El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 27 de julio que el senador Manuel Bartlett dirigirá la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicha decisión ha causado polémica e indignación hasta en miembros de Morena, debido principalmente a la participación del ex priísta en el fraude electoral de 1988 que impuso a Carlos Salinas de Gortari como presidente.

Son muchos los columnistas y articulistas que han escrito sobre la mala decisión del tabasqueño al nombrar como funcionario de un sector tan importante a un político con un pasado oscuro, pero la mayoría de estos textos y comentarios en radio y televisión, lo hacen desde la perspectiva del probable fracaso de la próxima administración y sin hacer un análisis de la mala situación financiera de la CFE.

 La industria eléctrica mexicana ha sufrido transformaciones en los últimos años, que no han mejorado la situación del sector y solamente han beneficiado a productores privados, principalmente de transnacionales españolas.  

Las modificaciones en el sector eléctrico mexicano se dieron desde 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, con la entrada en operación de una serie de proyectos para generación de infraestructura y venta de electricidad, financiada y operada por inversionistas privados bajo la modalidad de Productores Independientes de Energía (PIE),  cuyo principal objetivo era complementar la oferta pública de electricidad para satisfacer la creciente demanda asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

La Producción Independiente de Energía fue inscrita por el entonces gobierno zedillista dentro de lo que se conoce como Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto (PIRIDIEGAS), en su modalidad de inversión condicional. Es decir, bajo un esquema en donde el gobierno de México garantizará la compra de la energía generada por el sector privado durante la vida útil del proyecto.

 El gobierno de Felipe Calderón en 2011 autorizó a la empresa española Iberdrola un permiso para convertirse en abastecedor de energía eléctrica, con lo que la empresa española no sólo es generadora de electricidad para la CFE sino también se vuelve abastecedora de esa energía a empresas privadas.

Iberdrola México empezó a recibir contratos y canonjías muy favorables por parte del gobierno desde que Felipe Calderón era Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox, y nombró en puestos claves de esa dependencia a gente de su absoluta confianza, como César Nava Vázquez, de director jurídico; Juan Camilo Mouriño Terrazo como subsecretario, y Dionisio Pérez Jácome como titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este grupo compacto otorgó al corporativo ibéricos permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, todas ellas, actividades que, según el artículo 27 constitucional, eran actividades exclusivas del Estado.

Para evadir la reglamentación de ese entonces, la cual obligaba a las empresas a mantener sus permisos de origen, Iberdrola convirtió en socios minoritarios a empresas como las cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma, Sigma Alimentos, tiendas Chedrahui, Soriana, Alestra, Grupo Papelero Scribe, Porecelanite Lamosa, Kimberly Clark y Nissan Mexicana.

La Auditoría Superior de la Federación, en su informe adelantado del 2011, señaló que CFE solamente utiliza el 69 por ciento de su capacidad instalada en hidroeléctricas y, en cambio, usa el 80 por ciento de la luz total que generan las empresas privadas a través de sus plantas y termoeléctricas a base de gas natural. Estas compañías son principalmente españolas, Repsol, Iberdrola y Unión Fenosa.

Para abastecer de energía eléctrica a grandes corporativos, la empresa española Iberdrola, pasa por las redes de trasmisión y distribución de la CFE, pero solamente paga 20 centavos por kilovatio – hora. Sin embargo, los demás usuarios pagan un peso por kilovatio – hora y entonces ahí hay un subsidio implícito, porque los usuarios que están en autoabasto no están pagando el peso del costo, ni absorben los impuestos de la Secretaría de Hacienda, ni los robos de electricidad que sufre la paraestatal, lo que significa un subsidio directo a Iberdrola y para las grandes empresas que abastece la empresa privada, ya que ellos cuentan con mejores tarifas que los pequeños consumidores y demás empresas que están en territorio nacional.

El gobierno mexicano ha instrumentado esquemas para financiar proyectos de creación de energía eólica, los cuales también son negocios dominados por compañías españolas. Tal es el caso del proyecto eólico Piedra Larga, en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, que mandó a hacer Grupo Bimbo, de Lorenzo Servitje Sendra, en sociedad con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de Renovalia Energy de España. Demex y Bimbo. Esta planta surte a las  de Bimbo de energía eléctrica y la energía restante se vende a CFE.

