La seguridad y la tranquilidad se han convertido en la mayor preocupación de las familias en México. No es casual sino resultado de que hoy vivimos el año más violento en la historia del país –antes de que concluya, podríamos estar contando más de 30 mil homicidios dolosos- y que los cárteles de México han mostrado una capacidad de fuego nunca antes vista.

En este contexto, el jueves pasado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo Montaño, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Se hizo acompañar del gabinete de seguridad nacional, como una muestra de respaldo a la estrategia que ha establecido el gobierno federal para recuperar la paz.

A nombre del grupo parlamentario del PRI y como secretario de la Comisión de Seguridad Pública, expuse el sentir del ciudadano común: la estrategia del gobierno federal carece de autocrítica, de un balance objetivo y del reconocimiento de la grave situación de inseguridad que enfrentan millones de personas en todo el país. Lo peor es que no muestra el menor ímpetu de corregirse.

Los mexicanos –y Veracruz es la mejor prueba de ello-, convivimos a diario con el luto de miles de hogares, con el drama del secuestro, la impotencia ante el feminicidio y la ansiedad por la extorsión. Actualmente, cualquier día, a cualquier hora, y casi en cualquier lugar, una persona o un grupo de personas son capaces de atentar contra la convivencia pacífica, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, manteniéndose al margen de la acción de la justicia.

Esto parece demostrar que la estrategia no es la adecuada, inclusive que las fuerzas de seguridad están superadas -como se percibe a la luz de los más recientes acontecimientos-, lo que revela la inexistencia previa de un diagnóstico completo en términos de capacidades institucionales, humanas, legales y logísticas por parte del Estado mexicano para combatir la delincuencia. El plazo de 6 meses establecido por el Presidente López Obrador para mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos ya se cumplió, pero el compromiso no.

Como partido, el PRI ha dado al Presidente todas las herramientas para devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares. Apoyamos la creación de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional así como la propuesta de presupuesto para el combate a la inseguridad, como herramientas indispensables para el desempeño de esta función.

No obstante, a pesar de la situación que viven muchas regiones del país, el gobierno federal ha propuesto recortes sensibles al presupuesto para apoyar los programas de seguridad de los municipios, desconociendo su valor como célula fundamental del Estado. Nunca he visto que un buen médico reduzca la dosis de antibióticos que aplica a su paciente cuando su infección empeora.

Lo decimos con absoluta claridad: los municipios de México deben fortalecerse, no debilitarse; requieren de apoyo, no de abandono; y quienes los representan, deben recibir atención no gases lacrimógenos.

Ante el Secretario de Seguridad, dije también que no hay una estrategia de coordinación del gobierno federal con los estados. Una prueba lamentable es lo que sucede en Veracruz; y compartí dos perlas que desnudan la falta de capacidad en el combate a la delincuencia:

En abril pasado, tras la masacre en el municipio de Minatitlán en la que asesinaron a 14 personas, el gobernador Cuitláhuac García anunció -en compañía del Presidente López Obrador- la “trancalización” de Veracruz con la entrega de 500 vaquillas. ¡Lástima que los semovientes no hayan recibido capacitación ni equipamiento! Pero eso no fue todo, hace apenas unos días, el mandatario estatal tuvo el arrojo de asegurar que gracias a su estrategia de seguridad, se habían recuperado más automóviles de los que se habían robado.

No obstante la adversa situación que vivimos en materia de seguridad, hoy más que nunca, debemos reconocer el valor, la lealtad y la disciplina de nuestras Fuerzas Armadas; un ejemplo de ello son nuestros compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRI, quienes son integrantes del más alto rango de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, almirante Juan Ortiz Guarneros y General Benito Medina Herrera.

Hoy reitero lo expresado en la más alta tribuna: nuestra disposición de seguir abonando a la pacificación del país. Los servidores públicos tenemos una obligación con los mexicanos que es combatir la inseguridad que nos agravia a todos, dando una sola cara y presentando un solo frente.

Si lo cumplimos, México sabrá reconocérnoslo, pero también, si así no lo hacemos, sabrá demandárnoslo.