Ley Olimpia:castiga a los gandallas que rolan “el pack”
Le llamo "dignidad digital" a todo el conjunto de representaciones qué hay en forma virtual sobre nuestra persona, desde nuestras caras, cuerpos, nombres, datos personales o historias de vida. La Ley Olimpia dio un paso agigantado al lograr convencer de la urgente protección a la dignidad sexual en internet y dispositivos electrónicos, desde las militancias feministas radicales e institucionales de calle, a todo un país. Esta legislación sanciona quienes difundan contenido sexual sin consentimiento en internet o redes sociales, o sea, castiga a los gandallas que rolan "el pack" y los reconoce como delincuentes digitales.
El acontecimiento es inédito. Primero, porque el ejercicio de diálogo colectivo que junta poco más de 8 años luchando tiene como fruto uno de los logros feministas legales tan grandes casi como la tipificación del feminicidio y su conceptualización construido por Marcela Lagarde. Más de 20 mil personas se han sumado a la exigencia de la Ley desde redes sociales y algunas otras también desde todas las entidades. Principalmente mujeres. De que fuera un logro democrático, lo fue.
La reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados a diversas disposiciones de la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Código Penal Federal que reconocen las violencias digitales y mediáticas , en el fondo, logran un avance en derecho a la privacidad al reconocer que la intimidad sexual es un bien jurídico qué debe tutelarse por el Estado. Por ahí comenzaremos para hablar de punitivismo y una de las críticas más férreas a esta reforma.
¿Qué es el punitivismo?
En términos simples y extremadamente resumidos, es la tentación del Estado para resolver grandes problemas con simples soluciones como la prisión. Quienes critican esta reforma se oponen a que la violencia digital sea castigada con cárcel, entre otras razones, porque consideran saturado el sistema penal, dicen que la sanción no soluciona el problema de origen, que afectará a los más pobres y que puede ser estéril para las víctimas debido a los altos niveles de impunidad y la ineficiencia de los Ministerios Públicos, que cuando se trata de delitos cometidos en razón de género o contra mujeres, suelen revictimizar y causar un daño psicoemocional a las víctimas.
Y es cierto. Ni el sistema carcelario, judicial, ministerial o la impunidad se resolverá con la Ley Olimpia. ¿No es de por sí ridícula la idea de que las víctimas tengan que pedir por 8 años a las autoridades protegerlas de las agresiones que han vivido? ¿Y qué haya tenido que ser desde las experiencias -pocas o muchas- de las abogadas, psicólogas y mujeres activistas con lo que se propusiera una regulación?
Lo que no dicen quienes critican esta reforma es que hasta antes de la Ley Olimpia, era un acto más grave que robaran tu tarjeta de crédito a que te exhibieran desnuda ante miles de internautas. Era un acto más grave que te hackearan la banca electrónica a que te fotografiaran o videograbaran desnuda sin consentimiento para después, venderte. Era un acto más grave que hicieran un pasaporte falso, que crearte falsos perfiles en internet anunciándote como servidora sexual. Era más perseguido por el Estado aquello que hace perder dinero que aquello que hace perder privacidad, intimidad, tranquilidad y dignidad sexual.
El Estado solo persigue los actos que violenten bienes jurídicos y ese fue el gran paso: reconocer que la intimidad sexual debe ser protegida, reconocer que nuestra representación digital es una extensión de nuestra persona y que también merece protección.
Eso se traduce en que su transgresión merece una medida reparadora y una sanción. Pero también vence la idea de que en internet, las personas pierden poder de su contenido y que lo que les suceda es su culpa. Distribuir "porno" (que no es porno) sin saber el origen y consentimiento de quién aparezca allí será suficiente para hacerse acreedor a una sanción que va de tres a seis años de cárcel, además de multa de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos. Al menos ahora, quienes lo hagan tendrán el miedo de ser denunciados y quienes lo sufran podrán perder el miedo a ser discriminadas, tachadas o perseguidas porque tendrán el poder de una red de apoyo, atención psicológica y el reconocimiento público de que los miserables son quienes difunden fotos íntimas.
¿Se terminará la Violencia digital?
No lo creo. Solo un esfuerzo global para combatir la cultura pornógrafa y a las grandes plataformas, páginas y redes que se benefician de ello podría lograr que se atenúe su comisión. Pero ahora en México, la violencia digital formará parte de los problemas tomados en cuenta durante el desarrollo de políticas públicas de seguridad y género.
En la misma semana, las mujeres de CONAFEM lograron su primera exigencia: que un violador no sea gobernador. Dirán que fue el INE, el Tribunal o los "conservadores", pero la realidad es que sin la exigencia por esclarecer las acusaciones de violación que aún tiene pendientes por encarar ante la justicia, los abogados de Macedonio tal vez habrían tenido tiempo de leer la ley electoral y enterarse de que debían presentar el informe de precampaña. Ahora deben estar ocupados buscando alternativas para que no sea desaforado y llegue a la cárcel... y si no lo hacen, deberían.
SPOILER ALERT: El Frente Nacional para la Sororidad prepara un Observatorio de Violencia Digital para medir el crecimiento que este delito ha tenido. Aunque la reforma aplica parejo, las mujeres son las principales víctimas y los hombres, los principales agresores. Rompe el pacto, salte de ese chat... no roles el pack... no le tomes fotos desnuda si no quiere y mucho menos lo hagas cuando duerma. No es simpático. Es violento. Todo... fueron las morras.