Por enésima ocasión la polémica envuelve a la concesionaria Aguakan. Esta vez el escándalo alcanzó niveles antes insospechados: la bancada de Morena en el Senado propuso el 6 pasado un proyecto de decreto que, de ser aprobado por la comisión correspondiente y el pleno, acabará con “el negocio”. Con mayoría, parece inminente.

La iniciativa presentada por el presidente Martí Batres pretende asentar en la Ley de Aguas Nacionales que la gestión del vital líquido debe ser pública y sin fines de lucro. Para ello se deberá modificar el Artículo 4 de la Constitución, precisamente uno de los tres caminos para revertir las concesiones. Los otros dos son: mediante una demanda interpuesta por un ayuntamiento (obra una de Puerto Morelos) y comprobar irregularidades financieras a la firma, lo cual se investiga en Benito Juárez y Solidaridad.

Respecto a lo último, Gerardo Mora Vallejo, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, afirmó que sí es viable pensar en una posible cancelación de dicha concesión; sobre todo, porque a través de auditorías se han detectado presuntos desvío por cerca de mil millones de pesos.

A todo ese contexto se debe sumar la postura de Laura Beristain Navarrete, presidenta electa de Solidaridad, quien sostiene: “Aguakan debe irse”. Y no sólo ella, sino un grupo numeroso de servidores públicos electos por lo que también cambiarán las reglas locales del juego en perjuicio de la empresa.

Pero nada es fácil. Cuando reventó la polémica hace dos años, en el marco de la transición con alternancia, los concesionarios adujeron que no sería tan sencillo por la indemnización (en CAPA aceptaron entonces no tener recursos económicos), además de que la ley establece procedimientos específicos; es decir, no sería barato ni simple.

Por su lado, Aguakan no baja los brazos. De entrada, evidencia que el concepto “privatizar” está mal empleado, ya el agua no se privatiza, sino se concesiona el servicio, pero los activos siguen siendo propiedad del estado, en tanto que la titularidad y responsabilidad es siempre del gobierno estatal.

Aunado a ello asegura haber excedido sus deberes. Un ejemplo: una de sus responsabilidades principales es invertir mínimo 11.4% de sus ingresos en proyectos de infraestructura, cifra que fue duplicada al ejercer más de 750 millones de pesos en los últimos cuatro años y un total de 3 mil 500 millones desde el inicio de los contratos, sólo en Playa del Carmen.

El tema parece politizado al extremo. De retirarle la concesión, ¿qué organismo, público o privado, estaría en condiciones de hacerlo mejor? Las omisiones y los abusos de Aguakan han sido documentos, aunque la disputa está lejos de acabar. Veremos cómo concluye.