En 2010 escribí un texto celebratorio sobre el 50 aniversario de los Libros de Texto Gratuitos, “El lánguido cincuentenario de los Libros de Texto Gratuitos”, que como otras columnas mías publicadas en ese año y en 2011, ha desaparecido de la red. Afortunadamente, conservo los archivos. Y aunque escrito con la exaltación de las condiciones políticas del momento bajo el segundo gobierno panista, mantiene elementos rescatables.

Hoy que en la celebración del 60 aniversario de los libros se ha hecho un justo reconocimiento a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), a la SEP y al presidente López Mateos por parte del titular de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y el presidente Andrés Manuel López Obrador, considero que ha estado ausente el reconocimiento debido, destacable, al verdadero creador de los LTG y al primer artífice de la Comisión, un poeta y un narrador, Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán, respectivamente.

En este valioso aniversario, comparto un fragmento de mi ensayo Jaime Torres Bodet, los Contemporáneos y la dorada prisión de la burocracia –al cual me he referido en este espacio-, que corresponde a reelaboración de mi trabajo de titulación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Obra diplomática y educativa de Jaime Torres Bodet. Fracción correspondiente al surgimiento de la Conaliteg. En esta reproducción he eliminado los pies de página para facilitar la lectura. Las referencias están debidamente observadas en el original que está en espera de su posible publicación.

La polémica: libros de texto gratuitos

Son escasas pero portentosas las iniciativas educativas posteriores a la Revolución que han tenido fortuna. Más que iniciativas, han sido realizaciones de la filosofía de José Vasconcelos y de Jaime Torres Bodet. Filosofía que encontró su materialización en sistemas y esquemas integrales de educación. La creación  de  la  SEP, las misiones culturales, el espíritu y la vocación del maestro, las bibliotecas escolares vasconcelistas; la  Campaña  Nacional contra el Analfabetismo, la reforma al artículo 3° Constitucional, el Plan de Once Años y los Libros de Texto Gratuitos, entre otras acciones, son pilares de sólido basamento que dieron brillo y alas a la educación posrevolucionaria.

   Los libros de texto gratuitos surgieron como parte integral del Plan de Once Años. Encontraron sustento legal en la fracción séptima del Artículo Tercero Constitucional, fundamentándose en la gratitud de la educación impartida por el Estado.

   ¿Cómo responder a la imposibilidad de contar con libros o recursos familiares suficientes para adquirirlos en un momento de expansión de servicios educativos, por un lado, y ante el reto de unificar criterios y contenidos, por otro? Sin duda, el texto gratuito vino a llenar ambas necesidades. En primer término, porque por lo general los niños se veían obligados a comprarlos, o en su defecto, no asistían a la escuela, o bien lo hacían sin las ventajas de tener su propio libro. En segundo, porque facilitaba un proceso de enseñanza-aprendizaje general y homogenizado.

   En febrero de 1959, el secretario obtuvo la aprobación del presidente para que con recursos de la federación se editaran y distribuyeran libros sin costo alguno para los alumnos de primaria de todo el país. El 12 de ese mes se firmó el decreto por medio del cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). Para presidirla, Torres Bodet designó a uno de los más brillantes novelistas y narradores mexicanos de su siglo: Martín Luis Guzmán. El autor de la extraordinaria novela política La sombra  del caudillo y otras obras sobresalientes (Memorias de Pancho Villa, El águila y la serpiente, Muertes históricas), se había interesado desde un principio en las ideas del secretario de Educación al respecto. Ideas que hasta ahora se materializaban, pues provenían desde 1944. “Inteligente, activo, extraordinario prosista y espléndido ejecutor, administraría muy bien una comisión difícil de establecer y más difícil de dirigir”. (38) El resto de los integrantes de la Comisión incluía nombres valiosos e importantes de la vida intelectual y política de México:

Juan Hernández Luna como secretario general; Arturo Arnáiz y Freg, Agustín Arroyo Ch., Alberto Barajas, José Gorostiza, Gregario López y Fuentes y Agustín Yáñez, como vocales; Ramón Beteta, Rodrigo de Llano, José García Valseca, Dolores Valdéz de Lanz Duret y Mario Santaella, con el carácter de representantes de la opinión pública; Soledad Anaya Solórzano, Rita López de Llergo, Luz Vera, Dionisia Zamora Pallares, René Avilés, Federico Berrueto Ramón, Arquímedes  Caballero, Ramón García Ruiz, Luis Tijerina Almaguer, Celerino Cano, Isidro Castillo y Jesús M. lsaías, en calidad de colaboradores pedagógicos. (39)

