Siete de la mañana en punto y amanece en el palacio. <br>—¡Ánimo! —saluda sonriente. <br>—Buenos días, señor presidente.<br>

Toda esta semana se ha abordado el tema del covid-19, con llamados urgentes y de alerta por el alza en el número de hospitalizaciones que lamentablemente están teniendo algunos estados del país. Una de las ocho entidades en donde están incrementando los contagios es en la Ciudad de México, por lo que reiteradamente se ha hecho el exhorto a quedarnos en casa, a no asistir a fiestas en esta temporada decembrina y mantener los cuidados sanitarios que todas y todos conocemos.

La llegada de la vacuna de la farmacéutica Pfizer está cerca, por lo que ya se trabaja desde el gobierno de México para preparar la logística de su arribo, con simulacros para su distribución y aplicación en apego al protocolo establecido.

Por otro lado, concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con modificaciones constitucionales y legales como la reforma al sistema de pensiones y afores, o la relacionada con los créditos del Infonavit para que las y los trabajadores reciban el apoyo de manera directa, por lo que el presidente agradeció a las personas integrantes del Congreso, de todos los partidos, por la aprobación de estas leyes tan importantes y benéficas para el pueblo de México.

Una extraordinaria noticia tuvo que ver con la aprobación del 15% de aumento al salario mínimo en nuestro país por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), estableciendo que para 2021, pasará de $123.22 a los $141.70 pesos diarios, mientras que en la frontera norte pasará de $185.56 a $213.39 pesos diarios.

Este aumento se suma a los ya realizados durante el actual gobierno del presidente López Obrador, porque hay que recordar que las administraciones neoliberales del pasado perdieron el poder en 2018, dejando el salario mínimo de las personas trabajadoras de México en los escasos $88.36 pesos diarios.

Durante los años de aquellos gobiernos, la CONASAMI, que es una comisión integrada por representantes de los trabajadores, patrones y gobierno, durante casi tres décadas estuvo presidida por el mismo hombre, dedicándose a violar flagrantemente y año con año el mandato constitucional del artículo 123, el cual indica que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Y es que en los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, el salario mínimo tuvo un raquítico incremento de menos de $7 pesos y de $21.15 pesos respectivamente, quedando en $35.12 pesos al término del régimen priista.

Con la llegada de Acción Nacional al poder, de la mano de Vicente Fox y con Felipe Calderón, la realidad fue aún peor para las y los trabajadores, con un aumento total al salario mínimo de $27.21 pesos en doce años de administraciones panistas, totalmente insuficiente a lo requerido para que las personas trabajadoras cruzaran hacia la línea de bienestar.

En seis años de gobierno, con Enrique Peña Nieto se llevó el salario mínimo de los $62.33 pesos a los $88.36 pesos, un pírrico incremento de $26.03 pesos en todo un sexenio.

En 2021, a dos años de iniciado el gobierno del presidente López Obrador, el salario mínimo general llegará a los $141.70 pesos, $53.34 pesos más de lo que mínimamente una persona trabajadora recibía en 2018, por lo que es un alza histórica para el país en la búsqueda de regresarle la dignidad a las y los trabajadores y sacarles de la precariedad en la que se encuentran.

Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer para recuperar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, ya que a pesar de los aumentos que se han dado desde el inicio de la cuarta transformación, México aún tiene uno de los salarios más bajos del mundo, pues ocupar el lugar 76 a nivel mundial en el monto de salarios mínimos, habla del terrible estado de pauperización al que durante décadas estuvo sometida la clase obrera de nuestro país.

No compremos las ideas de que subir el salario mínimo implica mayor desempleo, incremento de la canasta básica, encarecimiento de los créditos o multas del gobierno. Aumentar los salarios de las personas trabajadoras más desfavorecidas no es solo un acto ética y jurídicamente oportuno, sino que existe evidencia económica considerable de que reduce niveles de pobreza sin tener un costo económico en términos de inflación, como se ha logrado en estos dos años de promover empleos y salarios dignos, de calidad, para lograr el estado de bienestar que nuestro pueblo merece.

Porque sí, por el bien de todos, primero los pobres.Porque sí, por el bien de todos, primero los pobres.

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(La autora, Gaby Osorio, es diputada de Tlalpan en el Congreso de la Ciudad de México. @Gabyosoriohdz).