En la acepción más esquemática, un golpe de Estado es llevado a cabo por las fuerzas armadas para derrocar a un gobernante constitucional. Una perspectiva más amplia considera que no necesariamente deben participar las fuerzas armadas para tipificar un golpe de Estado, porque también los poderes fácticos de todo tipo pueden provocar el derrocamiento. Existen diversas definiciones y abundantes tipologías del golpe de Estado, pero el común denominador es que se trata de una interrupción del orden constitucional con el objeto de reasignar el poder político a través de medios ilegales, ilegítimos y autoritarios.

La historia de México y América Latina es rica en experiencias de golpes de Estado, casi siempre protagonizados por las fuerzas armadas que, en muchas ocasiones no solo derrocaban a Presidentes democráticamente electos, sino que se quedaban a gobernar ellas mismas. Sin embargo, en México hace mucho tiempo que no se hablaba públicamente de este tema.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para asombro de propios y extraños, el fantasma del golpe de Estado está cada vez más presente en el debate de todos los días. El propio Presidente lo ha mencionado en repetidas ocasiones, sea señalando la tentación de la derecha y sus adversarios de derrocarlo, sea reconociendo que el Ejército y la Marina mexicanos jamás se prestarían a un golpe de Estado.

Por su parte, la derecha, los conservadores, los adversarios de López Obrador, han abrazado también el tema del golpe de Estado. En las últimas semanas, en plena crisis de salud, económica, social y de gestión gubernamental ocasionada por la pandemia del Covid-19, los enemigos de AMLO están construyendo una narrativa de caricatura: acusan, con profundo desconocimiento de la teoría y de la historia, que López Obrador está implantando el comunismo en México; y por eso, hay que pensar en la forma de echarlo de Palacio Nacional, incluso están promoviendo encuestas delirantes para que la gente diga si apoyaría o no un golpe de Estado contra AMLO para frenar sus planes comunistas.

Parece que la animadversión y la ineficiencia política ganan terreno por todos lados. En el caso del Presidente López Obrador, su mención explícita del riesgo de un golpe de Estado genera inquietud, desconcierto y, eventualmente, inestabilidad incluso al interior de su gobierno. Bajo esta advertencia, se han desatado las más diversas e inverosímiles lecturas de ciertas decisiones del Presidente, sobre todo las que tienen que ver con las funciones, responsabilidades y protagonismo que está asignando al Ejército y la Marina, que han sido formalmente habilitados para participar en acciones de seguridad pública o construcción de infraestructura civil de todo tipo.

Las preguntas al respecto son válidas: ¿esta relación con las fuerzas armadas obedece a una amenaza de derrocamiento por parte de sus adversarios y por lo tanto es necesario tener cerca a los militares? O bien: ¿las propias fuerzas armadas podrían incurrir en actitudes de insubordinación y por lo tanto hay que fortalecerlas con actividades estratégicas para mostrarles que gozan de la confianza del Presidente?

El tema es sumamente delicado. Por tradición política y por la naturaleza de ciertas instituciones nacionales como el propio Ejército y la Marina, luce poco probable el escenario de una intentona golpista por parte de las fuerzas armadas. Por parte de los enemigos del proyecto del Presidente López Obrador, la tentación parece enorme y, en ciertos grupos, incontrolable. Sin embargo, difícilmente podrían conjugarse condiciones para que la derecha más recalcitrante o los enemigos más acérrimos de AMLO, se animen a sondear siquiera la posibilidad de un golpe de Estado. Ahora bien, la crisis múltiple y profunda que va a generar la pandemia del Covid-19, puede desarreglar significativamente el sistema político, económico y social, de tal forma que tomen fuerza, en todos lados, las ideas rupturistas radicales.

Por eso decía antes que parece reinar una ineficiencia política, o un radicalismo político incontrolable en todos los espacios de poder, incluyendo, desde luego, el gobierno de la República. Este maximalismo, el “todo o nada”, siempre es riesgoso porque necesariamente asume una perspectiva belicista que puede derivar en una disputa encarnizada, sin cuartel y sin prisioneros. Por lo tanto, es necesario que se le abra la puerta a la Política, que AMLO comprenda y entienda que sus adversarios, incluso los más impresentables, tienen derechos e intereses que involucran la fuente de trabajo de mucha gente. Sobre todo, que los enemigos de López Obrador acepten y acaten que el Presidente tiene derecho, atribuciones y respaldo popular para llevar a cabo las transformaciones en las que cree. Y a partir de esas premisas, construir acuerdos.

La Política debe abrirse paso, porque el panorama que se avecina para México por la crisis de la pandemia es sumamente peligroso. Recesión económica profunda, desempleo masivo, erosión de la planta productiva, reducción de los ingresos públicos, incremento inmediato de millones de pobres, todo esto como muy probable resultado de la crisis del Covid-19. Pero el escenario se complicaría más con la inseguridad y la violencia criminal ya existente, que podría incrementarse exponencialmente en los próximos meses por la pobreza y el desempleo.

En conclusión, México, el Presidente, los empresarios, los gobernadores, los medios, los partidos políticos, el Congreso, enfrentan un dilema ineludible: o asumen una visión de Estado para salir de este atolladero; o se empecinan en sus visiones excluyentes rumbo a la inestabilidad, la ingobernabilidad y… al fantasma del golpe de Estado en cualquiera de sus tipos o intensidades.