Los favores recibidos por parte de Iberdrola de la administración panista fueron recompensados en julio del 2016 cuando Avangrid, compañía fruto de la fusión de la filial de Iberdrola en Estados Unidos con UIL Holding, incorporó al consejo de administración al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, tras su decisión de incrementar el número de puestos en el consejo de administración, para llegar a los 14 consejeros.

La Reforma Energética del 2014 llevó a la aprobación de la Ley de la industria Eléctrica que avala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de ser el monopolio del Estado mexicano de la industria eléctrica, al permitir la participación del sector privado en la generación y el suministro de energía, esto con el argumento de que la estatal eléctrica es insuficiente para llevar energía eléctrica a todo el país, actividad que ha realizado de 1960 a la fecha.

La Comisión Federal de Electricidad, a la que la publicidad oficial del gobierno de Calderón nombraba como “la empresa de clase mundial”, en realidad, dista mucho de serlo y es una empresa con pasivos muy altos; solamente para el primer semestre de este año, registró pérdidas de 39 mil 864 millones de pesos, según revela el Informe Sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas.

Los factores que contribuyeron a estos malos resultados fueron que el precio medio de venta de energía facturada a los clientes disminuyó 9.0 por ciento, de 1.669 pesos por kwh en el segundo trimestre de 2017, a 1.518 pesos por kwh en el segundo trimestre de 2018.

Para el cierre del primer semestre de este año, sus ingresos por la venta del servicio eléctrico se redujeron en 24 mil 865 millones de pesos, monto que explica parcialmente el resultado neto negativo. 

Los costos de operación de la Comisión Federal de Electricidad aumentaron de 168 mil 539 millones a 196 mil 823 millones de pesos (16.7por ciento), debido a que los precios de los combustibles que utiliza para generar electricidad se incrementaron, entre ellos, el gas natural.

La pérdida cambiaria también influyó para que estos resultados negativos en sus finanzas, ya que tan solo en el segundo trimestre le costó a la empresa 26 mil 441 millones de pesos.

El pasivo laboral de la CFE es también un lastre para las finanzas de la empresa, solamente en 2017 tuvo que desembolsar 51 mil 115 millones de pesos, que representa 17 por ciento de sus ingresos totales.

Enrique Ochoa Reza renunció en septiembre del 2016 como Director de la CFE y recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón recibió el equivalente a nueve meses de su salario. 

En 2016 Comisión Federal de Electricidad, recibió por parte del Gobierno Federal 161 mil millones de pesos para un rescate financiero y atenuar el pesado problema del pago de pensiones y jubilaciones, pero al parecer esto no fue suficiente para resolver este grave problema que tiene la empresa.

La falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31 estados y 1,265 municipios ya afecta el funcionamiento de la hoy empresa productiva del estado. Desde 2015 hasta diciembre del año pasado son 14,295.7 millones de pesos los que se acumulan de deuda.

No solo los estados y municipios no pagan el abastecimiento energía eléctrica, existe también el robo de este servicio. El pasado 15 de abril, el Director de la CFE, Jaime Hernández Martínez, reveló que el robo de la energía eléctrica en México, sumó pérdidas por 45 mil millones de pesos tan solo el año pasado, lo que representó el 11.7 por ciento del total de la energía que se genera en México.  

Un claro ejemplo de este robo de energía eléctrica no los da la trasnacional refresquera Pepsico que cuando personal de la CFE revisó los medidores de dos sus plantas embotelladoras, una en Acoxpa y otra en Calzada de La Viga de la Ciudad de México encontraron que los dispositivos marcaban un consumo menor al real, de septiembre de 2008 a octubre de 2009, fecha en que la compañía eléctrica toma el control de la extinta Luz y Fuerza del Centro, y de esa fecha al 30 de abril de 2012.Es decir 4 años de robarse la luz por parte de la trasnacional. 

En conclusión, podemos afirmar, que la crisis financiera por la que atraviesa la CFE, no es culpa de Manuel Bartlett, que como legislador y como comentarista ha criticado severamente la política en materia de energía que han aplicado los gobiernos del PRI y el PAN en los últimos 30 años y el reto que tendrá por delante es muy grande para sacar a la CFE del atolladero en que se encuentra actualmente.