A la luz de los últimos acontecimientos, en particular el de Culiacán, esta reunión es el espacio oportuno y propicio para reiterar que la seguridad de México y la de los Estados Unidos están intrínsecamente ligadas y que su atención trasciende el ámbito fronterizo.

Si bien una frontera segura es una condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y la paz al interior de nuestros países, también es cierto que el limitar el tema de nuestra seguridad binacional al aspecto de nuestra frontera y la política migratoria restringe el entendimiento de este enorme y creciente problema.

El combate a la inseguridad en nuestra región no podrá ser exitoso si éste se apuntala en responsabilidades individuales y no en esfuerzos compartidos de quienes, de una u otra manera somos parte del problema.

El fenómeno es de tal magnitud y complejidad que, en mi opinión, el éxito de este encuentro deberá medirse, en gran parte, por la contribución que de este resulte en la construcción de una sólida asociación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos.

Para ello es necesaria una visión más amplia de la seguridad, en donde el desarrollo tenga un carácter prioritario como solución a la violencia. La pobreza empodera al crimen; el bienestar empodera a la democracia.

El Presidente de México ha expresado su intención de replantear la iniciativa Mérida. Coincido con él, porque es mi convicción de que, así como en el pasado, debemos trabajar en nuevos esquemas de relación bilateral que permitan un combate más eficaz a la delincuencia organizada trasnacional, pero también para resolver los factores que la originan. Para ello, es urgente reanudar las reuniones binacionales del Grupo de Coordinación Bilateral en Seguridad.

En este contexto se inscribe el acuerdo migratorio alcanzado por nuestros gobiernos. Sin embargo, no podemos dejar de significar, que si bien la decisión del gobierno mexicano de desplegar casi una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional al cuidado de nuestras fronteras ha dado buenos resultados a la política migratoria de los Estados Unidos, esta ha disminuido de manera muy importante la capacidad del Estado mexicano en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.

Traduciendo mis palabras a números, 21 mil elementos de los 72 mil que son el total del personal operativo de la Guardia Nacional están concentrados en la tarea de cuidar nuestras fronteras.

Por ello considero que es momento de construir en la frontera una puerta con doble chapa, una que le permita a México seguir cumpliendo su compromiso de contener el flujo ilegal de personas y estupefacientes, y otra que dé lugar a que los Estados Unidos despliegue su capacidad operativa y tecnológica para frenar el flujo de armas. La frontera no puede ser una puerta que cierre sólo de un lado.

En prácticamente todos los eventos violentos del crimen organizado que se registran en nuestro país se encuentran involucradas las armas que proceden de los Estados Unidos. Actualmente la Browning M2 calibre .50 -una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos-, la Barret calibre 50 así como los AR15, AK47, bazucas, morteros, granadas y lanzacohetes, son ya parte del arsenal básico de la mayoría de los grupos del crimen organizado.

Un paso importante en la lucha contra estos grupos delincuenciales se logrará cuando consolidemos juntos una estrategia integral que incluya un verdadero control del tráfico de armas. Ese es el objetivo del operativo “Frozen” que inició esta misma semana y que ya se realiza en nuestros cruces fronterizos.

De ambos lados de nuestras fronteras se escuchan voces que proponen prescindir del Plan Mérida. Eliminar esta iniciativa no resuelve el problema para el que fue creada. Las redes del narcotráfico, su economía, su capacidad de violencia y su presencia a nivel mundial, se seguirán expandiendo en la medida en que no tengamos estas herramientas de cooperación.

México ha dado reiteradas muestras de colaboración con los Estados Unidos en la detención y extradición de líderes del crimen organizado. El “Chapo” Guzmán es un ejemplo emblemático de ello, sin embargo, no puedo omitir decirlo, los procesos judiciales en estos casos se han desarrollado desde una narrativa que desprestigia más a nuestro país que a las organizaciones criminales. El mismo juicio de Joaquín Guzmán es la prueba más reciente de ello.

Las y los diputados federales integrantes de partidos de oposición al gobierno, en materia de política interna hemos sido críticos objetivos del desempeño de nuestra nueva administración pública federal. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI lo seguiremos haciendo como un ejercicio que fortalece nuestra democracia.

No obstante, y sin detrimento de lo anterior y como aquí hemos dado testimonio, como representantes del Estado mexicano actuamos en consecuencia y ante la defensa de los intereses de México, mostramos una sola cara y constituimos un solo frente al lado de nuestro gobierno federal.

Hagamos de nuestra circunstancia geográfica un punto de encuentro entre nosotros y no de discordia entre nuestros países.

* Intervención del diputado federal, Héctor Yunes Landa, durante la LIV Reunión Interparlamentaria México-EU realizada en San Diego, California. Héctor Yunes es vicepresidente del Grupo de Amistad con EU y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.