La decisión de los consejeros del INE en torno a negar el registro como partido político de la organización “México Libre” ha generado en las últimas horas una ola de reacciones, a favor y en contra, motivadas la gran mayoría por sectores o personajes interesados que, de acuerdo a su conveniencia, censuran o aplauden a la autoridad.
Era lógico esperar lo que estamos viendo. Se trata del ruido ensordecedor que se impone a una lectura racional de las cosas, tan ausente en estos días en los que mucha gente cree de verdad que vivimos en un México con estado de derecho, con certidumbre a la inversión, donde se están generando empleos, un país en el que se promueve la salud y el bienestar de las personas, donde baja la pandemia como baja la delincuencia y desaparecen los feminicidios.
Ese país que sólo existe en el discurso oficial abreva o se fortalece como percepción pública, de la polarización y de la capacidad que unos u otros tengan para plantar en la opinión pública (proclive por naturaleza humana a la manipulación y al engaño) ideas a conveniencia. Si buena parte de México cree que el pueblo es “feliz, feliz, feliz” y que ya estamos recuperándonos de la doble crisis, la sanitaria y la económica, es en buena medida porque el que logra imponer su visión y su percepción, es el que tiene de su lado la mejor maquinaria de comunicación. Y ya sabemos de qué lado está esa herramienta.
De modo que no va a ser extraño que las voces de quienes creemos que el consejo general del INE se extralimitó y cedió a presiones para negar el registro a un nuevo partido, como falló al impedir el regreso de la “política confesional” a los comicios, mediante el brazo político de las iglesias evangélicas o protestantes, sean sepultadas por toneladas de tuits, de declaraciones y de conferencias mañaneras que terminarán imponiendo la versión de que fue “la mejor decisión”.
En el ínter, no faltan quienes como la señora Gabriela Warkentin, en ese afán permanente por llamar la atención y tratar de quedar bien, critiquen a quienes por un lado reconocemos la importancia fundamental de la independencia y la autonomía del INE, y por el otro, criticamos acciones o decisiones desaseadas tomadas por el órgano electoral, como si eso fuera una contradicción.
Nada que ver. Es cierto que lo que estamos escuchando son esas versiones interesadas en legitimar o deslegitimar la medida de los consejeros, según conviene a sus intereses, pero en el fondo, allá a lo lejos, también hay voces que queremos rescatar la importancia de que en esta hora podamos dimensionar la verdadera esencia del régimen de institucionalidad democrática en el que todos debemos alinearnos, por legalidad, como podemos ahora, o por necesidad, si llegado el momento, tenemos que enfrentarnos a un mayor autoritarismo.
Lo que queremos decir y de hecho se está diciendo también en las redes, es que el debate que debe imperar no es juzgar decisiones de instituciones fundamentales para nuestra democracia a partir de lo que me gusta o de lo que me convenga, sino a la luz de la legalidad que hemos construido por décadas para fortalecer nuestro sistema democrático.
Y ahí es donde parece flaco el argumento de los señores consejeros, habida cuenta que se sanciona y se viola el derecho político y humano a la asociación, a partir de la información de un supuesto financiamiento ilegal que ni siquiera es corroborado por las vías legales a la que pudieron acceder para dirimir dudas, incluso y hasta con mayor razón, si la plataforma digital para hacer las aportaciones cuestionadas a México Libre prohíben, como asegura Ciro Murayama, ser utilizada por partidos políticos.
En efecto, Clip, que fue la plataforma usada para que “México Libre” captara 1.7 de sus ingresos declarados, hace esa observación a sus clientes de que no se use su recurso digital para el cobro de deuda, para juegos de azar y para actividades de partidos, entre otros servicios. Pero el INE, al no entrar al fondo del asunto, al ni siquiera validar que cada aportación por esa vía fue soportada con copia de la tarjeta bancaria y credencial de elector del donante, cometió una especie de “exceso de omisión” que deja en la indefensión a quienes solicitaron el registro de México Libre.
La decisión de los consejeros puede ser corregida en el Tribunal Electoral, porque se sentencia en automático como una ilegalidad y es parte fundamental para negar el registro, un caso que no fue estudiado a profundidad por la autoridad que determinó improcedente la solicitud presentada por Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Lo peligroso de esta medida es que algunos en el INE estén pensando que para cumplir otras obligaciones constitucionales, tienen que ganar “legitimidad” de cara a la sociedad y “reconocimiento” del partido gobernante, al estilo de los presidentes de la época priista.
Negar el registro al adversario político que más le preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador, no es el mejor preámbulo para entrar a la necesaria discusión de fondo y soportado en la ley, sobre las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, que a todas luces contravienen la norma jurídica y son incompatibles con las campañas electorales de este año y de 2021.
El presidente está a gusto con que se le hagan concesiones graciosas. Pero no olvidemos que ya declaró ser “paladín de la democracia” y “policía antifraude electoral”, y eso significa que no aceptará que se le haga a un lado y menos, que le quiten su principal política de gobierno, las conferencias de prensa diarias, desde donde impone al país una versión del México ideal que según las encuestas, le está dando excelentes resultados.