Al presentar su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa denunció que dentro del gobierno existían personajes influyentes con un patente conflicto de interés. El presidente lo negó y como siempre resaltó que en su gobierno no se tolerarían actos de corrupción.
Sin embargo, las declaraciones de Urzúa se juntan con una sistemática serie de acciones gubernamentales que tienen como leitmotiv los conflictos de interés y que nos hacen cuestionarnos sobre la transparencia de este gobierno. Como es el caso del nombramiento de Yasmín Esquivel (esposa de Riobóo, contratista, amigo del presidente y encargado de las obras de Santa Lucía) como ministra de la Suprema Corte de Justicia; la adjudicación directa de la licitación para transportar gasolina durante la crisis de desabasto en enero a la empresa Excellence donde la esposa del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es accionista y donde el secretario es consejero suplente; la renta de las nuevas oficinas de la SCT a la empresa Fibra Danhos, propiedad de la familia Daniel Kabbaz quienes han sido cercanos al presidente desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. O el caso en el que el super delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, acusado de corrupción se vio obligado a renunciar a su puesto por los conflictos de interés entre el gobierno y su empresa farmacéutica; caso en el que hay que destacar que la renuncia se dio debido a la presión social y no por decisión del presidente que en muchos caso lo defendió.
En menos de un año el nuevo gobierno ha hecho del discurso de anticorrupción su bandera mientras que en sus actos ha imperado lo contrario. Recordemos que casi el 80% de los contratos que este gobierno ha celebrado se han dado sin licitaciones. Sin embargo, ante la opinión pública parece haber un voto de confianza ciego al personaje de Andrés Manuel López Obrador. Sin importar las evidencias, estudios o datos que se presenten, cada mañanera el presidente se da el lujo de burlarse de quienes lo acusan y convocar guerras en su contra. En esa lógica, la razón y decencia quedan sofocadas a lo político y el oportunismo.
En cualquier otro país, la novela de venganza protagonizada por la diputada Dolores Padierna, su sobrino El Juez Honesto, René Bejarano y Rosario Robles, sería motivo desacreditar el juicio por un obvio conflicto de interés. Pero, en la cuarta transformación, el debido proceso y el capricho son uno mismo.