Lo que comenzó hace algunos años en Jalisco como una supuesta política pública que podría ser exitosa, siempre y cuando se apegara los estándares de públicos para que la comunidad jalisciense lo aceptara, terminó con el destape de una cloaca que muchos consideramos una política recaudatoria, puesto que la fotoinfracción tiene estas dos aristas nunca pudieron explicar las autoridades de Movilidad ni el Gobernador:
1.¿Qué se ha realizado con los recursos públicos que se recaudan con esta política?
2.¿Por qué no combatir el alta en la velocidad de los automóviles con cursos de vialidad en las escuelas?
4. ¿Por qué no impacta esta política pública en cancelación de licencias a conductores que insistan en infringir los límites de velocidad, y sí siguen cobrando más y más dinero?
5. ¿Por qué la empresa Autotraffic era la encargada de infraccionar a los automovilistas y no el Ejecutivo de manera directa? Lo que hacía una violación flagrante a la Ley, por lo que muchas personas se han amparado hasta ahora.
Ahora bien, esta supuesta política pública ha impactado, según datos del Gobierno Estatal en reducir los últimos cinco años el número de accidentes en un 50% y la mortalidad vial en 40%.
Aun así ha habido muchas críticas, puesto que parece una medida recaudatoria y por lo tanto anunció el Gobernador que esta infracción impuesta por un particular se cancela, y ahora será el Instituto de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, quien tomará cartas en el asunto.
Ya he mencionado anteriormente, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación abren puertas para que las políticas públicas fluyan e impacten de manera directa a la ciudadanía, lo cual con este proyecto ha ayudado a la reducción de accidentes, mas no a que los conductores tengan conciencia de que la velocidad no es lo que deseamos en este Estado y en muchos otros que también sufren la misma política recaudatoria.
Hace unos días se anunció con bombo y platillo que la Asociación Fuerza en Movimiento logró suspensiones definitivas en contra de esta medida, por lo que obligó al Gobierno a dar marcha atrás al programa manejado por terceros, violentando la ley.
Son cinco medidas las que anuncia el Gobernador:
1.Cancelación del contrato con la empresa Autotraffic, para ello el subsecretario Mauricio Gudiño se reunirá la próxima semana con los representantes de la empresa para liquidar el contrato.
2.Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado creará un fideicomiso para que lo recaudado por fotomultas se destine a mejora de vialidades y transporte público, a cargo del Gobierno del Estado.
3.Secretaría de Movilidad del Estado realizará convenios con el Instituto de Transparencia del Estado (ITEI) y organismos de sociedad civil para que certifiquen que los 50 puntos con radares están señalizado y balizados.
4.Secretaría de Movilidad del Estado y Canieti realizarán calibraciones periódicas a los fotorradares.
5.Secretaría de Movilidad del Estado creará un consejo de la sociedad civil conformado por afectados por los accidentes viales, activistas y académicos, para la implantación de las nuevas fases del programa.
Es otro avance que la sociedad civil ha logrado por medio de presiones y con bases realmente apegadas a la Ley, por lo que no descartemos que en los otros Estados en donde Autotraffic ha hecho su negocio particular, también comiencen a dar por teminados los contratos, que solo benefician a unos cuantos con el cobro de altos porcentajes de infracciones pagadas.