La constructora  Ingenieros Civiles Asociados (ICA),  que durante muchas décadas fue la empresa que realizó los grandes proyectos de infraestructura del país, (carreteras, puentes, multifamiliares, presas, el Metro de la Ciudad de México, entre otros), siempre contando con la preferencia  de los gobiernos priistas desde Miguel Alemán e incluso de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; pero actualmente, la compañía que fundó Bernardo Quintana, ve derrumbarse sus finanzas, cuando sus acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han perdido en  tres años más  del 90 por ciento de su valor.

A finales del pasado mes de febrero la constructora anunció el  retraso para la presentación de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2016 y de un convenio de la asamblea general que provee a Guadalupe Phillips, CEO de la empresa, con el poder suficiente para declarar en bancarrota a la empresa de ser necesario, lo que ocasionó temor entre los inversionistas por lo que  acciones de la compañía cayeron hasta 11.5 por ciento el lunes 27 del mes pasado en el intradía de la BMV.

Los motivos por los que la empresa mexicana de construcción, está pasando por una severa crisis financiera se deben principalmente a una mala administración, el sobreendeudamiento en dólares, los sobrecostos en que ha incurrido la constructora en varios proyectos, la competencia de constructoras extranjeras como OHL que cuenta actualmente con una mayor aceptación por parte del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.     

 La crisis por la que está pasando  ICA  no es nueva, en mayo del año pasado  en una semana acumuló una pérdida de 443.3 millones de pesos: las acciones del grupo en esos días tuvieron resultados negativos, al perder 7.36 por ciento. En esos 7 días su valor de mercado pasó de mil 743.1 millones de pesos a mil 299.8 Millones de pesos. Sus títulos bursátiles  pasaron de 2.87 pesos (cierre del 16 de mayo del año pasado) a 2.14 pesos (en la jornada del pasado lunes 23 de mayo del 2016), lo que representó una pérdida de 25.44 por ciento.

Los problemas financieros y la insolvencia para cumplir con el pago de sus créditos por parte de  ICA, ya está acarreando problemas al empleo ya que la empresa ha tenido que recortar 13 mil 500 personas de su nómina. La constructora a finales de 2014 tenía una planta laboral de 31 mil 302 empleados, actualmente, tiene un 43 por ciento menos.   

Las deudas de la constructora ya le están ocasionando problemas a la banca comercial, el mayor prestamista bancario de ICA es Banco Santander, que tiene el 25 por ciento del total de la deuda, unos 400 millones. Le siguen Deutsche Bank, con el 19 por ciento; Banorte, con 18 por ciento; Imbursa y BBVA, con un 6 por ciento de exposición y unos 100 millones de riesgo.          

No solo los bancos privados  han otorgado créditos para varios proyectos de construcción de infraestructura a ICA, la banca de desarrollo también ha otorgado préstamos a esta empresa, sobre todo Banobras, lo que pone en peligro el financiamiento de otros proyectos por parte de las instituciones fiduciarias gubernamentales, por la falta de pago de la constructora que actualmente comanda Guadalupe Phillips.

El consorcio constructor que agrupa once subsidiarias y tiene operaciones internacionales, no pudo cumplir en diciembre del 2015 con sus obligaciones de pago de intereses por valor de unos 31 millones de dólares cuyo vencimiento había prorrogado desde el 29 de noviembre de ese año, detonando desde entonces versiones sobre una eventual quiebra y un tremendo impacto en sus cotizaciones en la BMV, para agudizar la depreciación que en seis años se estima es del 75 por ciento.

El negocio de la construcción de ICA, que ha registrado un  negativo de 6,669 millones de pesos (326 millones de euros), arrastra varios problemas con los sobrecostos que le han llevado a sufrir penalizaciones e, incluso, a hacer inviables algunos proyectos. Este es el caso de la autopista Barranca Larga-Ventanilla (Oaxaca) cuya construcción se ha suspendido porque los sobrecostos y las actualizaciones de tráfico “han propiciado que el proyecto sea inviabilidad financieramente”. ICA asegura que está negociando con la Secretaría de Transportes y Comunicaciones de México, pero no hay avances.

A su vez, a finales de 2014, ICA llevó a juicio al Estado de Puebla por no asumir el pago de una serie de sobrecostos en la modernización del distribuidor vial de la autopista México-Puebla. Las cuentas de “dudoso cobro” han pasado de los 961 millones pesos en 2013 a los 6,672 millones de pesos (unos 325 millones de euros) a diciembre de 2015.

En mayo del año pasado  ICA informó que pelea a gobiernos y a una empresa el pago de 4 mil 656 millones de pesos por obras que terminó, pero no le han remunerado, así como un terreno expropiado.

Desde el 2013, ICA sostiene un juicio contra la Comisión Estatal de Agua de Querétaro y Banobras por el pago de 474 millones de pesos por sobre costos en la construcción del Acueducto II.

Dejando deuda millonaria, Grupo Ingenieros Civiles Asociados abandonó en mayo del  año pasado su participación en la construcción de la segunda Terminal Especializada de Contenedores que erige en el puerto APM Terminal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los problemas con la asignación de proyectos de obra pública y los respectivos créditos  para ICA no son recientes, por eso  en septiembre del 2015 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó  a Banobras que debería dar a conocer el Acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, de fecha 26 de octubre de 2012, en la que se hace constar un acuerdo para otorgar un préstamo, destinado a financiar, bajo un título en concesión, el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista estatal de cuota Toluca – Naucalpan, en el Estado de México.   

Pese a los grandes problemas financieros de ICA, la empresa obtuvo en octubre del año pasado un contrato para la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del nuevo aeropuerto de la capital mexicana con una oferta de alrededor de 7 mil 556 millones de pesos (405 millones de dólares).

El contrato, asignado por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), es parte del proyecto de 13 mil millones de dólares para la nueva terminal aérea, que deberá comenzar a operar en el 2020.

La crisis de ICA pone en riesgo varios importantes proyectos de infraestructura del país incluyendo el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que el gobierno federal y los inversionistas deben estar atentos a la posible quiebra de la constructora y que se declare en concurso mercantil.