Uno de los fideicomisos más polémicos a ser extintos es el Fondo de Desastres Naturales que tiene como objetivo apoyar a los estados, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los estragos que produzca un fenómeno natural, al menos, eso establecen sus Reglas de Operación. En columnas previas cuestionaba: ¿cuántas estacas maestras cabrían en los 835 mil 033 millones de pesos disponibles en 375 fideicomisos públicos federales de los el 92% con 762 mil 845 millones de pesos no contaban con controles de vigilancia del gasto, ni tienen estructura orgánica y se crean como un simple contrato entre distintas entidades? Va la primera de las respuestas.

El FONDEN se integra de tres herramientas principales para operar: el primero es fondo revolvente para dar auxilio y asistencia para a la población civil. Este fondo es operado por la SEGOB y se complementa con el Plan DN-III y el Plan Marina, ambos para auxiliar a la población en prevención de riesgos.

Desde ahí, ya se anticipa riesgo el uso político del presupuesto, algo impensable para tratar crisis por desastres naturales, cuyo criterio determinante tendría que ser la urgencia meteorológica declarada por autoridad científica (las hay).

El segundo es el Fondo de Desastres Naturales del Ramo 23, que inyecta recursos directamente a los gobiernos de los estados y dependencias de la Administración Pública Federal (APF) para reparar infraestructura pública dañada, hipotéticamente. Este es el ramo del que mayor número de desvíos e incumplimientos se han generado a lo largo de los años.

Simplemente entre 2010 y 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN destinó 1,883 millones 078,500 pesos para la “atención de desastres naturales”, de los cuales fueron revisados 647 millones de pesos (34.4%), correspondientes a la Conagua, SEDATU y la SCT, teniendo como resultado la INEXISTENCIA de la aplicación en los fondos y lo más grave: contratos hechos con un vacío total en su ejecución.

Según la revisión, la Conagua no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, ni transparencia en los dictámenes de adjudicación directa, es decir, se asignaron contratos a “cuates” que tuvieron como evidencia de entrega al Órgano Interno de Control ocho obras con desfase de entre tres y ocho meses pagadas a sobreprecio del valor de mercado.

El mismo Órgano de Control demostró que la SCT a finales del gobierno de Felipe Calderón y principios del de Peña Nieto, un contrato se formalizó ocho meses después de la ejecución de la obra y NUNCA se reportó su ejecución.

Mientras que la SEDATU dejó de hacer la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril del 2015 por 14 millones 448,400 pesos, afectando a miles de damnificados de 2014 - 2015. La estafa desastrosa bajo la titularidad del ahora senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, que fungió como Secretario de la dependencia de 2012 hasta 2015, sucedido coincidentemente por Rosario Robles Berlanga en 2016, quien aplicó un esquema muy similar al de Sedesol para desviar 1,747 millones de recursos públicos, según la Auditoría Superior de la Federación, usando universidades públicas y televisoras públicas.

La tercera herramienta del FONDEN es la contratación de pólizas de seguro, servicios financieros y pago de contrataciones previstas en el Anexo XII de las Reglas de Operación.

Sin embargo, desde diciembre de 2019, el Coordinador Nacional de Protección Civil señaló que existían malos manejos o desvíos en la administración de al menos 200 mil millones de pesos etiquetados para emergencia y desastres durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La indolencia no tiene límite: Los principales espacios de corrupción fueron las declaratorias extraordinarias de emergencia, así como las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados o las delegaciones federales.

Es falso que el FONDEN haya asegurar el destino de los recursos para catástrofes en todas las entidades. Durante el mismo año, el gobierno del estado de Aguascalientes no constituyó el Fideicomiso Público de Inversión denominado “Fondo de Desastres Naturales del Estado de Aguascalientes”, sin explicar el uso de los recursos que pudieron ser aplicados.

Otro boquete abierto desde el nivel estatal es Chihuahua, una entidad que tiene observaciones por un total de 4 millones de pesos por aclarar derivado de la asignación de los recursos para el Fondo de Desastres Naturales Chihuahua (FONDEN), señalado en Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua de ese 2018-2019.

El gobierno de Nayarit tiene observaciones por 307 millones de pesos no aclarados debido a que no presentó la documentación comprobatoria 306 millones de pesos; es decir, únicamente justificó el uso de UN millón.

Mientras tanto, Morelos tiene observaciones por pagos en exceso por 380 mil pesos por cobrar insumos a sobreprecio, fuera de las estimaciones en los precios autorizados en el catálogo de conceptos, correspondientes en el contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017.

Las irregularidades continúan en una larga lista de contratos y entidades que, aprovechándose de la urgencia caótica ante desastres naturales, hicieron un mal uso del presupuesto pero no son los únicos que han incurrido en fallas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha tenido responsabilidad en la regulación y supervisión del proceso de entrega de apoyos del FONDEN.

POR CIERTO: previo a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, no existía normativa que regulara la atribución de la Banca de Desarrollo para la distribución de apoyos ante fenómenos naturales. La CNBV dejó de actuar oportunamente y su omisión derivó en la ausencia de un mecanismo de control implementado que permitiera comprobar que no existieron duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de financiamiento para obras con recursos de emergencias.

Basta de romantizar el desvío de fondos. Es criminal que desde el debate público se intente lucrar con los estragos de las víctimas de catástrofes naturales cuando los esquemas de triangulación de recursos son los que más las ha dejado en el desamparo.