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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la conferencia mañanera de este jueves 4 de marzo que los gobiernos que lo antecedieron “dejaron “como saldo alrededor de 600 mil departamentos abandonados, 600 mil departamentos abandonados, ese es el saldo de la corrupción del periodo neoliberal en materia de construcción de unidades habitacionales, sólo con el propósito de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos; esto, construyendo unidades habitacionales en zonas apartadas, en zonas de alto riego, en zonas donde no hay servicios públicos básicos, en zonas en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud, donde no podía ir el trabajador y su familia a vivir”.
En la conferencia de prensa Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores), dijo que ya se han ubicado 100 mil 345 viviendas, susceptibles de rescatar; otras, aunque están en la misma situación, no es posible recuperarlas o revenderlas porque fueron construidas en zonas de alto riesgo.
El funcionario explicó que en la presente administración se han otorgado un millón 051 mil 769 créditos, con enfoque a los trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos al mes, que regularmente no tienen acceso al sistema financiero.
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tiene un plan de 16 mil 800 millones de pesos para apoyar al sector de la vivienda en su reactivación, luego del golpe que tendría por la contingencia provocada por el coronavirus (Covid-19).
La forma de apoyar la reactivación de financiamiento a la vivienda por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) a través del Banco de desarrollo es a partir de un monto de 8 mil 800 millones de pesos, mismo que tendría el fin de ampliar el plazo para créditos puente vigentes, que permita atenuar la baja en las ventas de vivienda.
El Banco que dirige Jorge Mendoza cuenta con un programa de 6 mil millones de pesos, el cual tendría el fin de otorgar una línea de financiamiento a sus acreditados, de hasta 5 por ciento adicional del monto que prestó inicialmente.
SHF contempla también integrar a más intermediarios financieros, especialmente no bancarios, a su red de instituciones con las que tiene relación y para ello, el programa considera 2 mil millones de pesos para las nuevas instituciones financieras acreditadas.
La actual administración federal, heredó de los anteriores gobiernos que la mayoría de las familias mexicanas no cuenten con acceso a un techo digno a donde vivir; según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a nivel nacional, el rezago de vivienda en México alcanza a 44.7 por ciento de la población, promedio que crece hasta 79.1 por ciento, para el caso de los habitantes de comunidades indígenas.
La crisis económica de 1994 provocó el estancamiento del sector de la vivienda en México. El poder adquisitivo deteriorado y la falta de capacidad financiera a la que se vio sometida la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo le restaban la posibilidad de impulsar al sector.
La estrategia que adoptaron las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa para salir de la crisis del sector fue aplicar los incentivos necesarios para el desarrollo de viviendas nuevas.
Al inicio de la administración de Vicente Fox, el rezago habitacional era de cuatro millones 291 mil viviendas, de las cuales un millón 811 mil se necesitaban construir y cerca de dos millones 480 mil unidades requerían rehabilitarse, mantenerse o ampliarse.
La inversión real de 2001 a 2006 en el sector vivienda fue de 732,789 millones de pesos, cifra superior 294 por ciento a la del sexenio de Ernesto Zedillo.
La meta de la administración de Felipe Calderón fue la de aumentar el financiamiento a mayores estratos de menores ingresos de la población. El gobierno calderonista fue muy considerado con las desarrolladoras proporcionándoles terrenos para la construcción de vivienda.
La estrategia para lograr el cometido de la administración del presidente Calderón era facilitar los créditos hipotecarios a la población de acuerdo a su capacidad de pago, además de estimular la construcción de vivienda. Para las personas con menores ingresos se creó el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, que entregaba un subsidio a las personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, con un esquema para financiar construcción o remodelación de vivienda.
Los gobiernos panistas apoyaron a los desarrolladores inmobiliarios como HOMEX, GEO, URBI, ARA, SARE y HOGARB, para la construcción de vivienda. El esquema financiero que estas empresas usaron en las administraciones panistas fue la de privilegiar la construcción sin garantizar que esas viviendas se vendieran.
Las desarrolladoras construyeron miles de viviendas en zonas lejanas a los centros urbanos y de los centros de trabajo, con costos elevados de transportes y no tenían todas las condiciones de infraestructura adecuada, como agua, electricidad, drenaje, etc. Con el paso del tiempo esta acción de política pública acabó complicando los grandes proyectos de vivienda y provocando que estos no fueran financieramente viables y terminó por impactar en la crisis de vivienda que padecen las principales empresas del sector.
La construcción de viviendas en zonas que no tuvieran los servicios básicos y alejadas de zonas urbanas provocaron un aumento del número de casas abandonadas del Infonavit, que alcanzó 107.33 por ciento entre 2005 y 2012, de acuerdo con cifras oficiales.
Para evitar el colapso hipotecario en México el presidente Felipe Calderón realizó en 2009 el rescate de las desarrolladoras inmobiliarias, mediante el Pacto Nacional Por la Vivienda Para Vivir Mejor y les otorgó 60 mil 150 millones de pesos. Este programa se consideró como un Fobaproa para el rescate de las desarrolladoras.
La ‘fiebre’ de la vivienda en los sexenios panistas llevó a las empresas desarrolladoras, a cometer graves errores financieros, como sobre endeudarse para incrementar, año con año, sus ventas. Al final, su deuda se volvió incosteable, dejaron de pagarla y cayeron en concurso mercantil.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, con la intención de evitar una quiebra y una crisis sistémica en el sector de la construcción, así como de sacar del atolladero a las principales desarrolladoras del país brindó en 2013 apoyos a estas empresas. Tan solo Urbi, Homex y Geo acumularon créditos puente por 100 mil millones de pesos, y sin garantías muchos de ellos proporcionados por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) que es parte de la Banca de desarrollo, esto según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En marzo del 2013 el Gobierno de Peña Nieto presentó el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda. Un esquema de garantías y de acceso abierto a todos los desarrolladores.
Mediante este esquema, la Sociedad Hipotecaria Federal cubrió a la banca comercial e intermediarios financieros regulados hasta el 30 por ciento de las primeras pérdidas que tuvieron en créditos otorgados a desarrolladores para la construcción de viviendas, lo que también se consideró como un rescate a las empresas privadas de construcción de vivienda.
El Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, proveyó un esquema de financiamiento de 15 mil millones de pesos, al promover garantías de primeras pérdidas. Este esquema no impidió que la mayoría de las empresas desarrolladoras de vivienda quebraran, además de poner en serios riesgos financieros a SHF y que miles de viviendas sigan abandonadas.
En resumen, podemos afirmar que la política en materia de vivienda que practicaron los gobiernos que antecedieron a la actual administración federal dejaron un caos en materia de vivienda y una severa crisis financieras en las instituciones públicas que se dedican a otorgar créditos para casas habitación.