis Camacho Acevedo, en su columna de El Heraldo de México, dejó al descubierto que Paulo Díez en realidad está asesorando a Azucena Cisneros, la coordinadora de los diputados de Morena en el Estado de México. Es decir: este señor no anda elogiando a Morena, sino su propio trabajo y asesoría encubierta contra OHL, la empresa a la que Infraiber responsabiliza por haber perdido el contrato millonario obtenido de manos de Gerardo Ruiz Esparza en marzo de 2011, meses antes de que Peña dejara el gobierno mexiquense para irse a Los Pinos.

Aunque en realidad, quienes lo conocen y saben de su capacidad para el engaño y la manipulación, dicen que Paulo Díez no trabaja para Morena, sino que utiliza a los diputados de ese partido para su campaña de desprestigio contra OHL, empresa a la que ha acusado de todo para tratar de que el gobierno mexiquense le retire las concesiones carreteras que opera en esa entidad, como si las leyes y los contratos se pudieran cambiar por caprichos o por odios irracionales.

La pregunta en el aire es cómo pueden aceptar en la Fracción de Morena del Congreso Mexiquense a un asesor que de día trabaja como asesor en un tema que él mismo les ha vendido, porque es parte de su agenda, y de noche, se suma a quienes conspiran contra el gobierno de López Obrador. A menos que Azucena Cisneros sea parte de la conspiración de Javier Corral contra el presidente. ¿Será?