No es sorpresivo que Aeroméxico esté cerca de la quiebra. La situación mundial por efectos del COVID es terrible. Máxime para la industria aeronáutica, donde los vuelos han descendido entre un 50 a un 90% dependiendo de la geografía y frecuencia de los vuelos. Es una situación que da tristeza por diversas razones, entre ellas todos los puestos de trabajo en juego.

Lo que es inadmisible es la forma de tergiversar información y aun ocultarla.  

Así, el 20 de junio, Aeroméxico negó públicamente información sobre sus reportes. En ellos, se hubiera leído su posible y hasta entendible bancarrota. Pero aun con lo anterior, era imposible engañar que tan solo en el primer trimestre del año la aerolínea perdió en la Bolsa la ingente cantidad de 2 mil 508 millones de pesos.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico  llegó a publicar un desplegado de prensa diciendo que no se llegaría a la quiebra, ni se solicitaría la reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. Once días después, el proceso voluntario de solicitar ampararse bajo dicho capítulo es un hecho.

¿Qué buscó Aeroméxico al negar lo que sabían los analistas? No lo sabemos, se puede barruntar que hundió a sus accionistas al darles falsas esperanzas para con ello intentar evitar una debacle aún mayor. Lo cual es injusto, máxime que se trata de quienes han apoyado a la empresa a lo largo del tiempo. Sí, con ganancias, pero también asumiendo los riesgos de invertir.

Doblemente problemático si recordamos que la empresa estadounidense DELTA posee el 49% de las acciones de la aerolínea mexicana. Imposible creer que quien posee como ente único el mayor porcentaje de acciones desconociera que la empresa estaba quebrada y debería utilizar el Capítulo 11 de la citada ley.

Lo peor es que no se dijo la verdad a sus empleados, al hacerles creer que podían contar con la empresa, cuando se veía la quiebra inminente y no, no es que se pudieran mover a otras latitudes o aerolíneas a trabajar, pero sí al menos saber dónde estaban parados y ver cómo lograr una sinergia con Aeroméxico/Delta para enfrentar mejor esta crisis.

Tampoco se informó adecuadamente a los clientes que pueden aún estar varados en algún lugar (serán muy pocos) y que ahora deberán solicitar el traslado al gobierno de México (si están en el extranjero) o buscar por sus propios medios, el regresar a su lugar de origen si se encuentran en territorio nacional. Delta como dueña del 49% de la compañía, ¿podría hacerse responsable de los varados en el exterior?

A todo lo anterior, dio una razón más a los inversionistas nacionales y extranjeros para no confiar en México.  

Exigimos al gobierno transparencia, claridad en las cuentas. Es lo mínimo que también deberían entregar las empresas del tamaño de Aeroméxico. El no informar absolutamente todos los detalles sobre los reportes no es ético, si además algunos de sus accionistas principales conocían del hecho: sería aprovecharse en base a ello de sus accionistas y clientes. Un abuso, pues.

Aeroméxico no será recordada como una empresa que supo enfrentar la crisis y habló de forma clara con sus accionistas y clientes. Como lo han hecho muchas empresas. Tan solo se recordarán sus maniobras para dar a conocer cifras precisas. No es de empresarios comprometidos con la sociedad. La quiebra pudo haber sido enfrentada como lo hacen tantas empresas. No es su culpa. No hablar con absoluta claridad al respecto, sí lo es. Aeroméxico quebrantó la confianza y quizá –tendrán que determinarlo las autoridades financieras– también la ley.