El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) concluyeron su reunión anual de otoño con dos temas impostergables a la luz de los efectos de la pandemia del COVID-19: el reconocimiento de que el confinamiento ha sido una media eficaz en términos sanitarios, aunque su costo ha sido socialmente elevado en algunos países y la necesidad impostergable de emprender una reforma hacendaria si el objetivo es el de combatir la creciente pobreza.

La segunda sugerencia para los países miembros resulta impostergable debido a la secuela de desempleo y el ahondamiento de las condiciones de desigualdad de oportunidades abiertas por la paralización de actividades económicas, que fueron menos costosas para la economía si con los recursos existentes se hubiera tratado de contener la curva de contagios.

Imaginemos lo que hubiera sucedido en México de no haberse impuesto el confinamiento. Es muy probable que el análisis inicial de los efectos de la emergencia sanitaria se centró exclusivamente en la idea de que sería un problema pasajero, de días o quizá de un par de semanas, pero no de meses y eso fue lo que alentó al presidente a no establecer, como exigía la lógica global, a no proponer un plan contracíclico de emergencia económica centrado en la defensa del empleo formal como fuente del consumo interno y de impuestos, que derivó en un desplome del PIB del orden de 20 por ciento.

Desde una perspectiva ideológica limitada, se pensó que evitar endeudamiento, aun cuando el país dispone de una cartera de 60 mil millones de dólares con el FMI con tasas de interés casi marginales, sin considerar que por no utilizar esos recursos de todas maneras el país tendrá que pagar 160 millones de dólares en este año. 

Como sea, por diversas circunstancias, entre las que destaca la caída de la economía, la deuda pasará de 45 por ciento a no menos de 55 por ciento del PIB en un año, lo que significa un sacrificio socioeconómico para el pago de intereses y amortizaciones. 

No solo eso, preferir el mantenimiento de inversiones públicas en obras comprometidas desde la campaña política como Santa Lucía y el Tren Maya o insistir en obras faraónicas para el sector petrolero, con la creencia de que impulsarían de inmediato inversiones privadas y empleos, cuando las condiciones internas son adversas en materia política y jurídica, anticipa que la recuperación será más lenta y difícil de lo deseable. 

Para poder imaginar las dificultades económicas conviene considerar que la mayoría de los países destinaron alrededor del 15 por ciento del PIB para conservar a la planta productiva, el empleo y promover la inversión privada, en México los programas gubernamentales no representan siquiera 0.7 por ciento del PIB.

El tema es preocupante porque México lleva desde finales de 2017 un congelamiento virtual de inversión pública, que no alcanza 14 por ciento del PIB y la inversión pública, por la falta de dinamismo económico no puede crecer más de 2.5 por ciento anual como proporción del PIB, que es insuficiente para cualquier impulso o proyecto social individual. De tal manera, para poder alcanzar una recuperación suficiente para nuestras necesidades, la inversión privada debería ser de un mínimo de 20 por ciento del PIB y la pública de 5 por ciento, en el caso más bajo.

En efecto, aunque el gobierno federal se oponga, en el Paquete Económico de 2022, una vez que pasen las elecciones intermedias se tendrá que incluir una reforma hacendaria con la participación de todos los gobiernos estatales para replantear las posibilidades reales del país para dilucidar los ingresos y, sobre todo, el gasto público. Esa será la oportunidad histórica para hablar de transformación.

Las condiciones van más allá de la censura o el aplauso al neoliberalismo. Dependemos de la realidad y de las insuficiencias no atendidas oportunamente porque las perspectivas mundiales están rodeadas de una incertidumbre excepcionalmente pronunciada y la recuperación del año próximo exige usar todas las herramientas de política a nuestra disposición para derrotar la pandemia, proteger los puestos de trabajo y restablecer el crecimiento.

En 2021 el respaldo fiscal focalizado en el asistencialismo sobre los verdaderamente vulnerables y alejado de los caprichos gubernamentales ineficaces frente a las circunstancias será crítico para brindar una red de protección a los hogares y las empresas más afectados, y para sentar las condiciones para una rápida recuperación. 

Seguir con la tendencia actual, dará un régimen igual o peor que los anteriores.

@lusacevedop