Como lo mencionó el presidente Peña Nieto en su alocución al pueblo de México, el ciclo reformador, en su etapa legislativa, ha concluido. Para bien o para mal, se ha reformado profundamente la estructura del Estado mexicano, misma que fue la base del régimen de partido hegemónico que perduró durante 70 años. Las reformas en materia energética, educativa, financiera, telecomunicaciones, política y de transparencia tienen como propósito principal, por lo menos en el papel, desmontar los monopolios sindicales, económicos y de representación política, en beneficio de los ciudadanos.

Pero si analizamos un poco la historia reciente de México, no es la primera vez que se aprueban reformas de gran envergadura, las cuales, como ahora, se anunciaron con gran bombo y platillo como las soluciones que harían que, por fin, México alcanzara niveles de bienestar comparables a los países desarrollados.  Recordemos la privatización de la banca, la liberalización del ejido y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con sus pobres resultados en materia de crecimiento y desarrollo económico, por citar algunos ejemplos. Los niveles de pobreza en nuestro país no han hecho más que aumentar en los últimos 30 años.

¿Realmente fueron reformas mal planteadas y concebidas? ¿O lo que realmente falló fue su implementación? Pero entonces, ¿qué se requiere para implementar razonablemente bien cualquier tipo de reforma? En el punto de vista del que escribe, el elemento fundamental que explica el paupérrimo nivel de desarrollo de nuestro país y la pobre implementación de reformas anteriores, es la ausencia de un estado de derecho real, en el que las leyes se cumplan a cabalidad y sin excepciones.

 Para lograr un auténtico estado de derecho es menester contar con instituciones fuertes, integradas por políticos y funcionarios con un alto sentido del deber, ética pública, técnicamente competentes y políticamente responsables ante la ciudadanía.  En países con altos niveles de desarrollo, las instituciones públicas están conformadas por  burócratas que ocupan sus cargos mediante exámenes de oposición y cuya permanencia en los mismos depende de evaluaciones a su desempeño. Son naciones que cuentan con servicios civiles de carrera consolidados, que operan sin las simulaciones que caracterizan el servicio profesional de carrera mexicano.

Para el politólogo argentino, Agustín Ferraro, “la ausencia de burocracias profesionales permanentes  es uno de los principales factores que explican el hecho de que ningún país de Latinoamérica haya podido alcanzar, hasta la fecha, un desarrollo económico pleno y sostenido”[i]. En México aún no funciona plenamente el servicio profesional de carrera en la administración pública federal y en los gobiernos estatales y municipales el rezago es aún peor.

Por otro lado, será de suma importancia el papel que tenga el Congreso de la Unión en la  supervisión de la implementación de las reformas estructurales. Usualmente, los legisladores mexicanos tienen una concepción errónea de su rol dentro del sistema político: creen que su trabajo se circunscribe únicamente a legislar, dejando de lado otra de las funciones por antonomasia de los Poderes Legislativos, la del control del Ejecutivo. Es por ello que una vez que aprueban una legislación, no se toman la molestia de dar seguimiento a la misma, ni de estar en contacto permanente con los responsables directos de la implementación a efecto de que se produzca una virtuosa retroalimentación que permita que el proceso de “aterrizaje” de una ley sea lo más eficiente posible. Lo único que hacen esporádicamente es llamar a comparecer a algún secretario de Estado, sin que las resoluciones de dicha comparecencia tengan algún peso jurídico específico.

Qué diferencia con los casos de Alemania o Estados Unidos, donde algunos estudios han comprobado la enorme influencia que, sobre todo de manera informal,  tienen sus respectivos Congresos en la implementación de las políticas públicas, señalando que dicha influencia -que por lo demás  consideran muy positiva- puede ser  aún mayor que la del propio Poder Ejecutivo. En la academia se  habla de un “cogobierno parlamentario” en Alemania y de una “hegemonía” del Congreso sobre la burocracia federal, para el caso de Estados Unidos.[ii]

Como resumen, considero que México solo alcanzará niveles elevados de desarrollo cuando se tenga un genuino estado de derecho, para lo cual se requiere, primeramente, mucha voluntad política para tomar medidas de variopinta índole, entre las cuales destaco que es imprescindible impulsar una reforma constitucional que establezca la obligatoriedad del servicio civil –o profesional- de carrera para los tres niveles de gobierno, con una serie de mecanismos que aseguren la transparencia en su funcionamiento. Además, es indispensable que los legisladores mexicanos conozcan y utilicen plenamente sus facultades para cumplir su función de contrapeso y control del Poder Ejecutivo,  supervisando y participando activamente  en la implementación de las reformas estructurales recientemente aprobadas. La aprobación de la reelección legislativa puede abonar, y mucho, a fortalecer el papel de los senadores y diputados mexicanos en dicha labor.

Para finalizar, cito al expresidente Ernesto Zedillo, para subrayar que a  México le urge, y mucho, “estado de derecho, estado de derecho y estado de derecho”.

[i] Ferraro, Agustín. “Control parlamentario sobre la implementación de políticas públicas. El (escaso) aporte del Congreso a la eficiencia administrativa en América Latina” disponible en http://cde.usal.es/master_bibliografia/bibliografia/congreso_marti.pdf

[ii] Ibid