Después de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que bloquearon durante varios días los trabajos legislativos en el recinto de San Lázaro, tanto el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hicieron énfasis en que los maestros no serán evaluados (de forma punitiva) en la nueva reforma educativa.Estas declaraciones rápidamente encendieron el debate dentro de la opinión pública puesto que se consideraba la evaluación docente uno de los logros puntuales de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y que supuestamente podría garantizar la calidad en la educación que reciben millones de niños y jóvenes en este país.
Quienes ven inconcebible que el nuevo gobierno de AMLO desaparezca la evaluación obligatoria, lo hacen bajo la óptica del paradigma de la “Medición del desempeño”, concepto surgido de lo que se conoce como Nueva Gestión Pública, y que llama a implementar las buenas prácticas del mundo empresarial en la administración pública.
Los expertos que defienden la evaluación lo hacen bajo el mantra de que “lo que no se evalúa no se puede mejorar”, tomando como base los preceptos del profesor de la Universidad de Harvard, Robert Behn, quien argumenta que la medición del desempeño permite entre otras cosas mantener un control administrativo y presupuestal sobre las organizaciones, motivar a los servidores, aprender de las lecciones y mejorar constantemente.
Indudablemente tanto la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como la puesta en marcha de la evaluación docente buscaron poner en práctica la medición del desempeño con el fin último de mejorar la calidad educativa, sin embargo, su inminente extinción a menos de un lustro de su implementación hacen imposible saber si efectivamente lograban dicho objetivo.
Quienes no están tan convencidos de que la evaluación fuera favorable, ponen sobre la mesa diferentes experiencias internacionales para demostrar que medir el desempeño de manera sistemática no es necesariamente la única alternativa para mejorar la calidad.
Se pone de ejemplo Finlandia, país que sigue siendo uno de los grandes referentes por excelencia, que tiene un sistema completamente informal de evaluación en donde la calidad se logra mediante retroalimentaciones constantes entre profesores y directivos, manteniendo como eslabón principal la confianza que la sociedad le otorga al docente.
Estas voces más críticas inclusive contra argumentan que la evaluación estandarizada tal y como se implementó en México, sin contextualizar las diferencias propias entre regiones y comunidades, podría conducir a lo que se conoce como “desempeñismo”, que es la completa reducción del valor del servidor público, en este caso el maestro, exclusivamente a los resultados de una sola variable.
Lo anterior, sostienen los críticos, tiene efectos colaterales como los registrados en los Estados Unidos, en donde la implementación de pruebas estandarizadas desde el 2001 no solo no mejoraron sus resultados en los rankings internacionales, sino que aumentaron las cifras de “burnout” (síndrome de desgaste profesional) entre docentes y a una mayor rotación y pérdida de retención de talento en dicho sector.
Dado que la evaluación docente dejará de ser obligatoria existe mucha incertidumbre sobre sobre la manera en que esta decisión impactará en la calidad de la enseñanza, sin embargo, también abre la posibilidad de replantear nuevos mecanismos para reforzar la preparación y compromiso de los profesores.
Es necesario entender, tal y como lo señala Dean Karlan, profesor de la Universidad de Northwestern, que cuando no es posible llevar a cabo la medición o evaluación del desempeño existe la alternativa que en su lugar los esfuerzos se enfoquen en construir una nueva cultura organizacional que permita recolectar información esencial para la toma de decisión.
El fin de la evaluación docente no tiene por qué significar el fin de la enseñanza de la calidad, pero debe buscarse construir una nueva relación con los profesores y los magisterios para identificar áreas susceptibles de mejora, aprovechar aquellos elementos funcionales, y explorar posibles sinergias con otros actores como padres de familias y organismos de la sociedad civil.