La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se ejercerá en el año 2019 es una de las facultades y, al mismo tiempo, obligaciones más importantes de la Cámara de Diputados. A partir de una visión integral de gobierno, se autorizan los recursos necesarios para el establecimiento de políticas públicas y la operación de los programas destinados a la atención de más de 120 millones de mexicanos. El PEF es lo que gastará el gobierno en un año.

No obstante las múltiples y urgentes necesidades, el presupuesto que autoricemos debe ser particularmente racional. Resulta tan sencillo como la economía de nuestra casa: no debemos gastar más dinero de los ingresos que podamos obtener. Aún en la posibilidad de adquirir deuda pública para atender ciertas necesidades específicas, el propio presupuesto debe considerar el costo que representa esta deuda.

Los recursos económicos para el presupuesto del gobierno federal se obtienen de las dos principales fuentes tributarias que son el impuesto sobre la renta (ISR) -que pagan tanto las empresas como las personas por concepto de  ingresos-, y el impuesto al valor agregado (IVA), es decir, el impuesto que pagamos cada vez que compramos algún producto –un refresco, un televisor, ropa, un automóvil, etc–,por el valor que se le agrega a una mercancía en su proceso de producción.    

El gobierno también obtiene recursos a través de los bienes y servicios que genera (como la venta de petróleo), y otra fracción del gasto se obtiene de la deuda que contrate el gobierno. De esta forma, si el gobierno requiere de más recursos, necesariamente tiene que recurrir a estas fuentes: impuestos, petróleo o deuda. No hay más.

Durante su campaña política, el presidente electo hizo una serie de compromisos que tienen que ver directamente con la disponibilidad de recursos; todo programa de gobierno tiene un costo y este debe estar considerado dentro del Presupuesto de Egresos. De acuerdo al próximo gobierno, estos compromisos requieren de al menos 500 mil millones de pesos para el próximo año. 

Sin embargo, diversos medios han dado a conocer que entre las prioridades del presupuesto que se está elaborando no se ha considerado la atención a la población indígena –se infiere que será atendida a través de otros programas sociales–, ni el fondo para la prevención de desastres; los gastos por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco tampoco han sido especificados.

De hecho, el gasto burocrático que se propone –es decir, la nómina de los funcionarios y empleados de gobierno– es 444 mil millones de pesos más elevado que en el presupuesto del año que está por concluir.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer el viernes pasado, entre los “gastos intocables” que tendrán que considerarse para el presupuesto de 2019, destacan que la nómina de servicios personales pasará de 808 mil millones de pesos ejercidos en 2018 a 1 billón 252 mil millones para el siguiente año, además del gasto por intereses de la deuda y el pago de pensiones y jubilaciones.

En contraste, la próxima administración prevé recortar el apoyo que la Federación dará a los estados y municipios, pues de 1 billón 553 mil millones de pesos que se repartieron este año, en 2019 se ajustarán a sólo 703 mil millones de pesos. Esto supone la concentración de recursos y un duro golpe al federalismo, ya que la mayor parte de los ingresos de estados y municipios provienen de la Federación.

Hasta ahora, tampoco se ha dicho cuánto costará el aumento de las pensiones para adultos mayores, becas escolares para todos los estudiantes de preparatoria, capacitación laboral para jóvenes, la creación de 100 universidades públicas, el Tren Maya y una nueva refinería. 

Si no aumenta la recaudación de impuestos, ¿cómo piensa el próximo Gobierno lograr que el dinero alcance para cumplir con estos compromisos? Según el presidente electo, la respuesta está en  "eliminar por completo la corrupción".

Este supuesto –aunque deseable- es subjetivo. La corrupción no está integrada en ninguna partida presupuestal y por tanto, aunque exista no es cuantificable ni disponible. La corrupción resulta del mal uso y la apropiación indebida de los recursos públicos considerados en los programas de gobierno; esos recursos están destinados para un fin específico –construcción de escuelas, carreteras, servicios de salud, entre muchos otros–, y deben ser ejercidos en su totalidad. 

Si el combate a la corrupción supone “ahorros” para el nuevo gobierno, estos tendrán que ser aplicados en los programas que fueron autorizados. Disponer de recursos públicos para acciones que no están consideradas dentro del presupuesto también es un delito, es una práctica habitual de corrupción y representa una de las prácticas más perniciosas de la administración pública. 

Los diputados federales estamos a la espera de recibir el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal. Será nuestra tarea analizarlo, discutirlo y aprobarlo; el país requiere un presupuesto que privilegie la política social y no aquél que abra la puerta al populismo.