Si los bloqueos lo permiten, el bloque mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, aprobará la Miscelánea Fiscal con la que el gobierno federal buscará captar mediante diversas contribuciones 5.5 billones de pesos durante el próximo año que, si bien son insuficientes, resultan indispensables para financiar todos sus proyectos de transformación nacional.
En el documento base que discutirán los partidos políticos en el pleno se incorporaron 46 modificaciones a 66 artículos de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Producción y Servicios), así como en el Código Fiscal de la Federación (CFF) que es el catálogo de sanciones para la ciudadanía.
Como se esperaba, no hay acciones para ampliar la base de contribuyentes ni estímulos o facilidades para los cautivos; sin embargo, es evidente el rezago tecnológico de los legisladores que no fueron capaces de mostrar indicios de innovación para incorporar a las plataformas tecnológicas y a los esquemas financieros digitales (Fintech) en el pago de impuestos.
La Cuarta Transformación se sustentará en 2020 nuevamente sobre los contribuyentes cautivos y se mantendrá el privilegio para la economía informal en todas sus vertientes, especialmente el ambulantaje.
De las 46 modificaciones hechas -para bien o para mal- a los impuestos mencionados y el Código Fiscal, sobresalen las del Impuesto Sobre la Renta en donde se eliminó la propuesta del Ejecutivo para gravar las ventas por catálogo (Ley AVON), pero se faculta al SAT para que al paso emita reglas que lleven al pago de impuestos, lo que eventualmente será una ventanilla de amparos.
Las plataformas digitales en general estarán obligadas a proporcionar el RFC de sus clientes o ser sujetos de una retención del 20 por ciento, lo que tendrá efecto a partir de junio de 2020 y ya no en abril. Además, estarán facultadas para emitir un comprobante simplificado.
En materia de inversión se cambiará el esquema para considerar como sujetos del impuesto sobre la renta a los socios o asociados de fondos extranjeros que inviertan en empresas mexicanas. También se reduce de 10 a 3 años la limitación de deducciones de interés, sin afectar al sistema financiero, industria extractiva en general y deuda pública. Las pérdidas fiscales por ISR tendrán hacia adelante un tratamiento más riguroso y el esquema de Fibra tendrán que identificar a los fideicomitentes e inmuebles.
Por lo que toca al IVA se observa un sesgo fiscalizador interesante en lo que se refiere a la llamada Economía digital en donde se eliminan como servicios a la publicidad y el almacenamiento de datos, que ahora pagarán impuesto.
En ese esquema, en materia de telecomunicaciones, a partir de junio de 2020, se considerará receptor cuando el teléfono tenga el código de país que le corresponde a México; para efectos fiscales, la firma electrónica será indispensable; se sustituirá la suspensión temporal de la conexión por bloqueo temporal de la página de internet, con sanciones para las plataformas de intermediación digitales si no cumple las nuevas disposiciones.
Si en otros impuestos tuvieron influencia los especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios, con el IEPS se suavizó el tratamiento que se pretendía en el caso del gravamen para tabacos labrados y a las bebidas saborizadas.
Por cuanto al Código Fiscal de la Federación, se matizaron las descalificaciones en contra de quienes llevan a cabo esquemas de planeación fiscal; además se eliminó la determinación de existencia de la Cláusula general antiabuso, que afecta solo casos específicos.
Se eliminaron los esquemas reportables inciertos al igual que las acciones del Comité evaluador y disposiciones anexas. También se canceló el certificado de Sellos Digitales y se establecen nuevas normas para establecer la Responsabilidad solidaria de accionistas.
Esta muestra refleja la preocupación gubernamental por recaudar lo más posible, pero sin promover cambios de fondo en la estructura fiscal.
Muchos de los privilegios de operación y asignación prevalecen, especialmente en el proceso de redistribución del ingreso nacional, así como en la coordinación del gobierno federal con estados y municipios, lo que agravará las diferencias económicas y de bienestar entre el norte, centro y sur del país.
Pero lo peor del primer esquema del plan de ingresos de la Cuarta Transformación es que no favorece la ampliación de una base de contribuyentes agotada, sobreexplotada y sin certidumbre jurídica, mientras que en 2020 la informalidad gozará de cabal salud.
@lusacevedop