   Esta Comisión expresó una vez más la estrecha relación entre los intelectuales mexicanos y el Estado; con buenos propósitos en esta ocasión. Cercanía que confirma con amplitud la tesis sostenida por Roderic A. Camp a lo largo de su exhaustivo trabajo, Los intelectuales y el Estado en el México del Siglo XX, (40) en el sentido de esta mutua dependencia, la colaboración de la inteligencia en calidad de funcionario público o como asesoría privilegiada del poder. Durante las últimas décadas, sin embargo, esta peculiar relación ha variado los niveles de importancia. Si bien después del oscuro trance de Tlatelolco el Estado se propuso cooptar a los hombres instruidos ofreciéndoles puestos, asesorías, becas, viajes, en la actualidad esta participación ha disminuido drásticamente o se ha codificado. Después de la revolución México parecía encarnar una república ilustrada, pues participaban o colaboraban con el Estado poetas, filósofos, escritores, pintores, artistas en general. En ese tiempo, la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Jurisprudencia alimentaron en sus aulas a las nuevas generaciones de intelectuales-gobernantes. Los ateneístas, los “Siete Sabios”, la generación del 15, los Contemporáneos, se educaron allí.

   A mediados del siglo XX, la formación de intelectuales y políticos se daba sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacia finales y principios del XXI, los gobernantes se han formado en universidades estadounidenses. En ese proceso de trance, los intelectuales dejaron de ser llamados a ejercer el poder de manera directa; han sido desplazados. Sobreviven como asesores o consejeros, cuando mucho. Los poderosos se valen de extranjeros, de grupos de “marketing”, de encuestadoras, de asesores de imagen. Lo sustancial, que debiera ser el objeto de su gobierno, ha desaparecido, los ilustrados poco cuentan si no son especialistas en estadística y mercadotecnia. Resulta interesante el análisis de la evolución histórica de la relación entre el Estado y la intelligentsia, pues por mucho tiempo ésta fue la conciencia crítica ejerciendo o aconsejando al poder. Ahora, debilitada, ha pasado a planos secundarios; a menos que sea una figura maleable y que ideológicamente se preste a validar el establishment. Algunos han elegido la difícil y compleja independencia tanto crítica como económica; lo cual, por otro lado, no deja de sentarle bien a la sociedad.

   En 1959, la Comisión convocó concursos para la redacción de los libros, mas el resultado de la convocatoria fue, en términos generales, frustrante. Los interesados no cumplieron con los requisitos establecidos ni tuvieron la calidad   necesaria a juicio del jurado. Se recurrió entonces a encargar a maestros de competencia reconocida la redacción de los textos, mismos que fueron revisados  personalmente por Guzmán y Torres Bodet, pues se trataba en realidad de una magna empresa.

   La ilustración de las pastas se comisionó originalmente a notables maestros de la pintura mexicana: David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Raúl Anguiano, Alfredo Zalce, Fernando Leal y José Chávez Morado, aunque más tarde la Comisión decidió utilizar la portada única que simbolizaba la patria mexicana,  cuyo autor fue Jorge González Camarena.

   La distribución se inició en 1960 tanto en escuelas públicas como privadas y su uso se consideró como parte obligatoria del programa de estudios sancionado por la SEP. A medida que el programa de distribución avanzó de áreas rurales y aisladas a las urbanas, y a unas regiones más conservadoras que otras, los libros encontraron cálida acogida en aquéllas y de tibias y severas críticas a francos rechazos en las últimas. Son conocidos los casos de las ciudades de Monterrey, León, Puebla y Guadalajara donde, en ciertos sectores, la oposición a los textos fue incluso violenta.

   Cuando López Mateos, Torres Bodet o Guzmán viajaron a esas zonas, encontraron manifestaciones públicas desaprobatorias. Históricamente, estas ciudades han sido de tradición conservadora y ligadas al clero. La iglesia había empleado en sus escuelas, hasta entonces, textos muy convenientes a su versión de la historia de México. En una entrevista de la época, Martín Luis Guzmán señalaba:

“... hasta el momento en que nuestro programa se puso en marcha, los libros que se usaban en las escuelas primarias, incluso en las públicas, eran de espíritu más o menos contrario al régimen de la República y se inclinaban, siempre que podían hacerlo, en favor de la Iglesia. Por ejemplo, ninguno de los textos de Historia publicados por las editoriales mencionaba el hecho de que si bien el iniciador de nuestro movimiento de Independencia había sido un cura, toda la jerarquía de la Iglesia Católica se puso del lado del gobierno virreinal. La Iglesia degradó al cura Hidalgo y lo excomulgó, así como a cuantos le seguían, y aun amenazó con excomulgar a todos los que simpatizaban con la causa de la Independencia. Verdades como éstas sí se registran en los libros de texto gratuitos, y de allí que la Iglesia Católica los combata abiertamente o por interpósita persona”. (41)

   Otra oposición importante la protagonizaron las escuelas particulares, los editores privados y los comerciantes de libros de texto, que vieron en los gratuitos una amenaza por sus ventas y ganancias. Estas manifestaciones fueron sobre todo citadinas, auspiciadas por el clero y los negociantes de libros. Pero no lograron hacer mayoría. Los textos serían aceptados ampliamente en la república.

