Muy cuestionado será el hecho de que la Fiscalía General de la República haya decidido proceder penalmente contra dos candidatos líderes en Nuevo León.

No entraré en ese debate, que enrarecerá, todavía más, el ambiente electoral de este 2021, bastante contaminado desde que el INE y el Trife quitaron las candidaturas a los candidatos que llevaban la ventaja en Guerrero y Michoacán.

Me concretaré, ahora mismo, a analizar la redacción del boletín de la Fiscalía General de la República Y sus consecuencias prácticas para todos los partidos en Nuevo León.

La FGR actúa

√ “La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.  

√ “Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián ‘D’, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”.  

√ “Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente. La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.

√ “Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel ‘G’, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel ‘G’; de su esposa Mariana ‘R’; y del padre de esta, Jorge ‘R’; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.

¿Qué significa lo anterior?

Adrián de la Garza, ya, a la cárcel

En el caso del candidato del PRI, dice la FGR, ya “se ha abierto la carpeta correspondiente” por las acusaciones de estar comprando votos mediante tarjetas para las mujeres de Nuevo León.

Por lo tanto, tal “carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.

No parece haber la menor duda de que, muy pronto, antes de las elecciones, se determinará la “prisión preventiva oficiosa” contra Adrián de la Garza por violaciones al artículo 19 de la Constitución Mexicana.

Samuel y Mariana, judicializados quizá hasta después de las elecciones

El segundo caso, el de Samuel Garcia, candidato de MC; su esposa, Mariana Rodríguez, estrella de Instagram, y los padres de él y ella, pareciera, por el tono de la redacción del boletín de la FGR, que apenas empieza a elaborarse la carpeta de investigación “para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso”. Es decir, no se habla expresamente de prisión preventiva oficiosa ni, tampoco, de que el asunto se judicializará, “en breve”, la denuncia.

Creo que, en este contexto, no son lo mismo el “en breve” de llevar ante un juez a Adrián de la Garza para que ordene la “prisión preventiva oficiosa” que el “obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda” sobre Samuel y Mariana.

Adrián ya está casi seguramente fuera de la contienda; Samuel quizá seguirá, pero...

Todo lo anterior significa que el PRI deberá buscar un nuevo candidato a gobernador de Nuevo León. Podría ser Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía federal y negociador del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Si Ildefonso aceptara, no sería un mal candidato y hasta podría mejorar los números de Adrián de la Garza en las encuestas. Pero no sé si todo lo que se necesita para rebasar al líder, Samuel García.

El abanderado de Movimiento Ciudadano se ve hasta cierto punto seguro de que el proceso en su contra no lo llevará a la cárcel, que sería lo único que le quitaría la candidatura:

Pero no debe confiarse tanto el señor García, ya que todo apunta, más bien, a que la denuncia en su contra se judicializará después de las elecciones.

Es decir, en caso de que Samuel ganara y la FGR lo castigara, se anularía la elección en Nuevo León.

Juego nuevo

Habría, en ese escenario, el de la anulación, una nueva jugada electoral, quizá con una baraja nueva.

Mucha gente comenta que Morena y el presidente AMLO ya no seguirán desgastando a Clara Luz Flores, por lo que, si las votaciones se repitieran, ya no sería candidata: se aprovecharía su experiencia y su capacidad en algún cargo relevante en el gobierno federal.

Lo que dicen personas cercanas a la 4T es que Morena, si la elección tuviera que celebrarse de nuevo, seleccionaría como su candidata a Tatiana Clouthier, actual secretaria de Economía.

El PRI probablemente seguiría con el reemplazo al que pronto recurrirá en lugar de Adrián de la Garza, el ya mencionado Ildefonso Guajardo.

¿Y el PAN? En este escenario el panismo podría ser el más favorecido, ya que podría al fin volver a ser lo que alguna vez representó en Nuevo León: la principal fuerza política, quizá con el mismo candidato actual, Fernando Larrazabal —quien necesitará más apoyo de las viejas figuras de su partido, que están retiradas, pero mantienen su prestigio—, o bien con otro candidato, que tendría que salir de la llamada sociedad civil, probablemente el actual alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, quien debería renunciar a su triunfo, si lo consiguiera, en el actual proceso electoral sampetrino, lo que llevaría a una nueva elección en ese municipio.

¿Y Movimiento Ciudadano?

El partido de Dante Delgado solo tiene una opción fuerte, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien para aspirar a ser gobernador debería renunciar, si lo lograra, a su triunfo electoral en la alcaldía de Monterrey. Esto anularía las votaciones en la capital de Nuevo León.

¿Pueden los candidatos triunfantes en elecciones municipales renunciar a sus victorias para competir en una elección de gobernador anulada? No le veo mayor problema. Cualquier posible prohibición en las leyes electorales chocaría contra el derecho constitucional a ser votado.