El candidato de Por México al Frente (¿ellos al frente y los ciudadanos atrás, como siempre?), Ricardo Anaya, está siendo severamente cuestionado por realizar presuntos negocios de manera ilícita a través de compraventa de bienes raíces a precios nada lógicos. Todo ello en el estado de Querétaro, donde sus influencias empresariales y políticas son bastante conocidas.

Mientras tanto, a José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México (habrá que ver quiénes son “todos”), se le achaca, por lo menos, haber tenido conocimiento de la triangulación de fondos que se realizaron a través de la SEDESOL, y cuyo destino final del dinero aún no queda claro.

A su vez, Andrés Manuel López Obrador, quien representa a la alianza partidista, Juntos haremos historia (hay que esperar para saber qué tipo de historia hacen), es criticado por tener a su lado a varios personajes impresentables, entre ellos, al empresario Alfonso Romo, a quien se le atribuye haber hecho negocios turbios con el ex dictador chileno, Augusto Pinochet.

Aunado a lo antepuesto, en las dos últimas semanas hemos sido testigos de una andanada mediática por parte del gobierno federal, a través de la PGR, en contra de Anaya. Si bien el golpeteo en contra de opositores utilizando las instituciones federales no es nuevo, la actual coyuntura política, social y de violencia en México, convierte estas prácticas en un peligro para la estabilidad del país. Sumemos a lo anterior a las fakes news, esas que, por ejemplo, dicen que AMLO es apoyado por Rusia, entonces, el resultado es un ambiente sumamente enrarecido.

Estamos frente a un clima político que, de no cambiar abruptamente, se irá enturbiando cada vez más; los candidatos y sus partidos deberían tener claro que polarizar a la sociedad no es el camino para llevar a buen puerto un periodo electoral, tal y como quedó demostrado en 2006; además de que las condiciones de inseguridad que se manifiestan día con día a lo largo y ancho del territorio nacional, no pueden ser ignoradas.

Los jugadores en el campo electoral son diversos; desde luego están los candidatos, sus partidos y la sociedad civil, pero también juegan los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación y de manera por demás indeseable las organizaciones del crimen organizado, y a estos últimos protagonistas son a los que más conviene el desorden que, con sus desprestigios, provocan los candidatos.

Al país le urgen soluciones, soluciones que solo se pueden dar sobre bases de estabilidad y negociación. Como ciudadanos debemos exigir al gobierno, al INE y a la clase política en general, que velen por el bien común de una nación que hoy se encuentra tremendamente lastimada.

Que se dé el debate, la confrontación de ideas, y que si alguno de los que hoy pretenden llegar al poder es culpable de algún delito, se le procese conforme a la ley. Basta ya de descalificaciones sin sustento, basta ya de seguir dividiendo a la sociedad con discursos intolerantes, basta ya de un gobierno que utiliza su poder para influir en la decisión de los mexicanos.

Estas elecciones podrían ser la última oportunidad para cambiar de manera pacífica el proceder de un sistema que ya es arcaico e ineficiente. No podemos desperdiciar este chance, pues de hacerlo, los únicos ganadores serán los pescadores que esperan pacientemente al río revuelto.