  Los libros de texto siempre serán perfectibles, pero dejando de lado la visión en la cual el Estado se auto designa el derecho de interpretar y manipular la historia del país -cuestión que no podría hacer, o al menos no tendría razón lógica, en materias como las matemáticas, español o ciencias naturales- los libros han desarrollado una función primordial en la educación nacional. Han satisfecho necesidades tan básicas como la lecto-escritura y la unificación de los principales criterios históricos y pedagógicos.

   La concepción de un Estado manipulador conduce a la conocida teoría de los “aparatos ideológicos de Estado”, de Louis Althusser, y la educación como parte medular de ellos junto con el control y manejo de la información y la comunicación. Sin embargo, la realidad se ha manifestado más compleja, creando la necesidad de explicaciones más sofisticadas, no esquemáticas. En el caso de la educación mexicana, la colaboración de intelectuales, científicos, artistas y reconocidos pedagogos en la definición de los contenidos de los textos, por ejemplo, garantizó ciertos niveles de objetividad en los mismos, sobre todo, en lo referente al relato y la interpretación de la historia. La ausencia de estos libros hubiera retrasado el proceso educativo del país y la atención de los rezagos en comunidades marginadas, rurales e indígenas. El debate en torno a los libros ha sido permanente y es necesario someterlos al análisis riguroso para su mejoramiento y para evitar las tentaciones de gobiernos conservadores en torcer su raíz objetiva. Un análisis que comprenda la rectificación de errores de carácter histórico, geográficos y pedagógicos; la adecuada utilización en el aula de clases por parte de los maestros, para evitar el abuso de ellos, empleando libros complementarios y de consulta. La aceptación de los libros gratuitos continúa siendo favorable, salvo entre los grupos donde fueron rechazados desde su origen. 

 

   En su momento, Torres Bodet contestó a las críticas argumentando la constitucionalidad de los textos, garantizando las posibilidades de material adicional de consulta y reiterando: “los canales acostumbrados para dar la debida consideración a cualquier crítica de buena fe, permanecerán siempre abiertos. Sin embargo... ya que los procedimientos legales estaban a la disposición de todos los mexicanos, no consideraba necesario defender constantemente la obra de la secretaría respondiendo a todas las cuestiones y mal entendidos intencionales suscitados por sus programas”. (42)

   Como contrapeso a las críticas, el ministro recibió el apoyo de los escritores René Capistrán Garza, Alí Chumacero, Luis Garrido, Andrés Henestrosa,  Francisco Monterde, Rubén Salazar Mallén, Jesús Silva Herzog, Alfonso Teja Zabre, Julio Torri y Artemio de Valle-Arizpe, quienes manifestaron públicamente   su adhesión a la obra emprendida.

   Torres Bodet considera que hasta el manual más sencillo es el fruto de una evolución cultural prolongada, compleja y honda. Emanada de experiencias históricas profundas. Representa la síntesis de una lenta “alquimia” docente, literaria, científica y hasta política. “En los estados jóvenes, los libros de texto adolecen a menudo de inmadurez, improvisaciones, encogimientos -o, al contrario, de súbitas  petulancias. Sin embargo (a pesar de sus deficiencias), los que distribuimos constituían un esfuerzo sin precedente en la historia en la América  Latina. Renovarlos, mejorarlos y  actualizarlos  -...- será, sin duda, muy provechoso”. (43)

   El 18 de julio de 1964 se inauguraron los Talleres de la Comisión. Acompañado por el presidente y por el titular de la CONALITEG, Torres Bodet tuvo la impresión de que daba término a un capítulo de su vida. Pronto dejaría de ser secretario, “pero no habría ya en nuestro país, en lo sucesivo, niño que careciese (si asistía a un plantel primario) del material de lectura que todo estudio requiere... Lo sé muy bien: quienes reciben esos volúmenes ignoran hasta el nombre del funcionario que concibió la idea de que el gobierno se los donase. No obstante, cuando -... encuentro a un niño, con sus libros de texto bajo el brazo, siento que algo mío va caminando con él”. (44)