Acceder al bachillerato y a la educación superior fueron privilegios de mujeres adineradas en espacios privados o religiosos.

Cuando escuché por primera vez el término de “populismo jurídico” cursaba el segundo semestre de la licenciatura en derecho y mi maestro de Derecho Penal afirmaba con enjundia que nuestras leyes eran caóticas e inservibles a causa del “pueblo ignorante” y sus representantes, que legislaban a complacencia de “las mayorías” y no de la “Ciencia Jurídica”.

Lo que no mencionaba es que la “Ciencia Jurídica” era tan sólo un eufemismo para referirse a la opinión conservadora del puñado de hombres que dictaban la interpretación “correcta” de la ley desde la superioridad de clase y/o superioridad intelectual. Y digo hombres en sentido estricto, pues la academia ha sido un espacio de reciente apertura para las mujeres. 

Ley de Instrucción Pública

Simplemente, en 1868, cuando se promulgó la Ley de Instrucción Pública en nuestro país, las niñas adquirieron el derecho de acceder a las primeras escuelas secundarias. Acceder al bachillerato y a la educación superior fueron privilegios de mujeres adineradas en espacios privados o religiosos -aún así, restringidos- y tardaron mucho más en ser accesibles para todas. Hasta 1871 y 1890 egresaron las primeras estudiantes de estos niveles y fue hasta los últimos años de la Revolución Mexicana que el Derecho dictó leyes claras para los derechos de las mujeres y su poder de acumular y generar recursos propios a través del trabajo.

La primera mujer abogada entre 1892 y 1898

Fue María Asunción Sandoval la primera mujer que se tituló como abogada después de cursar la carrera entre 1892 y 1898 según el Archivo Histórico de la UNAM y hasta el siglo XX una mujer fue reconocida como académica. Más allá de la lucha de las mujeres, ni hablar del puñado de familias que habían dominado los espacios de representación popular hasta 1988.

El hecho de que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal con integrantes perredistas, feministas y otros grupos de resistencia histórica le pareciera “populista” y altisonante a mi querido profesor resulta obvio: Eran los primeros años en que los conservadores descubrían que hay intelecto y reflexión distinto al suyo…. que podían tener incidencia, desarrollar propuestas de ley, cohesionar movimientos sociales traducidos a instituciones jurídicas y que el derecho podía ser de todas y todos, no sólo de la pequeña cúpula con lenguaje propio excluyente.

Los más conservadores califican los logros legislativos de las feministas como “populismo jurídico”.

Dos realidades no podrá negar el/la lectora: la justicia es privilegio de quién puede pagar un buen abogado o abogada; la injusticia también es privilegio del que puede pagarla, aunque medie la corrupción.

Es así que dos prácticas comenzaron a hacerse famosas -y bastante costosas-: el cabildeo y el lobbying. Se trata de personas -casi siempre egresados de abogacía- que especializan sus técnicas de negociación con gobiernos, legisladores y funcionarios para influir en sus decisiones. Empresas como Televisa han logrado bancadas y grandes corporaciones como Grupo Salinas formalizaron tanto su propósito que lograron colocarse como principales intermediarios o proveedores de servicios.

Los movimientos y la sociedad civil organizada le llamamos incidencia; casi siempre resulta gratuita o es producto de manifestaciones públicas, no de arreglos ocultos. Movida desde el activismo y no desde el interés económico. Desde la representación popular directa: no por legisladores sino por ciudadanía.

Hoy los más conservadores califican los logros legislativos de las feministas como “populismo jurídico”. Los amantes de las leyes hechas y diseñadas para las cúpulas, los mismos que gastan miles de pesos en negociaciones privadas y convencimiento de legisladores al estilo Ricardo Anaya, Emilio Lozoya y Oderbecht ahora tienen un nuevo objetivo y es la lucha contra la explotación sexual en internet.

La explotación sexual es un negocio de 978 millones de dólares al año.

Desde la Cámara de Diputados, grupos de cabildeo en favor de las plataformas digitales que ganan cerca de 978 millones de dólares al año gracias a esta industria, buscan impedir que los contenidos que constituyen una violación a la intimidad sexual sean eliminados de Internet. El argumento es que la pornografía puede ser considerada libertad de expresión, aún si no es consentida por quien aparece en ella. Por más absurdo que suene.

Pero el ejemplo no es el único. En realidad, han disfrazado de crítica contra el “populismo jurídico” a lo que en realidad es clasismo fascista: la idea de que tan sólo un pequeño grupo de personas puede construir legislación por ser “doctos”, sugiriendo que las masas por definición, son ignorantes por el simple hecho de no ser producto de sus mismos privilegios. No son demócratas, son oligarcas confundidos y desubicaos de su realidad.

Deberíamos celebrar que excepcionalmente, la década ha marcado para la Ciudad de México y algunas entidades del país la oportunidad de involucrarnos desde la ciudadanía en la redacción y construcción de leyes, políticas públicas y procedimientos entendiendo que no sólo es nuestro derecho, sino que es nuestro mandato. En democracia, el pueblo pone y el pueblo quita… pero no sólo representantes. También leyes, instituciones, derechos, procedimientos y el único candado válido es que no puedan disminuirse los derechos ganados.

La obligación de las y los representantes populares elegidos mediante el voto o la lista de partidos es justamente cumplir con la voluntad popular, ampliar derechos, reconocer luchas y logros y eliminar de su lenguaje conceptos como “populismo jurídico” pues, de hecho, se trata de ejercicios democráticos. Igual que las Facultades y los académicos: No es populismo, es tu clasismo negándose a reconocer que todas y todos tenemos derecho a incidir.